La decisión del juez Peinado de imputar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos relacionado con la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, ha vuelto a despertar revuelo mediático y polémica en relación a las investigaciones que el juez de Instrucción está llevando a cabo en torno a la figura de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A través de esta acción, ha fijado la citación como investigada de Gómez para el día 11 de septiembre a las 10:30 horas. Si bien, lo llamativo de esto se ha encontrado en el cambio de opinión del magistrado, pues el pasado 5 de mayo consideró que Gómez no habría cometido delito de malversación en este asunto.
Una investigación por un supuesto delito en la que se investiga el proceso de contratación de Cristina Álvarez, así como sus labores, y en la que se llegó a incluir a Félix Bolaños, ministro de Justicia, pero en la cual; sin embargo, el Tribunal Supremo ya echó para atrás la idea de Peinado de que Álvarez podría haber sido objeto de una desviación de poderes a favor de Begoña Gómez.
En el programa Más vale tarde se analizaba todo lo relacionado con este asunto y la decisión del juez Peinado. Para ello, conectaban con el también magistrado Joaquim Bosch, quien ahondaba en distintos detalles relacionados con el tipo de investigación que se está llevando a cabo, el modo de presentar las pruebas y la forma de operar del juez de Instrucción.
Según afirmaba Bosch, "aquí las cuestiones más discutibles jurídicamente sobre todo están en el encaje penal de la figura de la malversación, porque lo que dice la jurisprudencia es que, cuando hay malversación en supuestos de este tipo, con precedentes sobre el uso de empleados públicos para otro tipo de cuestiones no basta que haya una actuación puntual concreta, sino que la jurisprudencia se remite a casos en los que hay una utilización completa". De esta manera, para clarificar esta explicación, relataba que son casos en los que asesores de organismos públicos o de empresas públicas se encuentren actuando para el partido en la sede del partido o que haya alcaldes que utilicen empleados públicos para actuaciones particulares. De esta manera, subrayaba que una actuación puntual basada en hechos concretos y circunstanciales como el envío de un correo o una llamada telefónica poseen un encaje difícil en el tipo de delito de la malversación.
De hecho, tal y como afirmaba, "el propio juez instructor hace solo tres meses descartó en una resolución imputar a Begoña Gómez y a la asesora por estos hechos". Así, la propia Audiencia Provincial de Madrid no vinculó estos hechos al delito de malversación sino más bien al contexto de un posible tráfico de influencias. "Con toda probabilidad la decisión será recurrida y la Audiencia Provincial madrileña deberá volver a pronunciarse", concluía en esta primera respuesta que ofrecía la presentadora Marina Valdés.
Ante el clima existente en torno a Juan Carlos Peinado, la conductora de este espacio de actualidad social y política comentaba al magistrado que desde el Gobierno ya se habla de nuevo sobre una posible investigación prospectiva y se apuntaba a la idea de 'lawfare'. "¿Cómo se valora si un juez se está extralimitando o no?", le preguntaba.
Joaquim Bosch respondía aclarando que la idea de un 'lawfare' de tipo judicial hay que vincularla a un delito como de prevaricación, "tienen que ser resoluciones absolutamente arbitrarias sin las más mínima base a sabiendas del juez que las dicta y, para eso, se pueden ejercer las acciones pertinentes". Ante esto, relataba que es cierto que hay varias decisiones de este juez instructor que han sido recurridas y, fruto de ello, revocadas, "entre ellas también se ha planteado la imputación del propio ministro de Justicia y esta no fue admitida por el Tribunal Supremo, pero también se ha dejado sin efecto la imputación del rector de la Complutense, la investigación sobre el rescate de Air Europa o sobre el instituto de la Empresa". Así, subrayaba que hay múltiples resoluciones que han sido cuestionadas y revocadas y es, en ese ámbito, donde funciona el Estado de Derecho. "Si una decisión no se considera acorde se puede recurrir y la verá una instancia superior", concluía.