En estos días todo el mundo sigue, en mayor o menor medida, el juicio contra el Fiscal General del Estado. En mi caso, por razones obvias. Pero por razones no menos obvias es objeto de un amplio seguimiento; no en balde es el primer juicio contra un Fiscal General del Estado en activo en nuestro país. Un verdadero hito que nunca debió suceder. Pero ahí está.

Si las previsiones no fallan, el juicio quedará visto para sentencia esta misma semana y empezará el tic tac del reloj a la espera del fallo. Por supuesto, en el sentido jurídico del término, faltaría más.

Pero, de momento, me quedo con una frase que creo que resume muy bien lo que hasta ahora hemos visto. Decía uno de los testigos, periodista de profesión, que se encontraba en un dilema moral entre desvelar sus fuentes o decir una verdad que podría inclinar la balanza a favor de un veredicto de inocencia. Después, otro colega de profesión coincidía en esa apreciación, que ambos compartían.

Tal vez el quid de la cuestión esté en algo que me dijo una buena amiga periodista, mucho antes de que empezara la vista oral. Decía que era un juicio que le preocupaba mucho, no tanto por la institución del Ministerio Fiscal, sino porque se trataba de un juicio al periodismo, de un juicio al modo de tratar y obtener las informaciones y un cuestionamiento de su profesión en general, y del periodismo de tribunales en particular.

Lo bien cierto es que, aunque en España nadie se pueda acoger a la Quinta enmienda, como ocurre en Estados Unidos -o, por lo menos, como ocurre en las películas americanas-, por más que haya quien le haría hasta ilusión, sí pueden acogerse al secreto profesional y negarse a revelar sus fuentes sin que su rol de testigo les obligue a decir verdad en este particular. Y eso no es poca cosa, porque es la argamasa que sujeta uno de los pilares del Estado de Derecho: la libertad de expresión.

Pero, con todo y con eso, el dilema moral es evidente.  Porque es la opción entre traicionar una parte consustancial del derecho fundamental a la libertad de expresión, consagrada en nuestra Constitución, o no cumplir con uno de los valores que proclama esa misma Constitución, la justicia. Esperemos que, en este precario equilibrio, acabe ganando la presunción de inocencia, otro principio constitucional ineludible, pero habrá que esperar para saberlo.

En cualquier caso, tampoco se pude olvidar que la libertad de expresión tiene otra vertiente, el derecho a la información, y no a cualquier información, sino el derecho que la ciudadanía tiene a recibir información veraz, una vertiente que últimamente no atraviesa sus mejores momentos.

No obstante, y como suele decir otra buena amiga, la verdad solo tiene un camino. Esperemos que así sea.

SUSANA GISBERT
Fiscal y escritora (@gisb_sus)