Andalucía vive su año más trágico en servicios sociales. No es una interpretación política, sino una realidad que mata en silencio. Entre abril de 2025 y marzo de 2026, la gestión de la Junta de Andalucía bajo el mandato de Juanma Moreno Bonilla ha dejado un balance de 7.162 personas fallecidas mientras esperaban que se hiciera efectivo su derecho a la dependencia.
Este dato, según recientes informes del Observatorio Estatal de Dependencia y la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), marca un récord histórico negativo. De media, cada hora ha muerto un andaluz atrapado en la burocracia de la Junta.
Lo más alarmante es la falta de respuesta del sistema. Del total de fallecidos, casi el 70 % ni siquiera llegó a tener una resolución de grado. Murieron sin ser plenamente reconocidos por una administración que, pese a los constantes anuncios de “planes de choque”, mantiene una lista de espera con una demora media de 477 días.
Para entender el colapso actual, es necesario mirar atrás. La Ley de Dependencia sufrió un retroceso importante durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En ese periodo, Juanma Moreno Bonilla ocupó un cargo clave como secretario de Estado de Servicios Sociales (2012-2014). Desde esa posición, participó en decisiones que debilitaron el sistema: la eliminación de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares y recortes de hasta el 15 % en las prestaciones. Estas medidas supusieron un recorte de más de 3.000 millones de euros en toda España.
Desde su llegada a la presidencia de la Junta de Andalucía en 2019, Moreno Bonilla ha anunciado sucesivos “planes de choque”. Sin embargo, los datos no respaldan esos anuncios. La demora media para recibir una resolución sigue en 477 días, casi tres veces más que el plazo legal de 180 días y muy por encima de la media nacional.
Esta inacción administrativa tiene consecuencias directas: en Andalucía mueren, de media, 17 personas al día esperando la resolución de su expediente. La comunidad concentra más del 20% de los fallecidos en lista de espera de todo el país, una cifra que sitúa la gestión del Gobierno andaluz en el centro de las críticas.
Sindicatos y asociaciones profesionales coinciden en el diagnóstico: faltan equipos de valoración y personal administrativo. El modelo de la Junta, más orientado a la externalización que al refuerzo de los servicios públicos, destina menos recursos por persona dependiente que la media nacional. Esto condena a miles de ciudadanos a una espera que, en muchos casos, resulta fatal.
La situación en Andalucía ya no es solo un problema técnico; es una cuestión política. Cuando una persona mayor espera más de un año por una ayuda reconocida por ley, el contrato social se rompe. En dependencia, el tiempo no es neutro: marca la diferencia entre una vida digna y el abandono.
La comparación con otras comunidades evidencia la magnitud del problema. Mientras la media nacional de espera se sitúa en 340 días, en Andalucía alcanza los 477. Es un retraso muy superior y más del doble de lo que establece la ley. Uno de cada cinco dependientes que mueren esperando en España es andaluz. Otras comunidades han logrado reducir los plazos, pero Andalucía sigue atrapada en un sistema colapsado.
Detrás de cada cifra hay historias reales: hijos que dejan sus empleos para cuidar a sus padres, cónyuges que sacrifican su salud, personas mayores que viven solas esperando una ayuda que nunca llega. Familias que hacen lo que pueden mientras el sistema público falla. La dependencia no es un trámite: es la línea que separa la dignidad del abandono.
Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado la financiación estatal del sistema en los últimos años. La inversión ha alcanzado niveles históricos y, en el conjunto del país, las listas de espera han disminuido. Sin embargo, ese esfuerzo no se refleja por igual en todas las comunidades, y Andalucía es el ejemplo más claro de esa desigualdad.
En Andalucía, asociaciones, sindicatos y profesionales vuelven a coincidir: faltan recursos, falta personal y faltan medios para agilizar los expedientes. El sistema funciona como un cuello de botella permanente, un atasco estructural que empuja a miles de personas a esperar hasta que ya es demasiado tarde.
También hay un problema de modelo. La Junta destina menos recursos por persona dependiente que la media nacional y mantiene una fuerte dependencia de la externalización de servicios. Esto se traduce en menos atención directa y en condiciones laborales más precarias para quienes sostienen el sistema.
Cuidar bien exige invertir bien. Y en Andalucía no se está haciendo ni una cosa ni la otra. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿por qué un derecho tan básico no ocupa el centro de la agenda política? ¿Por qué no es prioritario cuando está en juego la vida de miles de personas?
Mientras otras regiones agilizan su gestión, Andalucía sigue instalada en la lentitud. La demora no solo reduce la calidad de vida: acelera el deterioro físico y emocional, limita la autonomía y aumenta el sufrimiento. Cada día de retraso agrava la situación.
La dependencia no es un lujo. Es uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar. Cuando no se garantiza, falla el contrato social. Cuando una persona espera más de un año para recibir una ayuda reconocida por ley, el problema deja de ser administrativo y pasa a ser político.
Cuando miles de personas mueren sin haber recibido la prestación que les corresponde, ya no hablamos de fallos técnicos, sino de decisiones políticas. Porque no actuar también es decidir. La dependencia refleja cómo tratamos a quienes más lo necesitan, cómo cuidamos a nuestros mayores y qué lugar ocupan los cuidados en nuestra sociedad.
Por eso, la situación que vive hoy Andalucía debería interpelar directamente a Moreno Bonilla. Detrás de cada expediente hay una vida que no puede esperar. Y en dependencia, el tiempo no es neutro: es vida o muerte. Cuando la ayuda llega tarde, para muchos, simplemente ya no llega.