No fue un incidente menor. Fue una señal clara de hasta dónde hemos llegado. Esta semana, un falso techo se desplomó en un centro de salud de Torremolinos, dentro de un espacio donde debería haber seguridad, no riesgo; donde trabajan profesionales que sostienen el sistema con esfuerzo diario y donde acuden pacientes que no tienen alternativa. Dos adultos y un bebé tuvieron que ser atendidos en urgencias. No hubo víctimas graves, pero podría haberlas habido.
Lo más preocupante no es el derrumbe en sí, sino que ya no sorprende. Que vemos estas imágenes y dejamos de escandalizarnos, que empezamos a asumir que forma parte de lo normal. Y cuando una sociedad normaliza algo así, el problema es mucho más profundo. La sanidad pública andaluza atraviesa un deterioro evidente que ya no se puede ocultar y que tiene un responsable político claro: Juanma Moreno Bonilla.
Lo ocurrido en Torremolinos no es un caso aislado, sino el último episodio de una cadena de fallos que se repiten en toda Andalucía. Centros del Servicio Andaluz de Salud acumulan filtraciones, desprendimientos, fallos eléctricos y problemas estructurales que afectan directamente a la atención sanitaria. Durante el último año, los temporales han dejado al descubierto algo más que goteras: han evidenciado un sistema que no está preparado ni siquiera para situaciones previsibles.
Los ejemplos se acumulan y dibujan un patrón claro. El Hospital Universitario de Jerez ha sufrido filtraciones en varias ocasiones; en el Hospital Puerta del Mar, los problemas de climatización y saneamiento son recurrentes; en Málaga, tanto el Hospital Regional como el Clínico Virgen de la Victoria han sido señalados por el deterioro de sus instalaciones. En Sevilla, el Virgen del Rocío también ha registrado incidencias, mientras que en Cádiz el Hospital de Puerto Real arrastra problemas estructurales desde hace años.
En Jaén, la propia Junta ha reconocido daños en cubiertas y fachadas tras episodios de lluvia, y en la Serranía de Málaga centros como los de Ronda o Algatocín han sufrido daños importantes. El centro de salud de Alozaina se cae ha pedazos, el viernes pasado el viento arrancó una ventana, y esta semana explotó el suelo. En Osuna, las filtraciones forman parte del día a día en el hospital de La Merced. Las imágenes se repiten con demasiada frecuencia: cubos recogiendo agua, pasillos inundados, actividad suspendida y sanitarios achicando agua para poder seguir atendiendo. No es una excepción, es un patrón.
Durante mucho tiempo se ha intentado justificar esta situación hablando de falta de recursos, pero ese argumento ya no se sostiene. En 2025, una parte muy importante del presupuesto destinado a inversiones sanitarias no se ejecutó. En el tercer trimestre, el porcentaje sin gastar alcanzaba el 86%. Es decir, había dinero, pero no se utilizó cuando hacía falta.
Este dato cambia completamente el enfoque: el problema no es solo cuánto se invierte, sino cómo se gestiona. Y en este caso, la conclusión es evidente: no se ha actuado a tiempo. La falta de mantenimiento y de ejecución presupuestaria ha ido deteriorando poco a poco infraestructuras que deberían estar en condiciones óptimas.
Hay situaciones que ya no pueden explicarse por factores externos. El caso del CARE José Estrada es especialmente grave. El sindicato UGT ha denunciado condiciones impropias de un centro sanitario: ramas entrando por las ventanas, presencia de ratas en el entorno, excrementos de palomas acumulados y pavimentos en mal estado que provocan caídas. Esto no tiene que ver con temporales, tiene que ver con dejadez.
A pesar de todo, la sanidad pública sigue funcionando, pero lo hace gracias al esfuerzo de sus profesionales, no por la planificación de la administración. Son médicos, enfermeros y personal sanitario quienes sostienen el sistema cada día, muchas veces en condiciones que no deberían existir en un servicio esencial. Trabajan con recursos limitados, en instalaciones deterioradas y bajo una presión constante.
Mientras tanto, se produce otro fenómeno que avanza de forma silenciosa: el crecimiento de la sanidad privada. El deterioro del sistema público está empujando a muchos ciudadanos hacia seguros privados. Los datos lo confirman: uno de cada cuatro andaluces tiene ya un seguro médico privado y, por primera vez, se superan los dos millones de asegurados.
No es casualidad, es una consecuencia directa. Cuando la sanidad pública falla, quien puede pagar busca alternativas, y eso abre una brecha peligrosa. Porque rompe la igualdad en el acceso y convierte un derecho en un privilegio. El riesgo es claro: cuanto más se debilita lo público, más se fortalece lo privado.
Por eso, lo ocurrido en Torremolinos es mucho más que un incidente puntual. Es un símbolo. Un techo que se cae es un hecho físico, pero también una metáfora de lo que está pasando: un sistema que empieza a fallar desde dentro. La pregunta ya no es si hay problemas, sino hasta dónde pueden llegar.
Los datos están sobre la mesa, las denuncias se acumulan y las imágenes son evidentes. Y, aun así, no hay una respuesta proporcional a la gravedad del problema. Juan Manuel Moreno Bonilla no puede alegar desconocimiento. Gobernar no es solo anunciar inversiones, es ejecutarlas, mantener lo que ya existe y evitar que un centro de salud se deteriore hasta convertirse en un riesgo.
La sanidad pública no es un asunto secundario, es uno de los pilares del estado del bienestar. Cuando falla, falla todo lo demás. Y lo que está ocurriendo en Andalucía ya no se puede ocultar ni minimizar, porque los ciudadanos lo viven cada día.
Andalucía necesita un cambio. Un cambio que vuelva a situar la sanidad pública como prioridad y garantice una atención digna para todos. Y ese cambio, hoy, está en manos de la ciudadanía. Tu voto decide.