Una magistrada explica por qué la resolución del Supremo sobre Aldama es un “premio desorbitado”: “Se ha demostrado…”

La sentencia del Tribunal Supremo que libra de la cárcel a Víctor de Aldama ha suscitado fuertes críticas en el ámbito jurídico por la enorme desproporción de los beneficios otorgados al comisionista. En una intervención en La Hora de La 1, la magistrada Victoria Rosell ha analizado pormenorizadamente los motivos por los que este acuerdo judicial resulta incomprensible y perjudicial para la percepción ciudadana de la justicia, afirmando sin tapujos que "realmente tiene un premio un poco desorbitado".

Rosell ha argumentado esta postura basándose en varias carencias de su confesión, remarcando que "no solo se ha demostrado que algunas de las cosas que decía eran falsas", en alusión directa a las imputaciones vertidas sobre Ángel Víctor Torres, el presidente del Gobierno y un supuesto "aplazamiento de Hacienda por el que habrían pagado que ni hay pago ni hay aplazamiento".

Además, ha subrayado que la declaración no desveló grandes incógnitas, ya que "la investigación ya tenía los datos aportados sobre los pagos de 10.000 euros al mes del alquiler de la casa, el alquiler de los chalets de vacaciones y los enchufes" a la entonces pareja de Ábalos y a otra conocida del exministro.

Uno de los puntos más críticos de su análisis se ha centrado en el papel central de Aldama en la red de corrupción y en la impunidad económica de la que gozará. La magistrada ha recordado el propio criterio de las Fuerzas de Seguridad para evidenciar la gravedad de sus actos: "Recordemos que la UCO a quien situaba en el vértice de la organización criminal era a Aldama, no a Ábalos".

Pese a ocupar esa cúspide, Rosell ha denunciado que el empresario "no solo ha salido enormemente premiado sino que incluso se ha enriquecido, no tiene que devolver esas enormes comisiones de millones de euros en lo peor de la pandemia". Para ilustrar la profunda inmoralidad de los hechos, ha contrapuesto el lucro del comisionista con el esfuerzo social de aquel momento: "Cuando las mujeres de este país estaban cosiendo mascarillas con lo único que tenían, había gente enriqueciéndose al menos inmoralmente con ellas".

Esta asimetría, señala, se refleja escandalosamente en las penas impuestas por el propio delito de pertenencia a organización criminal, que "han sido a Ábalos 10 años y medio, y a Aldama un año y medio". Aunque la magistrada ha reconocido que "es verdad que la confesión en política criminal tiene que estar premiada" cuando supone una "colaboración eficaz con la justicia", ha advertido de los riesgos éticos de cruzar ciertos límites.

Rosell ha invitado a la sociedad a hacer una reflexión profunda: "Hay que pensar si merece la pena la confesión, de acuerdo, pero también si merece la pena la corrupción". Para evitar confusiones, ha querido desvincular radicalmente la figura de Aldama de la de los verdaderos alertadores, citando el caso de Ana Garrido, "que se jugó la vida y de hecho ha perdido gran parte de su patrimonio, de su trabajo, de su círculo social" y que "por haber denunciado la corrupción no se ha enriquecido".

En contraste, ha definido al comisionista como un "arrepentido que de entrada es un delincuente". Por ello, ha concluido que, si bien la ley debe contemplar beneficios por colaborar, estos nunca deben suponer la elusión total de la condena, exigiendo "en una política criminal que se considere proporcional y justa también por la ciudadanía, un castigo inferior, pero un castigo".