Con Moreno Bonilla, las cosas van mal en Andalucía y, cada día, van a peor. La espera media para acceder a la dependencia es de 587 días: la más alta de toda España. Para obtener una cita con el médico de cabecera hay que esperar más de 14 días. Las listas para una cita quirúrgica o con un especialista son interminables: hay personas que llevan más de 1.000 días esperando que les vea un especialista de varices y molestias en las piernas. A esto se suma otra cifra intolerable: hasta 36 meses de espera para que se valore el grado de discapacidad.
No hay un solo sector social que se libre de los recortes del gobierno de Moreno Bonilla. Recorta en sanidad pública, en educación pública, en universidad pública, en dependencia y también lo hace en el ámbito de la discapacidad. Solo trabaja para beneficiar el negocio privado y a los millonarios; el resto no le importa absolutamente nada.
Según un reciente informe elaborado por los sindicatos, las demoras para valorar la discapacidad en Andalucía llegan a alcanzar hasta 36 meses. Tres años. ¿Y qué provocan estos retrasos? Pues, básicamente dificultar el acceso a ayudas sociales y económicas para personas con discapacidad e, incluso, a la pensión no contributiva de invalidez. Esta no puede concederse hasta que se reconozca oficialmente un grado de discapacidad.
Estos retrasos no afectan solo a menores. Hace unas semanas, conocimos el caso de Federico, de 46 años, trasplantado de riñón desde abril de 2022, que sufre complicaciones de salud y lleva ya 27 meses para ser valorado. Hasta la fecha, ni siquiera han empezado a estudiar su expediente.
Cansado de la situación, ha consultado varias veces. La última vez, en el Centro de Valoración y Orientación, le respondieron que “en Málaga hay un plazo de demora de 30 meses desde que se presenta la solicitud hasta que llega la citación”. Así funcionan las cosas con Moreno Bonilla. Basta echar un vistazo a las redes sociales para conocer la realidad de esta situación. María Dolores, de Granada, lleva 29 meses esperando para pasar la valoración. Pregunta si hay más personas en su situación. José Luis, de Málaga, le responde que él lleva más de 30 meses. Andrés, de Sevilla, comenta que su espera es de 33 meses. Las historias se repiten. El abandono también.
A Moreno Bonilla, los andaluces con discapacidad no le importan lo más mínimo. Ha dado la espalda a las más de 700.000 personas con discapacidad reconocida que hay en Andalucía, muchas de ellas agrupadas en asociaciones y entidades dentro del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)
En los últimos meses, las entidades que conforma el CERMI, han intensificado sus movilizaciones para exigir una financiación adecuada que garantice sus derechos y su calidad de vida. Estas acciones reflejan una creciente preocupación ante la falta de respuesta por parte de la Junta de Andalucía. Desde el último trimestre de 2024, se han llevado a cabo concentraciones en las ocho capitales andaluzas, culminando con una gran manifestación el 3 de diciembre en el Palacio de San Telmo de Sevilla, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Más de 15.000 personas participaron. Las protestas se retomaron en marzo de 2025, con paros y concentraciones en las puertas de los centros de atención.
Deberíamos estar hablando de inclusión
En pleno siglo XXI deberíamos estar hablando de inclusión. Pero en Andalucía, con Moreno Bonilla, se lucha por la mera supervivencia del sector. Señor Moreno Bonilla, entérese: es intolerable que en una sociedad avanzada los cuidados de los más vulnerables dependan de rifas, carreras solidarias o ventas de mantecados organizados por las familias. Esto no es un fin de curso. Es un derecho.
Falta inversión. Falta eficacia en la gestión. Y sobran incumplimientos. Las entidades del CERMI en Andalucía reclaman una financiación justa, que permita sostener los servicios y garantizar la atención de calidad que requieren las personas con discapacidad. Denuncian que no se ha puesto en marcha medidas a largo plazo ni respuestas presupuestarias inmediatas que compensen el aumento de costes salariales, suministros o exigencias legales. Las entidades se ven obligadas a absorber estos incrementos, lo que repercute directamente en la calidad de los servicios y pone en riesgo la viabilidad de algunos centros.
El modelo de financiación que reclama el sector incluye la actualización automática de los recursos económicos según el IPC y los convenios, más inversión en infraestructuras y programas de atención directa, y garantías para mantener la sostenibilidad y la calidad de los servicios esenciales.
Moreno Bonilla prometió en 2019 que priorizaría la atención a la discapacidad. Aseguró que aumentaría las partidas para el empleo, mejoraría infraestructuras accesibles y reforzaría los servicios sociales. Todo ha sido mentira. La realidad es que el presupuesto se ha recortado un 12% desde 2021, afectando a programas tan esenciales como la atención temprana, la ayuda a domicilio o la financiación de productos de apoyo.
Se necesita más personal para los centros. Es urgente garantizar el futuro de servicios como la atención residencial, los centros de día o la atención temprana, que podrían desaparecer a corto plazo por falta de medios. Lo que reclama el sector son condiciones dignas para cuidar la salud y la vida de todos. Estas personas no pueden quedarse desamparadas, relegadas al olvido y sin el apoyo especializado que necesitan.
Frente a los recortes de Moreno Bonilla, el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 2.000 millones de euros entre 2021 y 2024 a programas de apoyo a la dependencia y fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. Estos fondos se han centrado en modernizar los servicios sociales, mejorar la dependencia y reforzar la accesibilidad en infraestructuras y tecnologías.
El sector de la discapacidad aporta una cifra importante al PIB andaluz: más de 11.000 empleos directos y 30.000 indirectos. Dejar caer este sector no solo es un drama humano. Es, también, un desastre económico que afectaría a miles de trabajadores y empresas en todo el territorio andaluz.
Es hora de que Moreno Bonilla cumpla con los andaluces. Y, muy especialmente, con los más vulnerables. Por el bien de más de 700.000 andaluces y sus familias, debe incrementar los recursos y garantizar los derechos de quienes más lo necesitan. No se trata de caridad. Se trata de justicia.