Este lunes, Begoña Gómez comparecía ante el juez Peinado después de que este recibiera los escritos de las acusaciones ultras que sustentan la causa y que piden 24 años de cárcel para la mujer del presidente del Gobierno. Se trata de la conocida como audiencia preliminar, el último acto antes del enjuiciamiento si la Audiencia Provincial, la instancia que revisa las decisiones del magistrado, no lo impide. Peinado advirtió de que "se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo" de que los investigados se fuguen, pero, en el momento de publicación de este artículo, aún no se conoce qué decisión adoptará. Desde La noche en 24 horas, un magistrado vislumbró cuál puede estar siendo la estrategia del juez.
El magistrado Ignacio González Vega intervencía en el programa de Xabier Fortes para opinar sobre la reciente comparecencia de la mujer de Pedro Sánchez ante Peinado: "En principio y en lo que se refiere a las medidas cautelares ya las había anunciado en la providencia en la que se acordó citar a la señora Gómez para la audiencia preliminar", arrancaba recordando.
Por ello, el juez compartía su teoría sobre por qué Peinado no se habría pronunciado justo tras la comparecencia: "Lo que sí es llamativo es que después de haberse hecho la vistilla no se haya acordado ninguna decisión al respecto. Cabe sospechar que si hoy no ha resuelto nada, porque si no hubiera acordado ninguna medida probablemente lo comunicaría hoy, cabe esperar que si quiere demorarlo para notificarlo mañana es previsible que adopte algún tipo de medida".
🗣️ Ignacio González Vega (@iugonzvega), magistrado, sobre la decisión de tomar o no medidas cautelares en el caso Begoña Gómez: "Cabe esperar que si quiere demorarlo para notificarlo mañana, es previsible que adopte algún tipo de medida."#LaNoche24h en #Canal24horas pic.twitter.com/3EJIJ15sXF
— La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) June 15, 2026
La comparecencia de Begoña Gómez ante Peinado
La comparecencia celebrada este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla, en la que el juez Juan Carlos Peinado citaba a Begoña Gómez para comunicarle formalmente el procedimiento previo a un eventual juicio con jurado popular, ha concluido con una batería de medidas cautelares planteadas por las acusaciones populares. Entre ellas, lideradas por Hazte Oír, se ha solicitado la retirada del pasaporte de la esposa del presidente del Gobierno al considerar que existe riesgo de fuga, la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado y la prohibición de utilizar la marca de su empresa hasta que se celebre el juicio.
Según podía conocer ElPlural.com a través de fuentes presentes en la vista, Peinado no ha tomado una decisión inmediata sobre estas peticiones. La resolución deberá plasmarse en un auto que previsiblemente se conocerá este martes o en los próximos días. Durante la sesión, la defensa de Gómez, ejercida por el abogado Antonio Camacho, volvió a reclamar el archivo de la causa al entender que existe una clara "ausencia de delito". Se trata de la quinta ocasión en la que la esposa de Pedro Sánchez comparece ante el magistrado en el marco de esta investigación.
Las acusaciones populares también han reclamado idénticas medidas cautelares para Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez e igualmente investigada en el procedimiento. En cambio, no han solicitado ninguna restricción para el empresario Juan Carlos Barrabés, que abandonó la sede judicial antes de que concluyera la vista.
Por su parte, tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía mantienen posiciones coincidentes respecto al fondo del asunto. El equipo jurídico de la esposa del presidente sostiene que los hechos analizados "no son constitutivos de delito alguno" y considera además que las acusaciones están actuando con "mala fe". El Ministerio Público, en la misma línea, ha pedido el archivo de la causa y ha avanzado que solicitaría la absolución de los tres investigados si finalmente la Audiencia Provincial de Madrid concluye que debe abrirse juicio oral.
Frente a ello, las acusaciones populares mantienen intactas sus pretensiones penales. Reclaman para Begoña Gómez penas que suman hasta 24 años de prisión, mientras que para Cristina Álvarez solicitan 22 años de cárcel por una "presunta malversación" y por su supuesta condición de "cooperadora necesaria" en los delitos que atribuyen a la esposa del presidente. Respecto a Juan Carlos Barrabés, piden una condena de seis años de prisión por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
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