Silvia Intxaurrondo no da crédito con los agujeros de la decisión del Supremo con la ley de nietos: "Tres cafés llevaba"

El pasado martes, el Tribunal Supremo paralizaba el derecho a voto de los nacionalizados con la ley de nietos. Así, aquellos que obtengan la nacional española a partir de esta, por el momento, no serán inscritos en el censo electoral. Además, la decisión del órgano judicial ha fragmentado y resignado a la Junta Electoral Central (JEC) y, finalmente, pese a que lo considera un error, ha decidido acatar el mandato. El escrito del Alto Tribunal continúa siendo analizado y, este martes, ha llegado el turno de Silvia Intxaurrondo, que ha mostrado su sorpresa con los agujeros encontrados.

"Aquí lo que ha dicho el Supremo, lo que está en su escrito, es que va a extirpar el derecho de 400.000 nacionalizados españoles -españoles como ustedes, españoles como yo- porque si entran en el censo alterarían el resultado electoral", decía la presentadora de La hora de La 1, que confesaba haberse leído el auto este fin de semana. 

"Madre mía la discusión sobre las medidas cautelares... Eso es como El sexo de los ángeles", decía, sin dar crédito. "Cuándo se aplican, cuándo no. Digo, ¿pero cuándo entrarán en el fondo del asunto? No entran. Dice 'mira, como las medidas cautelares sí, las medidas cautelares no...'. Tres cafés llevaba yo ya, entonces dicen que al final la conclusión es que introducir a estas personas en el censo provocaría un riesgo fundado de que altere el resultado electoral. Y añade: porque sería como meter en el censo a dos provincias españolas más", proseguía la comunicadora vasca. 

Por ello, Intxaurrondo subrayaba que esto "es lo que más sorprende": "Mira que estuve yo buscando las razones jurídicas a ver si las encontraba y solo encontré que estos españoles no podían votar porque alterarían el resultado electoral, que dice su presidenta que por motivos políticos el Supremo no se mueve, pero aquí el criterio jurídico no está contemplado en su escrito".

Tribunal Supremo, JEC y ley de nietos

La conocida como ley de Nietos lleva una semana ocupando titulares. El conflicto estalló el pasado 8 de septiembre, cuando el Tribunal Supremo acordó suspender cautelarmente los efectos electorales de las nacionalizaciones realizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática y dejó en suspenso las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) hasta que se acredite el vínculo con el exilio español. La decisión llegaba apenas un día después de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado se opusieran a las medidas reclamadas por Vox e Iustitia Europa, advirtiendo de que una suspensión colectiva podía privar del derecho fundamental al voto a miles de españoles.

El Supremo, sin embargo, estimó parcialmente las cautelares y puso el foco en el incremento del censo exterior, ordenando distinguir entre quienes obtuvieron la nacionalidad acreditando directamente el exilio de sus antepasados y quienes se beneficiaron de la instrucción de 2022 que presumía esa condición para quienes salieron de España entre 1936 y 1955. La medida no supone retirar la nacionalidad, pero sí introduce una barrera para ejercer el derecho al sufragio mientras se resuelve el procedimiento.

El siguiente capítulo llegó este lunes. La Junta Electoral Central decidió acatar el mandato del Supremo y activar el procedimiento para ejecutarlo, aunque lo hizo con una división inédita: siete vocales votaron en contra de recurrir el auto frente a seis que defendían hacerlo. El organismo deberá ahora trabajar con la Oficina del Censo Electoral y los registros consulares para identificar los expedientes afectados.

Todo ello sucede mientras PP y Vox presentan la decisión judicial como un freno a una supuesta “manipulación” electoral del Gobierno, mientras el Ejecutivo y sus aliados denuncian que se está poniendo bajo sospecha el voto de cientos de miles de españoles. La polémica, por tanto, ya no gira únicamente alrededor de cómo se concedió la nacionalidad: el verdadero conflicto está ahora en si puede condicionarse el ejercicio de un derecho fundamental de ciudadanos españoles en función de cómo obtuvieron esa nacionalidad.