La "prioridad nacional" ya se ha colado en Extremadura y Aragón, y parece que pronto podría colarse en otras autonomías a través de los pactos de PP y Vox. Es más, podría ser el peaje a pagar por Feijóo para llegar a La Moncloa de la mano de Abascal. En la mañana de este jueves, Silvia Intxaurrondo ha encontrado un término para llamar a esta medida.

"Esto de la prioridad nacional fíjense no abre aulas, no levanta escuelas, no contrata médicos, no genera recursos. ¿Entonces qué hace? Cuando los recursos son los que son, en vez de que un Gobierno cree nuevas oportunidades de generar recursos dicen 'bueno, con estos recursos limitados vamos a excluir y que una parte de la ciudadanía no acceda a ellos. Se parece bastante a una cartilla de racionamiento identitaria", decía la presentadora desde La hora de La 1. 

La llamada “prioridad nacional” que Vox ha logrado introducir en el acuerdo con el Partido Popular en Extremadura y en Aragón se ha convertido en el eje de una ofensiva política que ya trasciende lo autonómico y apunta directamente al ámbito nacional. El concepto, defendido abiertamente por Santiago Abascal, implica dar preferencia a los ciudadanos españoles frente a los extranjeros en el acceso a ayudas sociales, vivienda pública y prestaciones del Estado del bienestar. Una medida que, según el propio líder de Vox, no se quedará en Extremadura: su intención es imponerla también a Alberto Núñez Feijóo en toda España.

El acuerdo firmado para investir a María Guardiola incluye esta "prioridad nacional" como uno de sus puntos clave, en una formulación que Vox ha vendido sin matices: "Habrá prioridad nacional en ayudas y vivienda”, celebró Abascal tras el pacto. En la práctica, esto se traduce en limitar el acceso de inmigrantes a determinados servicios públicos, e incluso restringirlo únicamente a casos de "urgencia vital", según las propuestas que ya se han trasladado al Congreso.

Sin embargo, esta medida choca de frente con la legislación vigente. La Ley de Extranjería, así como el marco constitucional y europeo, prohíben expresamente la discriminación por razón de nacionalidad en el acceso a servicios básicos. De hecho, el propio acuerdo entre PP y Vox recoge la intención de reformar esa ley para "acabar con la prohibición de discriminar a los inmigrantes", un planteamiento que abre un choque jurídico de gran calado. 

Mientras Vox defiende una aplicación directa de esa preferencia para españoles, el PP ha intentado matizar el concepto vinculándolo al "arraigo", es decir, al tiempo de residencia o contribución al sistema, independientemente de la nacionalidad. Pero desde la formación de Abascal rechazan esa interpretación y presionan para que la medida se aplique en su versión más dura, insistiendo en que el acuerdo extremeño es solo el punto de partida.

De hecho, Vox ya ha llevado esta "prioridad nacional" al Congreso y ha anunciado su intención de extenderla a otras comunidades como Andalucía, Aragón o Castilla y León, en una estrategia de implantación progresiva. En paralelo, Abascal ha elevado el pulso al liderazgo del PP, dejando claro que esta será una de las condiciones clave en cualquier entendimiento futuro a nivel estatal.

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