La revolución cabía en una nómina

La democracia española suele explicarse con urnas, partidos y Constitución. Menos veces se cuenta a través de una nómina. Y, sin embargo, una parte decisiva del cambio pasó por ahí. Cuando millones de mujeres empezaron a trabajar con más autonomía legal y más presencia en el empleo, cambió algo más que el mercado laboral. Cambió la relación con la dependencia, con la casa y con la capacidad de decidir.

No fue un giro pequeño ni una simple corrección estadística. Fue una mudanza de poder. Durante mucho tiempo, el trabajo remunerado de las mujeres había estado atravesado por límites legales, tutela económica y una cultura social que reservaba la autoridad material a los hombres. La Ley 14/1975 reformó el Código Civil y el de Comercio sobre la situación jurídica de la mujer casada, y esa reforma desmontó trabas que el propio preámbulo reconocía ya como anacrónicas. Tres años después, la Constitución de 1978 fijó la igualdad ante la ley y reconoció el derecho al trabajo sin discriminación por razón de sexo. Sobre el papel parecía una cuestión jurídica. En la práctica, era otra cosa: el principio de que una mujer podía sostener su vida sin pedir permiso.

Ese cambio legal abrió una puerta, pero la transformación de verdad llegó cuando esa puerta empezó a usarse de forma masiva. En 1977, la tasa de actividad femenina en España era del 28,1%, según los datos históricos de la EPA recogidos por el INE. Es una cifra seca, pero detrás lleva un país entero. Un país en el que trabajar seguía siendo para muchas mujeres una excepción, una necesidad mal encajada o un tránsito provisional antes del matrimonio. Las décadas siguientes alteraron ese paisaje con una fuerza que a menudo se cuenta poco. Un trabajo académico sobre brechas de género en España sitúa la tasa de empleo femenino a finales de los setenta en torno al 25%-28% y la eleva hasta el 63% en torno a 2010-2013. No se trató solo de más mujeres en oficinas, fábricas, comercios y administraciones. Se trató de más mujeres con cuenta propia, con cotización, con ahorro, con margen.

Ahí está una de las claves más fértiles para contar esta historia: el empleo no fue solo una fuente de ingresos. Fue una salida material de la tutela. Cobrar un sueldo propio no garantizaba por sí mismo la igualdad, pero sí alteraba algo muy básico: quién podía decidir y desde dónde. La autonomía no siempre llega con grandes palabras. A veces llega en gestos mucho más concretos: firmar, alquilar, comprar, separarse, quedarse porque una quiere y no porque no tiene salida. La democracia, vista desde ahí, se vuelve menos abstracta y bastante más tangible. También cabe en una libreta bancaria.

Votar importó. Cobrar, también

Los datos ayudan a medir el alcance del cambio, pero se quedan cortos para explicar su temperatura. Porque lo que se movió no fue solo el empleo femenino. Se movió la conversación dentro de las casas. Se movió la relación con el matrimonio, con el consumo, con el tiempo propio y con la autoridad cotidiana. Un sueldo cambió muchas cosas a la vez: la posición de una mujer dentro del hogar, la posibilidad de discutir de otro modo, el peso de su criterio en las decisiones familiares y su capacidad para imaginar un futuro no completamente atado a otro. Hubo una revolución silenciosa ahí. No siempre salió en la foto. Pero rehízo buena parte del país.

Eso no es una exageración retórica. La socióloga Ofelia Salido subraya en un trabajo del CSIC sobre empleo femenino y desarrollo del bienestar en España que, durante la gran fase expansiva de la economía, la mitad de los nuevos empleos netos fueron ocupados por mujeres. La frase merece detenerse. No habla de una incorporación lateral ni de un ajuste secundario. Habla de una fuerza central de modernización. El empleo femenino no se sumó a una España nueva que ya estaba en marcha. Ayudó a construirla. Más renta en los hogares, más cotización, más consumo, más inversión educativa, más capacidad de planificar. Una parte de la nueva clase media española también se sostuvo sobre ese giro.

Contarlo así permite salir del tono conmemorativo y acercarse a una verdad más concreta. La democracia no se consolidó solo con elecciones libres y derechos políticos. También necesitó bases materiales. Y una de las más importantes fue que más mujeres pudieran trabajar con derechos y con autonomía jurídica. Votar importó. Pero también importó cobrar. No porque el salario resolviera de golpe la desigualdad, sino porque colocaba a millones de mujeres en una posición distinta frente al poder más cercano, el de todos los días.

Conviene, aun así, evitar la postal complaciente. La puerta de salida de la tutela no se abrió de una vez ni para todas por igual. El empleo femenino avanzó más rápido que el reparto de los cuidados, más rápido que la igualdad salarial y más rápido que el acceso a puestos de responsabilidad. La propia evolución estadística del INE muestra que el cambio fue profundo, pero no lineal ni exento de frenos. La libertad económica llegó antes que muchas otras igualdades. El sueldo propio no borró de golpe la carga doméstica ni la inercia cultural. Lo que hizo fue otra cosa, quizá más importante: volvió discutible lo que antes parecía natural. 

Por eso conviene leer esta historia también en presente. La autonomía económica que abrió el empleo no es una conquista sellada para siempre. Hoy, buena parte de esos derechos vuelve a estar en el centro de la disputa política. No se trata solo de un debate ideológico. Se trata de comprobar hasta qué punto derechos que parecían asentados siguen dependiendo de mayorías, instituciones y de la capacidad de defenderlos cuando vuelven a ser cuestionados. La democracia ensanchó la vida de millones de mujeres cuando les permitió trabajar, cobrar y decidir. También se mide hoy en si ese margen retrocede o se protege.