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El "topo" del ático ya ha caído: el autor de la biografía no autorizada de Ayuso destapa la purga en la Comunidad de Madrid

David Fernández confirma que la reciente dimisión de la viceconsejera de Economía es la consecuencia directa de las pesquisas para identificar a quien filtró el expediente de la compra

David Fernández en 'Malas Lenguas'. RTVE
David Fernández en 'Malas Lenguas'. RTVE

El periodista y autor de la biografía no autorizada de Isabel Díaz Ayuso, David Fernández, ha revelado las últimas y sorprendentes maniobras que rodean los escándalos del entorno de la presidenta madrileña. En primer lugar, ha desvelado el absoluto fracaso en la venta del polémico inmueble, confirmando que "la segunda subasta del ático ha vuelto a quedar desierta". La situación ha llegado a un punto de bloqueo donde "ya no habrá más pujas, así que ahora el primero que venga con 6.694.201 euros se lo queda", apuntó Fernández, deslizando con ironía si alguien en la mesa tendría "ese montante, porque hay gente que maneja cash". Sin embargo, el periodista es tajante sobre su viabilidad en el mercado: "Es imposible colocar este ático en el mercado porque, como reconocen en la propia Comunidad de Madrid, el ático está marcado, está maldito y ningún empresario va a pujar ahora por esta vivienda".

Mientras el inmueble sigue estancado, la tensión institucional ha desembocado en una auténtica cacería de filtradores. Fernández recordó que "Isabel Díaz Ayuso ya había encontrado el topo que había filtrado la información y que los compañeros del país publicaron en verano". Las pesquisas internas apuntaron claramente a un departamento: "Ese topo había salido de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda", un hallazgo que ha tenido consecuencias letales de forma inminente, ya que "hace unos días dimitió la viceconsejera de este departamento".

El periodista puso el foco en el documento clave que encendió las alarmas, recordando que "esa Consejería hizo un informe en el que decía que Planifica Madrid no había profundizado suficientemente en aspectos como la necesidad de esa operación, de esa compra". El desenlace de esta crisis es incuestionable para el autor: "Parece ser que las purgas dentro de la Comunidad de Madrid ya se han llevado a cabo y esta viceconsejera ha salido".

Este hallazgo denunciado por el periodista coincide con el reciente cese de la hasta ahora viceconsejera del departamento, María del Carmen Tejera, formalizado este mismo miércoles bajo el protocolario eufemismo de una dimisión "a petición propia". Tejera, abogada del Estado que asumió el cargo en julio de 2025, abandona el puesto tras poco más de un año enviando una aséptica carta de despedida al tejido empresarial en la que, curiosamente, omite cualquier mención o agradecimiento a su superior, la consejera Rocío Albert. Desde la Consejería guardan silencio sobre una marcha que supone la segunda dimisión en ese mismo despacho en apenas doce meses.

El segundo gran frente abierto afecta al polémico desplazamiento de la presidenta, sobre el cual existía "una denuncia en la Fiscalía del Tribunal Supremo para investigar si en ese viaje a México, que fue un viaje oficial, Ayuso podría haber cometido un delito de cohecho pasivo". La resolución ha causado auténtico estupor: "Sorpresa: la Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado esa denuncia con un argumento un poco extraño". Según desgranó Fernández, el Ministerio Público se ampara en un documento donde "describe en 15 páginas y dice que es el denunciante el que debe aportar las pruebas".

Esta exigencia judicial resulta inaudita considerando la confesión pública de los implicados: "Aunque la propia Isabel Díaz Ayuso reconoció en una rueda de prensa que la habían invitado, el propio portavoz del Gobierno de Ayuso reconoció que el viaje lo habían pagado los promotores, exige que esos documentos que la Comunidad de Madrid no facilita pues que los facilite el denunciante". Fernández remató su intervención denunciando esta flagrante inacción: "En vez de pedírselos a la Comunidad de Madrid decide archivar, aunque este delito no prescribe hasta 2031, y exige pedirlos antes de investigar".

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