La polémica vuelve a sacudir a la Televisión de Galicia (TVG). El Comité Intercentros de la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia (CSAG) ha exigido la dimisión o el cese de Concepción Pombo, directora general de los medios públicos gallegos, por el tratamiento informativo de la huelga general del pasado 11 de noviembre. Los representantes de los trabajadores acusan a la Corporación de ofrecer un tratamiento "vergonzoso", alineado con el discurso del Partido Popular y dirigido a criminalizar las movilizaciones, mientras las reivindicaciones de quienes secundaron el paro quedaban relegadas.
La petición señala directamente a una dirigente cuyo nombramiento ya estuvo rodeado de controversia. Pombo fue elegida en julio de 2025 únicamente con los votos del PP, después de que una reforma legislativa impulsada por los populares permitiera sacar adelante su designación gracias a la mayoría absoluta de la formación de Alfonso Rueda en el Parlamento gallego. Un procedimiento que la oposición llegó a calificar de "dedazo" y que vuelve a cobrar protagonismo tras la contundente denuncia de los representantes sindicales.
En un comunicado difundido este jueves 12 de noviembre, el Comité Intercentros pide a Pombo que renuncie a su cargo o que el Consejo de Administración de la CSAG "inicie el procedimiento para proponer su cese". El motivo, según el órgano sindical, es haber "entregado los medios públicos de comunicación gallegos al Partido Popular que gobierna en la Xunta". Una acusación que vincula directamente con el tratamiento informativo de la huelga general, al que considera la gota que ha colmado el vaso.
Los trabajadores califican de "lamentable y vergonzosa" la cobertura realizada por los servicios informativos durante la jornada del 11N, que, según recuerdan, estuvo marcada por un elevado seguimiento y manifestaciones multitudinarias en distintas ciudades y localidades gallegas. Sin embargo, denuncian que la televisión y la radio autonómicas ofrecieron una imagen muy diferente de lo sucedido en las calles.
En concreto, el comité sostiene que "la cobertura del paro y de las multitudinarias manifestaciones" quedó reducida en TVG, Radio Galega y las redes sociales de la Corporación a "una sucesión intencionada y anecdótica de incidentes en los piquetes informativos". Según el escrito, aquella selección de contenidos perseguía un único objetivo: "criminalizar la protesta y ocultar las razones de la histórica movilización".
La denuncia va todavía más lejos al cuestionar los criterios editoriales utilizados por los responsables de los informativos. Los espacios de la televisión y la radio públicas, sostiene el Comité Intercentros, "se limitaron de manera burda e insultante a recoger una sucesión inverosímil de anécdotas" relacionadas con los incidentes en los piquetes. También acusa a la Corporación de recurrir a testimonios seleccionados "única y exclusivamente para desprestigiar el derecho de huelga y criminalizar a las personas que la secundaron".
Para los representantes sindicales, el problema no reside únicamente en las informaciones emitidas, sino también en las imágenes y testimonios que, según denuncian, quedaron fuera de la cobertura. El comunicado asegura que fue "imposible ver en la televisión pública imágenes de la magnitud histórica de las numerosas manifestaciones", así como escuchar a algunas de las personas que participaron en ellas o conocer las diferentes razones que motivaron la protesta.
De ahí que el órgano sindical considere que lo ocurrido trasciende una simple discrepancia sobre el tratamiento de una noticia. "Ayer se negó a la ciudadanía gallega el derecho a recibir información veraz sobre lo que estaba sucediendo a través de sus medios públicos de comunicación", afirma el comunicado, que responsabiliza a la dirección de la Corporación del deterioro de su función informativa.
Las críticas adquieren especial relevancia porque la huelga también afectó a la programación de los propios medios públicos gallegos. El Comité Intercentros recuerda que el seguimiento del paro tuvo una repercusión especialmente importante en TVG y Radio Galega. Durante la jornada, los representantes sindicales también cuestionaron los servicios mínimos establecidos y denunciaron la sustitución de determinados espacios por contenidos grabados.
La exigencia de responsabilidades, además, no se limita a Concepción Pombo. El comité reclama igualmente la destitución o dimisión de los responsables de los servicios informativos y de los directores y editores de esos espacios, a quienes también señala por el tratamiento ofrecido durante la huelga.
La contundencia del comunicado se entiende dentro de un conflicto que viene de lejos. Antes de convertirse en directora general, Pombo dirigió el área de Información y Documentación de la antigua CRTVG desde 2017, una etapa marcada por las denuncias de manipulación informativa formuladas por trabajadores y partidos de la oposición.
Un nombramiento marcado por la polémica
El nombramiento de Pombo tampoco estuvo exento de controversia. El PP presentó su candidatura en mayo de 2025, pero las dos primeras votaciones no reunieron las mayorías reforzadas necesarias. Finalmente, el 8 de julio de 2025, Pombo fue elegida en una tercera votación con los 39 votos del Partido Popular, después de que la nueva legislación permitiera designarla por mayoría absoluta. Ni el BNG ni el PSdeG respaldaron su elección.
La oposición interpretó aquel procedimiento como una fórmula para mantener el control político de la radiotelevisión autonómica. La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, llegó a calificar el nombramiento de "dedazo" y advirtió de que supondría "más control y más manipulación política". Por su parte, el PP defendió la experiencia profesional de Pombo y su capacidad para dirigir la nueva Corporación.
Ahora, el Comité Intercentros considera "gravísima la normalización de este secuestro de la radiotelevisión pública de todos y todas" e insta tanto a los partidos con representación parlamentaria como al Consejo de Administración de la CSAG a adoptar las medidas legales necesarias para "corregir de una vez esta peligrosa desviación de poder".
Los representantes de los trabajadores también advierten de que sus reivindicaciones continuarán después de las elecciones generales del 29 de noviembre. Según recoge el comunicado, la plataforma en defensa de los medios públicos gallegos decidirá entonces la fecha de "una nueva gran movilización en defensa de la radiotelevisión pública gallega", con la que espera implicar a la mayoría democrática de la sociedad. Una convocatoria que prolongará las protestas contra la gestión de la Corporación y que ahora incorpora una exigencia concreta: la salida de Concepción Pombo y de los responsables de los informativos por el tratamiento de la huelga general.
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