Mientras que desde el PP llena cada uno de sus argumentarios contra el Gobierno con el caso Leire, parecen olvidar lo que ocurrió en el seno de su partido con el caso Lezo, aquel en el que Enrique Arnaldo hacía de la que ahora llaman la "fontanera del PSOE" pero nunca se llegó a investigar.
Así lo recordaba el periodista Miguel Ángel Campos en la Cadena SER cuando se remontaba al año 2016, momento en el que la "UCO interceptó una conversación entre el investigado expresidente madrileño Ignacio González y otra persona".
"Estos dos hablaban de mover jueces y fiscales que no se estaban poniendo de perfil en las causas que afectaban al PP, de cambiar al fiscal general, al responsable anticorrupción, al fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Unos días después, Ignacio González habla de nuevo con esa persona, y ambos celebraron que habían conseguido esos cambios", proseguía recordando el comunicador.
Campos aseguraba que, entonces, González "agradeció a esa persona que consiguiera sus objetivos". Sin embargo, pese a estar "hablando de mover a jueces y fiscales que no gustaban, de manipular procedimientos", "jamás se investigó".
A continuación, tras recordar estos hechos, el locutor ponía sobre la mesa ell nombre de "ese fontanero que hablaba con Ignacio González". Se trata de Enrique Arnaldo, magistrado actual del Tribunal Constitucional. "Y ahí había también una conversación interceptada por la UCO de la Guardia Civil, que fue expurgada del procedimiento, y esa labor de fontanería, donde había una acción supuestamente delictiva, no se investigó", volvía a subrayar Campos.
El periodista volvía entonces al caso Leire para poder hacer una comparación con otros casos, como los más importantes que ha salpicado al PP: "Puede ser que sea cloaca, pero a priori no hay una estructura policial, no hay 70 agentes siguiendo a una persona, como sucedió en el caso de Bárcenas, no se han elaborado informes de la UDEF sin membrete para atacar a rivales políticos, como sucedió con Trías y con los independentistas, no se han fabricado causas falsas como contra Podemos, con el caso Neurona, el caso de La Niñera, la caja B de Podemos que acabaron sepultadas en los tribunales, o incluso cuando se fabricó un supuesto tráfico de drogas por parte del diputado de Podemos, Urban".
Esto de @MACamposP es lo mejor que he escuchado hoy. Debería ser obligatorio ver este vídeo pic.twitter.com/cfXfi4Lzah
— Chema Garrido (@JoseMGarrido) June 16, 2026
El caso Leire
La investigación sobre las denominadas “cloacas del PSOE”, en la que aparecen señalados supuestos movimientos atribuidos a Leire Díez y Santos Cerdán, ha abierto un nuevo foco de tensión dentro del Ministerio Público. El caso, instruido por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, continúa tratando de delimitar el alcance de una presunta trama que habría intentado influir en distintos niveles judiciales y fiscales, con derivadas que alcanzan incluso a la Fiscalía General del Estado.
Uno de los puntos centrales del procedimiento son unas anotaciones recogidas en la agenda personal de Leire Díez, donde se hace referencia a una reunión que habría tenido lugar el 19 de febrero de 2025 con responsables del máximo nivel del Ministerio Público. A partir de ahí, dos fiscales anticorrupción del conocido como “caso Leire”, Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen, han solicitado al juez que requiera información directa a la Fiscalía General del Estado sobre posibles encuentros con personas investigadas en la causa.
La petición ha generado sorpresa en el seno de la institución, dirigida actualmente por Teresa Peramato, que niega cualquier vínculo con la supuesta trama. Sin embargo, el juez Pedraz ha incorporado a la investigación la necesidad de aclarar si existieron o no esos contactos. En caso afirmativo, reclama que se informe sobre registros de visitas, fechas, horas y asistentes, en relación con nombres como el empresario Javier Pérez Dolset o los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, todos ellos imputados.
El auto del magistrado, apoyado en parte en las diligencias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, también recoge la hipótesis de posibles intentos de influencia sobre causas judiciales sensibles. Según los investigadores, la supuesta trama habría tratado de establecer contactos con jueces y fiscales para obtener ventajas procesales o condicionar procedimientos en curso.
En ese marco, la UCO apunta a la posible capacidad de Leire Díez para acceder a determinados entornos del Ministerio Público, con referencias indirectas al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
La investigación analiza además reuniones en las que habrían participado Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo con el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe. En esos encuentros se habrían planteado supuestas irregularidades atribuidas al fiscal José Grinda y críticas a su superior, Alejandro Luzón, responsable de Anticorrupción.
Según las diligencias, en una segunda reunión se habrían aportado grabaciones y documentación para respaldar esas acusaciones, aunque muchas de estas quejas ya habían sido analizadas previamente y acabaron archivadas o derivadas a otras instancias del Ministerio Público.
La causa sigue en fase de instrucción y mantiene abierto el debate sobre el alcance real de los contactos, las reuniones y las posibles actuaciones de la supuesta red ahora bajo investigación judicial.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.