Juan Manuel Moreno Bonilla ha roto el compromiso con las votantes que confiaron en su falso discurso de centrismo y moderación. Muchas mujeres andaluzas apoyaron su candidatura creyendo que representaba algo diferente a las políticas de ultraderecha. Se equivocaron.
De hecho, las últimas decisiones de la Junta de Andalucía muestran que el presidente andaluz ha preferido asegurar los apoyos parlamentarios de Vox y garantizar la estabilidad de su sillón antes que proteger los derechos, la dignidad y la seguridad de las mujeres. La moderación de la que tanto presumió durante años se ha comprobado que era absolutamente falsa. El PP ha convertido los derechos de las mujeres en una moneda de cambio para mantenerse en el poder.
El malestar político y social responde a hechos concretos. El Gobierno andaluz ha decidido entregar a la ultraderecha la gestión y supervisión de los equipos técnicos que valoran el riesgo de las víctimas de violencia machista. De forma paralela, ha nombrado por primera vez en la historia a un hombre para dirigir la sede del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en la provincia de Sevilla.
Ambas medidas suponen un retroceso directo en las políticas públicas de igualdad y quiebran la confianza en las instituciones encargadas de velar por la protección integral de las mujeres. Cuando las administraciones generan dudas sobre su compromiso con la igualdad, la confianza de las víctimas en el sistema también se resiente. ¿No se ha enterado de esto el Sr. Moreno Bonilla?
La cesión de responsabilidades a la extrema derecha en un área tan sensible como la evaluación de la violencia de género tiene consecuencias de enorme gravedad. Vox es una formación política que niega explícitamente la existencia de la violencia machista y que ha calificado de forma sistemática los recursos públicos de protección como “chiringuitos ideológicos”.
Poner en sus manos la supervisión de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género significa debilitar los criterios técnicos e independientes que necesitan los juzgados para dictar medidas cautelares y proteger a las denunciantes. Estamos ante una decisión con profundas implicaciones políticas y sociales que afecta directamente a la credibilidad de uno de los pilares de protección de las víctimas.
Las reacciones no se han hecho esperar. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido una reunión urgente a Moreno Bonilla tras advertir que la cesión de estas competencias transmite una preocupante falta de compromiso e incide negativamente en la atención especializada que requieren las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha señalado que el Ejecutivo andaluz ha asumido las tesis de la ultraderecha, demostrando que la imagen moderada del presidente era solo una estrategia electoral.
A esta cesión de competencias se suma el nombramiento de Emmanuel Toro como coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla. Se trata de la primera vez en la historia de este organismo en la provincia que un hombre es designado para ocupar la máxima responsabilidad de la sede.
Más allá del aspecto legal, la decisión transmite que la Junta de Andalucía ignora y da la espalda al valor simbólico de una institución creada por y para las mujeres, ignorando a las profesionales formadas en este campo. Señor Moreno Bonilla, ¿es que no hay una sola mujer preparada y formada para ocupar esta responsabilidad en Andalucía?
El desmantelamiento progresivo y la falta de sensibilidad en las áreas de igualdad coinciden con un contexto crítico para la comunidad. Andalucía registra cerca del 27% de los casos activos de violencia de género de toda España. Lejos de reforzar los recursos públicos, las últimas decisiones de la Junta alimentan la sensación de que estas políticas han dejado de ser una prioridad en nuestra comunidad.
Los datos de víctimas mortales confirman la gravedad del problema. En 2026 han sido asesinadas nueve mujeres en la región, una cifra que se suma a los 15 casos registrados durante 2025. Desde que comenzaron los registros oficiales en 2003, Andalucía acumula 290 feminicidios, encabezando el registro nacional.
Frente a esta realidad, las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género resultan imprescindibles. Sus profesionales -psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses- se encargan de analizar sobre el terreno el peligro real que corre cada mujer denunciante, redactan los informes de riesgo necesarios para que los jueces concedan órdenes de alejamiento y evalúan el impacto psicológico que el maltrato causa en los menores a su cargo. Condicionar el trabajo de estos equipos a acuerdos políticos pone en riesgo directo la vida y la seguridad jurídica de quienes acuden a la administración pidiendo ayuda desesperada.
La independencia técnica de estas unidades constituye una garantía esencial para que las decisiones judiciales se adopten con el máximo rigor y pensando exclusivamente en la protección de las víctimas.
La pérdida de confianza de la ciudadanía no se limita a la oposición parlamentaria. Asociaciones feministas, asociaciones de víctimas, colectivos jurídicos, sindicatos profesionales y partidos de la oposición han coincidido en señalar que Andalucía ha entrado en una fase peligrosa en la que los derechos consolidados tras décadas de lucha han pasado a ser materia de regateo presupuestario. Ese cambio de rumbo rompe además un amplio consenso institucional que durante años había situado la lucha contra la violencia machista al margen de los intereses partidistas.
Moreno Bonilla ha demostrado que su prioridad no es la seguridad de las mujeres andaluzas, sino conservar el poder a cualquier precio. Ahora debe afrontar un dilema crucial durante la presente legislatura: rectificar su sumisión absoluta a la ultraderecha o asumir que el disfraz de dirigente moderado se le ha caído definitivamente, dejando al descubierto una gestión que sacrifica los derechos de las mujeres a cambio de sillones.
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