Los más de tres millones de empleados públicos de este país, tanto funcionarios como personal laboral, se jugarán el sueldo de su nómina en las próximas elecciones. El compromiso garantizado por el Gobierno de Pedro Sánchez, acordado entre los sindicatos y el Ministerio de Óscar López para subir las retribuciones hasta un 5 %, sumando el incremento fijo y la cláusula de inflación, depende directamente del resultado de las urnas.
Una victoria del bloque conservador dejaría en el aire esta mejora económica y devolvería al sector público a una etapa de incertidumbre y congelación. La historia reciente demuestra que, cada vez que el Partido Popular llega al poder, los trabajadores del Estado pagan la cuenta. Ante un horizonte de posible pacto entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, la experiencia de recortes pasados y los constantes ataques de las derechas hacia los empleados públicos dejan claro lo que hay en juego.
El voto de todo el personal de la Administración y de sus familias no será una papeleta más, sino que será decisivo para proteger su propio bolsillo y sus condiciones de vida. El acuerdo marco negociado entre el Ejecutivo progresista y las centrales sindicales CSIF, CCOO y UGT representa un compromiso rotundo con el Estado del bienestar. Tras años de tensiones económicas globales, el Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha apostado de forma clara por recuperar el poder adquisitivo de los servidores públicos.
En los últimos días, el Ministerio ha vuelto a ratificar ante las centrales sindicales que la hoja de ruta está garantizada, fijando el compromiso de aplicar un incremento del 4,5 % a partir del 1 de enero de 2027, que rozará el 5 % al sumar el ajuste por la evolución del IPC, dando tranquilidad a millones de familias españolas. No se trata de un anuncio o de un gesto político de campaña, sino de una estrategia de país que concibe a los sanitarios, profesores, policías, bomberos y personal administrativo y laboral de todas las categorías como la inversión clave y el verdadero motor que mantiene en pie los servicios esenciales.
Sin embargo, este camino de mejoras salariales no está blindado de forma automática, ya que requiere un Gobierno que crea en el diálogo social y que esté dispuesto a priorizar y garantizar los recursos para los sueldos de quienes nos atienden cada día. Para entender el riesgo real que supone un hipotético Ejecutivo del Partido Popular junto a la extrema derecha, solo hay que recordar lo que ocurre siempre que el PP gobierna y analizar su férrea oposición a los avances sociales en el Parlamento. Si Feijóo y Abascal suman para gobernar, el sector público y el conjunto de los trabajadores se enfrentarán a tres golpes directos.
El primero de ellos será el hachazo al sueldo y la vuelta a la congelación, ya que la subida salarial negociada por el Gobierno de Sánchez pasaría de forma inmediata al cajón de los olvidos, recordando el antecedente histórico de la etapa de Mariano Rajoy, cuando el PP impuso una congelación salarial implacable a los funcionarios y al personal laboral, llegando a arrebatar la paga extraordinaria de Navidad en 2012.
El segundo golpe afectará directamente a la reducción de jornada y a los derechos laborales, como quedó evidenciado en septiembre de 2025 en el Congreso, donde 178 votos de PP, Vox, Junts y UPN frenaron, frente a 170, el proyecto de ley para reducir la jornada a 37,5 horas semanales, tumbando una medida histórica del Gobierno progresista y sumándose al recuerdo de 2012, cuando el Gobierno del PP redujo de seis a tres los días de asuntos propios y suspendió los moscosos acumulados o canosos.
El tercer golpe consistirá en el freno a la estabilidad laboral y la paralización de las ofertas de empleo público, debido a la obsesión ideológica del tándem PP-Vox por reducir el tamaño del Estado mediante la aplicación de tasas de reposición cero que provocan una sobrecarga inasumible de trabajo y abren la puerta a la privatización o externalización de servicios esenciales en sanidad, educación o dependencia.
Esta batería de recortes encaja a la perfección con el discurso público que mantienen PP y Vox. Aunque durante la campaña electoral intenten suavizar sus palabras para no ahuyentar votos, la realidad de sus argumentarios es bien conocida. Desde las filas de Vox se llega a calificar habitualmente el gasto en empleo público como “grasa” de la Administración, alimentando un mensaje de división que busca enfrentar a los trabajadores del sector privado con los del sector público.
Esta mentalidad hostil se traduce en hechos allá donde gobiernan, como en las comunidades autónomas dirigidas por la derecha y la extrema derecha, donde se frenan las contrataciones en los hospitales y colegios públicos mientras se derivan fondos hacia la gestión privada, además de la oposición sistemática en el Parlamento a las iniciativas del Gobierno de Pedro Sánchez destinadas a reducir la temporalidad, mejorar la conciliación y garantizar plazas fijas para miles de interinos y trabajadores temporales.
En las próximas elecciones, los empleados públicos, sus parejas, sus hijos y sus padres deben ser conscientes de lo que se decide al introducir la papeleta en la urna. La diferencia entre un modelo político y otro no es algo teórico, sino que se nota en la nómina de cada mes, en las horas que pasamos en el puesto de trabajo, en la estabilidad contractual y en el respeto a la función social que desempeñan.
Dejar el futuro en manos de la abstención o pensar que todos los partidos actúan igual es asumir un riesgo enorme. Las políticas impulsadas por Pedro Sánchez han demostrado que se pueden subir los sueldos, proteger los derechos, ampliar la conciliación y reducir la temporalidad mediante el diálogo con los sindicatos, frente a una alternativa de Feijóo y Abascal que representa la amenaza real de los recortes, la congelación, el veto a la jornada de treinta y siete horas y media y el menoscabo de lo público.
La subida salarial, la estabilidad laboral y la dignidad de los empleados públicos están en juego. Todos los trabajadores de la Administración tienen en sus manos la fuerza numérica para frenar esta amenaza y su voto no es solo una posición ideológica, sino un acto imprescindible de autodefensa.
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