He dudado a la hora de titular esta columna y elegir entre trama, complot y confabulación para comentar la imparable subida del precio de la energía eléctrica. La conspiración viene de lejos: en 1960 se fundó en Bagdad la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), reconocida por la ONU en noviembre de 1962 y que funciona como un cártel para restringir o expandir la producción bajo el mando del principal productor, Arabia Saudí.

Sí, el reino del desierto, que no es una democracia y que infringe todos los derechos humanos, está detrás de las tramas más oscuras de los últimos 60 años en el planeta. Los otros doce países que le acompañan en la OPEP tampoco son un dechado de virtudes: Irán, Guinea Ecuatorial, Angola, Venezuela, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Nigeria, República del Congo, Argelia, Kuwait y Gabón.

También la Unión Europea tiene su pecado original. Su germen fue la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), fundada en París en julio de 1952 para regular el precio de una materia prima energética de vital importancia como el carbón y extinguida en 2002.

Lo que padecemos hoy es la consecuencia de décadas y más décadas de gobernanzas nacionales e internacionales al dictado de los intereses de las multinacionales del petróleo, el gas y las nucleares gestionados por sus miles de lobistas en Bruselas, París, Ginebra y Viena, sede también del Organismo Internacional de Energía Atómica.

El último eslabón de este conglomerado de normas que constriñen la soberanía de los países en materia energética y sabotean las nuevas legislaciones para impulsar la transición ecológica a una economía descarbonizada es el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), firmado en 1994 por medio centenar de países entre los que se cuentan los 27 de la Unión Europea. Aunque el pasado 2 de septiembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que una empresa energética europea no podía atacar a un estado por su política climática basándose en el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), este texto permite a la industria de los combustibles fósiles de países extracomunitarios desafiar la política de eliminación gradual de las energías contaminantes que realizan los Estados de la UE. 

La fijación de los precios de la energía y de los derechos de emisión de CO2 en Europa mediante procedimientos especulativos como las subastas, unido a las tramas subterráneas de Rusia, la OPEP y las multinacionales de los combustibles fósiles para boicotear la transición a las renovables de Europa y Estados Unidos han provocado el grave escenario actual. 

El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, anunció el miércoles que Bruselas estudiará las medidas adoptadas por España, vigilará el alza de los precios de la energía y señaló que de no atajarse el problema la transición ecológica y el Pacto Verde se podrían ver retrasados, algo que ni la Comisión Europea y el Parlamento Europeo desean porque sería un fracaso estratégico.

Europa ya tuvo una advertencia con la revuelta de los chalecos amarillos por la subida fiscal al gasóleo y el sentimiento social de que la transición ecológica no iba a ser justa, ni equitativa y que la iban a pagar los de siempre. 

Con los precios de los combustibles disparados y la luz por las nubes, las medidas del Gobierno de España van en la buena dirección pero deben ampliarse con la modificación de las normas que regulan el autoconsumo para que éste sea realmente eficaz y se facilite su implantación masiva.

El decreto de autoconsumo de 2019 que eliminó el impuesto al sol de 2015 del gobierno de Rajoy sigue teniendo letra pequeña a favor de las eléctricas y en contra de los usuarios. No se pueden instalar paneles solares fotovoltaicos con la misma potencia que se tiene contratada, tiene que ser la mitad, con lo que se obliga a contratar el doble de potencia para llegar a cubrir el consumo real.

Por otra parte, no se permite almacenar la energía eléctrica con acumuladores o baterías excepto en las zonas rurales aisladas que carecen de red de suministro. La energía no consumida hay que revertirla a la red y la operadora la paga a un precio menor al que te cobra por la que necesitas. No es que les falte empatía a las eléctricas con sus clientes, es que nos tienen una antipatía manifiesta e implacable.