Antonio Benaiges llegó a la pequeña escuela de Bañuelos de Bureba, en Burgos, con una idea de la enseñanza muy distinta de la que acabaría imponiéndose en España. Utilizaba una pequeña imprenta en el aula para que sus alumnos escribieran sus propios textos, compartieran sus experiencias y aprendieran a expresarse con libertad. Había prometido a aquellos niños que, durante el verano de 1936, conocerían el mar. Ninguno de ellos lo había visto nunca. La excursión jamás llegó a celebrarse. Tras el golpe militar de julio, Benaiges fue detenido, asesinado y arrojado a una fosa común. Su escuela, basada en el pensamiento crítico y la participación del alumnado, representaba justo el modelo educativo que la dictadura quería erradicar.
La represión sobre el profesorado fue una de las primeras decisiones del nuevo régimen. Miles de maestros y maestras fueron depurados, apartados de la enseñanza, encarcelados o ejecutados por su compromiso con la escuela pública republicana o, simplemente, por ser considerados díscolos o peligrosos. Las aulas dejaron de ser un espacio para formar ciudadanos y pasaron a convertirse en un instrumento de adoctrinamiento político, moral y religioso.
Durante la dictadura franquista, la educación tenía un objetivo muy claro: formar personas obedientes al régimen. Los contenidos escolares estaban sometidos a censura, la religión católica ocupaba un lugar central en la enseñanza y los libros de texto transmitían una visión única de la historia, de España y de la sociedad. El pensamiento crítico, el debate o la diversidad de ideas apenas tenían cabida en un sistema concebido para reforzar la autoridad y la uniformidad.
Ese modelo también establecía papeles diferentes para niños y niñas. Mientras ellos eran educados para convertirse en ciudadanos y trabajadores, ellas recibían una formación orientada principalmente al hogar, la maternidad y las tareas domésticas. La educación reproducía así una determinada forma de entender la sociedad, en la que los derechos, las expectativas y las oportunidades variaban según el sexo y donde cuestionar ese orden resultaba impensable.
La necesidad del pensamiento crítico
La llegada de la democracia supuso una transformación profunda de ese modelo. La Constitución de 1978 reconoció el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, sentando las bases de un sistema educativo plural, abierto y compatible con una sociedad democrática. Las aulas dejaron de estar al servicio de una única ideología oficial para convertirse en espacios donde convivieran distintas formas de pensar y donde el conocimiento se construyera desde el respeto a los valores constitucionales y a los derechos fundamentales.
La libertad de cátedra, la autonomía universitaria, la renovación pedagógica y la progresiva ampliación del acceso a la educación permitieron que la escuela recuperara una función esencial: enseñar a comprender el mundo, no únicamente a aceptarlo. Aprender dejó de consistir en memorizar verdades incuestionables para incorporar el análisis, la reflexión y el contraste de ideas como parte del proceso educativo.
Ese cambio no significó que desaparecieran los debates sobre la educación. Al contrario. En democracia conviven modelos pedagógicos distintos, reformas legislativas, opiniones enfrentadas sobre los contenidos o el funcionamiento de las escuelas y universidades. Esa diversidad forma parte de un sistema en el que las políticas educativas pueden discutirse, modificarse y mejorarse mediante el debate público y las decisiones adoptadas por representantes elegidos democráticamente.
La historia de Antonio Benaiges recuerda que hubo un tiempo en el que enseñar a pensar podía costar la vida. También recuerda que una educación libre no consiste en transmitir una única forma de entender el mundo, sino en ofrecer a cada generación las herramientas necesarias para hacerse preguntas, contrastar la información y formar su propio criterio.
Porque las dictaduras necesitan ciudadanos obedientes. Las democracias, en cambio, necesitan ciudadanos capaces de pensar por sí mismos.
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