Gabriel Rufián vaticina que Begoña Gómez será condenada: "Absolutamente es lawfare"

El caso Begoña Gómez sigue poniendo de relieve las estridencias del juez Peinado. El magistrado obliga ahora a la mujer del presidente del Gobierno a ir a recoger su pasaporte; todo ellos días después de conocerse que la Audiencia confirmaba el juicio por jurado. En las últimas horas, José Yélamo ha entrevistado a Gabriel Rufián, al que le ha preguntado sobre este próximo juicio y el de ERC ha lanzado un claro vaticinio: será condenada.

El presentador de laSexta Xplica le preguntaba al político catalán sobre si existe lawfare en distintos casos que rodean al PSOE actualmente. Sobre el caso Plus Ultra, por el que Zapatero está siendo investigado, decía: "Hay cosas que no puedo explicar. ¿Que le tienen ganas? ¿Que es un activo electoral? Sí. ¿Que hay una frontera que quizás no supo delimitar entre lobismo o tráfico de influencias? También".

Sobre José Luis Ábalos, afirmaba que es "mangazo de primero", ya que, en sus palabras, "son más años que le metieron a Miguel Carcaño": "¿Les tienen ganas? Sí. ¿Tienen pecado? También. ¿Exagerado? Le metieron nueve años de tren a algunos de mis compañeros por un referéndum", contestaba, asegurando que "los jueces, cuando te tienen ganas, siempre se exageran".

El catalán también calificaba de "primero de mangazo lo de Santos Cerdán" y, así, llegaban hasta Begoña Gómez. "¿Es lawfare?", planteaba la misma pregunta Yélamo. "Absolutamente, indudablemente", respondía Rufián.

"¿Sabe usted que la va a juzgar un jurado popular? El porcentaje de sentencias condenatorias es arrollador", le decía el presentador. El político de ERC compartía entonces su vaticinio, del que se mostraba plenamente convencido: "Será condenada. Y la mejor noticia que tiene el PSOE actualmente es Peinado. Y la peor noticia que tiene la derecha de este país es Peinado. Mientras Peinado siga siendo Peinado, el PSOE podrá parapetarse en muchas cosas".

Begoña Gómez será juzada por un jurado popular

La Audiencia Provincial de Madrid avalaba que la esposa del presidente del Gobierno sea juzgada por un jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, al respaldar la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral por estos dos delitos y descartar el resto de acusaciones que habían formado parte de la investigación, como las de corrupción en los negocios y apropiación indebida.

La resolución supuso un nuevo revés para la estrategia de defensa de Gómez, que sostiene que la instrucción carece de fundamento y que recurrirá las decisiones adoptadas durante el procedimiento. Con este paso, será un tribunal del jurado el encargado de determinar si existieron responsabilidades penales en relación con las gestiones investigadas por el magistrado, un proceso que continuará después de más de dos años de una investigación marcada por los recursos, las discrepancias entre las partes y una intensa batalla política. 

Desde el Gobierno no tardaron en llegar las reacciones. El ministro de Transportes, Óscar Puente, volvió a cuestionar el momento en el que se conoció la resolución y deslizó que resulta llamativa la coincidencia temporal con otros acontecimientos políticos y judiciales, ironizando con que "son todo casualidades". En la misma línea, desde el entorno de Moncloa se insiste en que el procedimiento responde a una persecución política y judicial contra el presidente del Gobierno y su familia, una tesis que el PSOE viene defendiendo desde el inicio del caso.

Esa posición ya había sido expresada en anteriores ocasiones por los socialistas. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, denunció recientemente el "daño demoledor" que, a su juicio, determinadas actuaciones judiciales están provocando sobre la Justicia y reiteró que "al Gobierno se llega con votos, no con atajos", insistiendo en que el Ejecutivo mantiene su confianza en la inocencia de Begoña Gómez. 

El procedimiento judicial llega, además, después de que la propia Audiencia Provincial acotara el alcance de la investigación. El tribunal respaldó que el juicio se limite a los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, dejando fuera otros ilícitos inicialmente investigados por el juez Peinado. Esa decisión redujo de forma significativa el objeto de la causa, aunque no evitó que el magistrado acordara continuar el procedimiento hasta la celebración del juicio oral.