El catedrático de Derecho Constitucional Joaquín Urias ha cuestionado la criminalización de las personas que acampan en plazas públicas para reivindicar cambios sociales y políticos. Durante su intervención en el programa ‘Malas Lenguas’, presentado por Jesús Cintora, el jurista ha defendido que estas movilizaciones constituyen un ejercicio del derecho fundamental de reunión, recogido en el artículo 21 de la Constitución Española.
La conversación ha comenzado cuando Cintora le ha preguntado si se estaba criminalizando a los participantes en estas acampadas mediante bulos y afirmaciones que los presentan como personas que actúan al margen de la ley. La respuesta de Urias ha sido contundente: "Claro, claro. A ver, es una criminalización, pero profunda".
El catedrático ha explicado que quienes permanecen acampados en espacios públicos están ejerciendo, en su opinión, un derecho constitucional que permite ocupar lugares públicos para expresar reivindicaciones políticas o sociales.
⛺️ "Estas personas acampadas están realizando un ejercicio del artículo 21 de la Constitución, de un derecho fundamental, que consiste en ocupar espacios públicos para reivindicaciones sociales o políticas". - @jpurias, en #MalasLenguasN https://t.co/yx0U43UeZg
— Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) October 10, 2026
Urias ha precisado que el ejercicio del derecho de reunión está sujeto a determinados requisitos, entre ellos la comunicación previa y las condiciones que correspondan a cada movilización. En el caso de las acampadas, ha señalado que algunos de esos requisitos podrían no haberse cumplido, pero ha defendido que esa circunstancia no elimina automáticamente la naturaleza reivindicativa ni la protección constitucional de la protesta.
"Es un ejercicio del derecho de protesta y está amparado por la Constitución", ha afirmado. El jurista también ha aludido a decisiones judiciales relacionadas con otras concentraciones políticas para sostener que las protestas no pueden disolverse sin tener en cuenta los derechos fundamentales que están en juego.
Como ejemplo, ha recordado las concentraciones que se celebraron durante meses frente a la sede del PSOE, en las que participantes rezaban y gritaban consignas sin que, según ha señalado, se planteara su disolución en los mismos términos. Para Urias, el debate debe centrarse en el carácter político de estas ocupaciones del espacio público y en las garantías que la Constitución reconoce a quienes se movilizan.
"El derecho implica molestar a algunos"
Uno de los argumentos centrales de su intervención ha sido que las protestas pueden generar incomodidades a otras personas sin que eso suponga, por sí solo, que sean ilegítimas. "Podemos discrepar, podemos decir que no nos gusta lo que piden, que no estamos de acuerdo, sin ninguna duda. Lo que no se puede hacer es negar que están ejerciendo legítimamente su derecho", ha afirmado.
Urias ha comparado las posibles molestias derivadas de las acampadas con las que puede ocasionar el ejercicio del derecho a la huelga. Entre las consecuencias que pueden generar estas movilizaciones ha mencionado las dificultades para transitar por una plaza, el impacto estético sobre el espacio público o las posibles repercusiones sobre la actividad turística.
A su juicio, esas incomodidades forman parte de la dimensión pública de determinadas formas de protesta. "Las acciones de protesta, según la Constitución, son acciones que necesariamente necesitan una molestia social", ha argumentado, al explicar que una movilización que no alcanza visibilidad difícilmente puede conseguir sus objetivos.
El catedrático ha concluido que cuestionar las reivindicaciones de los acampados es legítimo, pero ha distinguido esa discrepancia de negarles la protección de sus derechos fundamentales. "Es un derecho fundamental", ha insistido Urias, quien ha considerado que quienes ponen en duda esa condición pueden estar discrepando, en realidad, del contenido de las reivindicaciones.
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