Silvia Intxaurrondo ha alzado la voz este jueves en La hora de La 1 para expresar su rotunda indignación ante la actuación de los antidisturbios durante la jornada de huelga general del 11N. La resaca de las masivas movilizaciones por el derecho a la vivienda ha estado marcada por la viralización de numerosos vídeos que muestran la crudeza de las cargas policiales. Ante estas escenas, la presentadora de la televisión pública no ha ocultado su incredulidad y ha decidido poner sobre la mesa el protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, exigiendo máxima transparencia.
"¿Qué órdenes de cargar tenían y hacia dónde deberían dirigir la bocacha cuando disparaban?", se ha preguntado Intxaurrondo en directo, poniendo el foco directamente en la cadena de mando del Ministerio del Interior. La periodista vasca ha anticipado a su audiencia y a su mesa de debate que exigirá explicaciones inmediatas a los miembros del Ejecutivo aprovechando las entrevistas previstas en su programa matinal: "Luego vamos a tener a dos representantes del Gobierno y, por supuesto, les vamos a preguntar si efectivamente dieron a la Policía Nacional la instrucción de disparar hacia adelante o si fue el agente quien tomó la decisión".
🚨 Silvia Intxaurrondo pone sobre la mesa preguntas que alguien tiene que responder: ➖“¿Dieron a la Policía la instrucción de disparar hacia delante?” ➖“ ¿Qué instrucciones recibieron los agentes?” Y recuerda que en esas manifestaciones había menores que reclamaban su derecho a una vivienda. “Hay imágenes que son para escandalizar a familias enteras de este país”.
— Nenedenadie (@nenedenadie) November 12, 2026
"Es una praxis que no se debe hacer"
Para Intxaurrondo, la gravedad de las imágenes difundidas requiere una respuesta institucional urgente, sobre todo si la decisión de abrir fuego de forma directa y frontal se tomó a nivel individual por los propios efectivos a pie de calle. "La instrucción de disparar hacia adelante y que un policía la acate, sabiendo que esa es una praxis que no se debe hacer, me sorprende", ha remarcado con semblante muy serio, dejando claro que no piensa dejar pasar la oportunidad de fiscalizar quién dio la orden exacta de proceder con esa contundencia.
El punto más crítico y emocional de su intervención ha llegado al recordar quiénes formaban el grueso de las manifestaciones vespertinas del miércoles. Las protestas, marcadas por un fuerte carácter intergeneracional y estudiantil, contaron con una presencia masiva de adolescentes. "Hay imágenes que son para poner de verdad los pelos de punta, teniendo en cuenta que en esas manifestaciones todo el mundo conocíamos a menores que estaban manifestándose por la vivienda", ha recordado la comunicadora. Con esta reflexión, Intxaurrondo ha zanjado el debate con una conclusión tajante que apela directamente al impacto de los altercados en los hogares: "Hay imágenes que son para escandalizar a familias enteras de este país".
Unas protestas marcadas por la "violencia policial"
La indignación de la presentadora se enmarca en la fuerte polémica generada por la dureza de las cargas policiales del 11N, que ha forzado al Ministerio del Interior a tomar medidas drásticas. En la mañana de este jueves, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha anunciado la apertura de investigaciones "independientes" y específicas sobre los operativos policiales, al margen de las habituales inspecciones internas. Además, Interior ha dado la orden de prohibir "en lo sucesivo" el uso de gas lacrimógeno para disolver y controlar manifestaciones.
El balance de esta histórica jornada de huelga, en la que miles de ciudadanos salieron a las calles reclamando no tener que elegir entre comer o pagar el alquiler, arroja cifras alarmantes. Las protestas se han saldado con centenares de heridos —con contusiones, huesos rotos y fuertes irritaciones por gases que afectaron incluso a personas sin hogar que pernoctaban en la calle— y más de un centenar de detenidos en toda España. Los mayores focos de tensión y arrestos se registraron en Cataluña (50), Madrid (20) y País Vasco (13), seguidos de la Comunidad Valenciana y Andalucía.
Pese a que instituciones como la Delegación del Gobierno en Madrid o la Generalitat justificaron la dureza de los operativos alegando disturbios previos o el fin de la marcha oficial, el relato institucional ha chocado frontalmente con el rastro digital. La masiva viralización de vídeos grabados por los propios manifestantes ha documentado escenas de violencia policial injustificada, desmintiendo las versiones oficiales y evidenciando una realidad a pie de calle que ahora el Gobierno se ve obligado a investigar.
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