Cuando la clase trabajadora vota a los ricos

No es que la clase trabajadora sea ignorante, ingenua o incapaz de reconocer sus propios intereses. Es que lleva décadas sometida a una maquinaria cultural, mediática y económica diseñada para que confunda sus problemas con los de quienes los provocan.

Cada vez que la ultraderecha entra en un gobierno, se repite el ritual de la sorpresa. Se buscan explicaciones rápidas: el miedo, la inmigración, la inseguridad, las redes sociales, la corrupción de la izquierda, el hartazgo. Todo eso influye. Pero no basta. La pregunta decisiva es otra: ¿cómo ha conseguido una parte de quienes viven de su salario depositar su confianza política en quienes viven de sus rentas, de su patrimonio y de la precarización ajena?

La respuesta no cabe en un tuit, pero Antonio Gramsci dejó hace casi un siglo una pista fundamental: la hegemonía cultural. El poder no se sostiene únicamente mediante las leyes, los tribunales, la policía o el dinero. Se sostiene cuando logra que su visión del mundo parezca la única sensata, natural y posible.

Y eso es exactamente lo que ha ocurrido.

La gran victoria de los poderosos

La derecha económica ha logrado instalar una idea extraordinariamente eficaz: que los intereses de los ricos son los intereses de todos. Si bajan impuestos a las grandes fortunas, nos dicen, habrá inversión. Si se reducen los derechos laborales, habrá empleo. Si se privatiza la sanidad, habrá eficiencia. Si se recorta la escuela pública, habrá libertad de elección. Si se facilita el despido, habrá dinamismo. Si se persigue a los sindicatos, habrá modernidad.

Es una estafa intelectual. Pero funciona porque se repite desde hace décadas en televisiones, tertulias, columnas, empresas, fundaciones, colegios privados, púlpitos digitales y redes sociales.

El trabajador que llega agotado a casa después de una jornada de diez horas no dispone de un gabinete de asesores, de un departamento de comunicación, ni de una cadena de medios que le explique por qué su salario no alcanza. Tiene, en cambio, una avalancha de mensajes que le señalan culpables más débiles que él: el inmigrante, la feminista, el joven que recibe una beca, la persona que cobra una ayuda, el funcionario, el ecologista, el vecino pobre que ocupa una vivienda…

Nunca el fondo de inversión. Nunca la gran empresa que aumenta beneficios mientras congela salarios. Nunca el casero que convierte el derecho a vivir en un negocio obsceno. Nunca la multinacional que esquiva impuestos. Nunca el banco rescatado con dinero público, que después desahucia familias.

La ultraderecha no inventa el malestar: lo captura, lo deforma y lo dirige contra quienes no tienen poder.

El miedo vence a la nómina

En una sociedad insegura, el miedo se convierte en moneda política. Miedo a perder el empleo, a no llegar a fin de mes, a que los hijos vivan peor, a no poder pagar el alquiler, a caer enfermo, a envejecer sin cuidados, a que el barrio se deteriore.

Pero en lugar de ofrecer seguridad material, la extrema derecha ofrece seguridad identitaria. No te promete un contrato digno, sino una bandera. No garantiza vivienda, sino enemigos. No sube salarios, pero eleva el volumen de los discursos patrióticos. No protege lo público, pero promete orden. No persigue al defraudador, pero convierte al extranjero en sospechoso.

Es una operación política de enorme cinismo: se transforma una frustración legítima en odio hacia el último de la fila. Y mientras los de abajo se enfrentan entre sí, los de arriba brindan.

Porque la guerra cultural no es un entretenimiento. Tiene consecuencias muy concretas. Cuando se impone la idea de que el problema es la inmigración y no la explotación laboral, gana quien paga sueldos miserables. Cuando se presenta el feminismo como una amenaza, gana quien se beneficia de la desigualdad. Cuando se criminaliza al pobre, gana quien especula con la vivienda. Cuando se desacredita al sindicalismo, gana quien puede despedir, subcontratar y precarizar sin resistencia.

La extrema derecha funciona como el mejor departamento de recursos humanos de las élites económicas.

La izquierda también debe mirarse

Sería cómodo atribuir toda la responsabilidad a la manipulación mediática. También sería falso. La izquierda ha cometido errores graves: ha dejado que el lenguaje político se alejara de la vida cotidiana, ha confundido a veces la superioridad moral con la persuasión y ha renunciado en demasiadas ocasiones a disputar el sentido común.

No se puede responder al malestar de quien no encuentra médico, no puede emanciparse o teme perder su empleo con un manual de consignas. Hay que hablar claro: el problema no es que haya demasiados derechos, sino que hay demasiados privilegios. El problema no es que el Estado proteja demasiado, sino que protege demasiado poco a quien trabaja y demasiado bien a quien acumula.

No basta con tener razón en los datos si la gente siente que nadie la escucha. La derecha ha aprendido a hablar de emociones, identidad y pertenencia. La izquierda no puede abandonar ese terreno. Defender la igualdad no consiste en recitar cifras: consiste en explicar que una vida digna es un derecho y señalar con nombres políticos a quienes la impiden.

La clase trabajadora no necesita sermones. Necesita organización, resultados y una esperanza que no sea decorativa.

Recuperar la pelea

La solución no será una campaña publicitaria ni un líder carismático. Requiere reconstruir poder social desde abajo.

Primero, hay que volver a colocar el salario, la vivienda, la sanidad pública, la educación, las pensiones y la jornada laboral en el centro de la conversación política. No como asuntos técnicos, sino como el núcleo de la democracia. Una persona que trabaja y sigue siendo pobre no vive en libertad.

Segundo, hay que combatir el monopolio de la narrativa reaccionaria. Eso exige medios públicos fuertes e independientes, alfabetización mediática, regulación de los grandes monopolios comunicativos y una respuesta organizada ante las redes de desinformación. La mentira no puede seguir teniendo más recursos que la verdad.

Tercero, es imprescindible fortalecer los sindicatos, las asociaciones vecinales, las cooperativas, las plataformas de vivienda y todas las estructuras que permiten a la gente comprobar que no está sola. La conciencia de clase no nace de un eslogan: nace cuando una trabajadora descubre que su problema es compartido y que, organizada, puede cambiarlo.

Cuarto, hay que acabar con la impunidad fiscal de los privilegiados. No se puede pedir paciencia a quien paga cada euro de impuestos por su nómina mientras grandes patrimonios, corporaciones y fondos especulativos encuentran puertas giratorias, ventajas fiscales y atajos legales. La justicia social empieza por que pague más quien más tiene.

Y, por último, hay que recuperar una palabra que demasiados han dejado de pronunciar por miedo a parecer radicales: conflicto. Claro que hay conflicto. Entre quien vive de su trabajo y quien convierte ese trabajo en beneficio. Entre quien necesita una casa para vivir y quien compra cien para especular. Entre quien defiende lo público y quien hace negocio con la enfermedad, la educación o la dependencia.

Negar ese conflicto no lo elimina. Solo desarma a quienes lo padecen.

La ultraderecha avanza cuando logra que el trabajador crea que su enemigo es otro trabajador. Retrocederá cuando se vuelva a decir, alto y claro, que el enemigo no está en la patera, ni en la cola del paro, ni en el bloque de al lado. Está en los consejos de administración, en los despachos que diseñan recortes y en los poderes que han convertido la desigualdad en modelo de negocio.

La batalla no es únicamente electoral. Es cultural, social y material. Y empieza por una verdad elemental: nadie que viva de su sueldo debería votar para que manden quienes viven de exprimirlo.