Javier Ruiz cuestiona que el sumario de Leire salga a la luz a minutos de hablar Sánchez: "¿Hay lawfare aquí?"

El periodista Javier Ruiz en Mañaneros ha planteado una incómoda sospecha sobre la gestión de los plazos en los tribunales, dejando caer que la difusión de los últimos detalles del sumario del caso Leire coincide de forma milimétrica con la intervención pública del presidente del Gobierno. El presentador estaba realizando una conexión con el periodista Chema Garrido, quien ha analizado la estrategia de la oposición en la Cámara Alta, en un momento en el que se analizaba cómo el Partido Popular ha citado a Salvador Illa a declarar en el Senado en el marco de la comisión de investigación de esta causa.

A partir de este contexto, Javier Ruiz ha ido un paso más allá y ha puesto el foco en la sorprendente sincronización de las filtraciones judiciales con los momentos de máxima exposición del jefe del Ejecutivo. El presentador ha aireado el profundo malestar que se respira ante lo que se percibe como una estrategia coordinada desde estancias oscuras. Ruiz ha explicado que "en el Gobierno se está planteando esto, se está planteando: oiga, estos son detonaciones controladas cada vez que Pedro Sánchez tiene una comparecencia".

Para sostener esta grave acusación, el comunicador ha desglosado el sospechoso retraso en la tramitación del expediente, remarcando que "el sumario debía haberse entregado el lunes, se ha retenido martes, hasta el miércoles", coincidiendo de forma exacta con la rueda de prensa presidencial. Ante este escenario de precisión, Ruiz ha lanzado una pregunta demoledora a su mesa de debate: "¿Hay lawfare aquí? ¿Hay juego sucio aquí?".

La mesa ha estallado de inmediato con dos posturas completamente irreconciliables protagonizadas por sus analistas. El colaborador Francisco Quevedo ha asumido de forma vehemente la defensa de la judicatura, rechazando cualquier tipo de intencionalidad política en el calendario de los juzgados y pidiendo respeto para los plazos administrativos. Quevedo ha recordado que "el lunes que yo recuerde ya se dijo que se tardaría como mínimo tres días en entregar" la documentación, justificando la tardanza por cuestiones meramente técnicas debido a que los funcionarios "tenían que pedir unos permisos" específicos.

Insistiendo en alejar la sombra de la sospecha, el tertuliano ha remarcado que el proceso "tiene que pasar por una serie de trámites burocráticos" inevitables antes de llegar a las partes. "Yo no creo que haya lawfare, no creo en absoluto que haya lawfare en este caso", ha zanjado con rotundidad, asegurando que esta teoría de la conspiración judicial está siendo rechazada de manera generalizada por los observadores objetivos.

Esta argumentación institucional ha encontrado una réplica en la intervención de María José Landaburu, quien ha arremetido con dureza contra la supuesta infalibilidad del sistema penal y policial de nuestro país. Landaburu ha afeado la ingenuidad de quienes pretenden cerrar los ojos ante las dinámicas de desgaste, señalando que "por repetir más veces 'hay que confiar en la justicia', 'la justicia todo va bien' y 'estos seres de luz todos', no se convierte en realidad". Inmediatamente después, la analista ha subrayado que los ciudadanos no recuperarán la confianza si no se es capaz de examinar "las muchas cosas que no van bien", denunciando además que estas disfunciones apuntan "siempre en la misma dirección" política.

Su crítica se ha extendido también a la ligereza con la que se elaboran ciertos documentos de la policía judicial, advirtiendo de que "ampararse en que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tampoco sirve porque hay informes que se producen como churros, por cierto incluyendo barbaridades que se desacreditan al día siguiente", en clara alusión a las polémicas informaciones patrimoniales erróneas, concluyendo con amargura que, a pesar del daño causado, "no pasa nada. Y nos tenemos que callar".