Okdiario acaba de publicar un titular en el que asegura que la Guardia Civil dice que soy “miembro de una red de acoso”. Una red de acoso integrada por gente de izquierdas, dedicados a desvelar identidades de personas por motivos ideológicos, coartándoles el derecho al anonimato que dan las redes sociales. Así que toca, otra vez, desmontar bulos.

La semana pasada, el abogado y difusor noticas falsas y mensajes de odio de extrema derecha Jesús Santorio Lorenzo (@SrLiberal) me llamó por teléfono para advertirme de que conoce muchos secretos oscuros sobre mí, entre ellos que mi nombre aparece en una investigación de la Guardia Civil. En la llamada me exigió que borrase de mi cuenta de Twitter un mensaje donde le mencionaba. Tras la conversación, fue él quien acabó eliminando más de 30.000 tuits.

Desconozco el contenido completo de ese atestado policial, aunque el cuerpo de la noticia del libelo de Eduardo Inda aclara que lo que dice realmente la Guardia Civil es “no se han encontrado indicios que relacionen directamente a Rubén con la investigación llevada a cabo”. Es decir, que su titular miente de forma tan descarada como de costumbre. Un titular fake confeccionado con la única intención de desprestigiarme, a sabiendas de que la inmensa mayoría de quienes lo lean no se tomarán la molestia de leer la información completa.

Lo que sí sé es que la denuncia que ha dado origen a esa investigación es una de las muchas que en los últimos años han interpuesto contra mí o contra personas con las que he tenido contacto distintos personajes de la extrema derecha. Ante esto, tengo que recordar que soy periodista y que el trabajo que desarrollo investigando perfiles anónimos dedicados a la difusión de discursos de odio ultraderechista en las redes sociales bebe siempre de fuentes abiertas al público y no incurre en ningún tipo de ilícito penal.

En los últimos años he investigado junto a otros periodistas y expertos en redes sociales las identidades de personas que se amparaban en el anonimato para lanzar amenazas de muerte, llamamientos a violaciones en manada y bulos extraordinariamente graves contra políticos, periodistas, jueces, sus parejas y sus hijas. Perfiles anónimos que en no pocos casos tienen decenas o cientos de miles de seguidores. Mi familia y yo estamos entre las víctimas de ese tipo de mensajes, así que algunas de esas investigaciones tenían por objeto emprender acciones judiciales contra sus autores o ayudar a otros afectados a hacerlo. Actualmente hay dos investigaciones judiciales y policiales en curso precisamente para verificar la identidad de dos de las personas que me han amenazado de muerte.

Los resultados de varios de esos trabajos de investigación los he publicado tanto en mis redes sociales como en mi libro BULOS: MANUAL DE COMBATE. Todas las investigaciones que desarrollo beben de fuentes públicas y habitualmente consulto a mis abogados antes de publicarlas.

Muchos de mis acosadores o difamadores han pretendido presentarse públicamente como víctimas de acoso por mi parte cuando he destapado sus identidades o publicado su historial delictivo. Varios de ellos incluso me han llevado a los tribunales, en varios casos acusándome de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, sin que evidentemente hayan conseguido condena alguna contra mí. Una de esas personas, que llamaba reiteradamente “puta” a mi pareja y amenazó de muerte o hizo llamamientos a asesinar a periodistas y políticos como Antonio García Ferreras, Ana Pastor, Alberto Garzón, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y a sus hijas, llegó a denunciarme por amenazas cuando saqué a la luz su nombre y apellidos. Obviamente, su denuncia fue desestimada por los tribunales.

Por cierto, a día de hoy son 13 los ultraderechistas que me han llevado a los tribunales. 13 que yo sepa. Ninguno de ellos ha logrado nunca que me condenen, ni por la vía penal ni por la vía civil. Yo he demandado y denunciado a otra larga lista. A día de hoy he ganado 30 sentencias. Y tengo 26 procedimientos judiciales abiertos contra personas y negocios de la extrema derecha. 22 de ellos emprendidos por mí. Seis por la vía penal y 16 por la civil. Los otros cuatro son procedimientos contra mí, todos civiles, por derecho al honor y de rectificación.

El informe de la Guardia Civil del que se ha hecho eco Okdiario me señala a mí porque el ultra Alberto Gonzalo de Juan, más conocido como Alberto Pugilato, denunció a un experto en redes sociales que ha ayudado a destapar muchas identidades de perfiles dedicados al acoso, las amenazas y la difamación. Esa denuncia dio lugar a que el juez ordenara requisarle su teléfono móvil. A través de su móvil descargaron sus mensajes de correo electrónico. Y entre ellos hay un cruce de correos entre él y yo. Correos donde compartimos información sobre la investigación de la identidad de la persona que se escondía tras la cuenta de Twitter @CapitanBitcoin, que ha llegado a sumar más de medio millón de seguidores.

Información, como siempre, obtenida de fuentes públicas. Incido en esto porque Jesús Santorio Lorenzo (@SrLiberal) lleva meses inventando que la persona denunciada por Pugilato, que es funcionario público, obtiene información de forma delictiva a través de una base de datos del Ministerio del Interior. Invención que también ha difundido Pugilato a través de Twitter. Invención a la que va a contestar emprendiendo acciones judiciales.

Me hubiera encantado aportar algo a la investigación sobre la identidad de Capitán Bitcoin, pero en ella no fui más que un espectador que compartí con el experto en redes denunciado por Pugilato información procedente de fuentes públicas que me había facilitado un tercero. La identidad de Capitan Bitcoin fue destapada el año pasado por Román Cuesta, que también aparece en el informe de la Guardia Civil.

¿Y a cuento de qué mi interés sobre Capitán Bitcoin, que por cierto se llama Álvaro Pau Sánchez Sendra? Pues porque más allá de que se trata de un ultra que nos ha dedicado bulos bastante zafios tanto a FACUA como a mí, ha publicado falsedades tan graves como que el juez Joaquim Bosch tiene cuentas en un paraíso fiscal. Con ello está sirviendo de altavoz a una invención que lleva años moviendo Acodap, la asociación que preside el exjuez Fernando Presencia, en prisión provisional desde 2023 por ser presuntamente el líder de una organización criminal dedicada a ganar dinero con denuncias falsas y la publicación de difamaciones.

Porque recordemos que las difamaciones, los bulos y las denuncias falsas de los que muchos somos habitualmente víctimas son un negocio que genera importantes beneficios tanto económicos como electorales a la extrema derecha.

Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.