Adiós a la neutralidad de los servicios públicos

La infiltración de la ultraderecha en los ejércitos y las policías de muchos estados es una realidad documentada y analizada desde hace años. Pero la irrupción de los partidos ultras en las democracias ha ampliado el problema al conjunto de las administraciones públicas.

La llegada a la Casa Blanca por segunda vez de Donlad Trump ha supuesto la instauración de un presidencialismo dictatorial, que ha llevado a la expulsión de miles de empleados públicos y a la persecución judicial de cargos y mandos intermedios y funcionarios a los que no considera afectos al trumpismo. El ejemplo de Trump, el de Orban en Hungría o el de Erdogan en Turquía han supuesto la quiebra de la neutralidad de las administraciones públicas de las sociedades democráticas. La Argentina de Milei es el otro ejemplo de la deriva que denunciamos.

Hasta ahora, los funcionarios que se negaban a aplicar leyes que consideraban contrarias a sus creencias se declaraban objetores al aborto o a la eutanasia, por ejemplo, y quedaban exentos de participar en esos supuestos, pero la ampliación de los negacionismos que defiende la ultraderecha en muchos frentes (vacunas, papel de la Organización Mundial de la Salud, lucha contra el calentamiento global, la Agenda 2030 y los ODS de la ONU, violencia machista, memoria histórica, etcétera) convierten su oposición política en una verdadera subversión del orden establecido. Si a eso añadimos la connivencia de amplios sectores de la judicatura con las tesis ultras nos encontramos con un panorama de demolición desde dentro de los sistemas democráticos. 

La neutralidad de la administración garantiza que cuando un ciudadano interactúa con el Estado recibe decisiones basadas en la evidencia técnica y científica disponible, no en el dogma de fe del partido gobernante.

Cuando se erosionan instituciones técnicas (como la OMS, ministerios de salud o institutos de investigación) para colocar a militantes negacionistas, el ciudadano pierde la garantía de que un medicamento, una vacuna o una directriz alimentaria es segura.

Desmantelar los departamentos de transición ecológica o ignorar las alertas de las agencias meteorológicas por "ideológicas," como ocurrió en Valencia con la dana, se traduce directamente en una peor prevención de desastres naturales (como sequías o inundaciones), afectando en primera línea a agricultores y poblaciones vulnerables que dependen de la previsión del Estado para proteger sus vidas y negocios.

Como se ha visto en Andalucía, desregular y legalizar las viviendas irregulares por la vía de la simplificación administrativa tiene consecuencias y graves, cuando al mismo tiempo se ignoran las normativas de prevención, por suponer un exceso de burocracia. 

Si la gestión cultural de ayuntamientos o regiones se utiliza para vetar libros en bibliotecas públicas, cancelar obras de teatro o resignificar de forma partidista la memoria histórica, se despoja al ciudadano del derecho a una cultura diversa y plural. 

La sustitución de conceptos técnicos avalados por la legislación (como "violencia de género") por términos difusos desmantela la red de protección de las víctimas. Las mujeres que acuden a la administración ya no encuentran un protocolo técnico de protección, sino un laberinto burocrático condicionado por prejuicios políticos.

Aplicar los acuerdos de gobierno firmados por PP y VOX en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía supone decirle adiós a la neutralidad de los servicios públicos y ésta es como el aire, sólo nos damos cuenta de su importancia cuando empieza a faltar.