Ernesto Ekaizer ha puesto bajo la lupa los 242.000 euros que la sociedad editora de OkDiario pagó al despacho de Leticia de la Hoz, exabogada de Koldo García. En una columna publicada este sábado en El Periódico, el periodista plantea las posibles consecuencias fiscales y judiciales de estos desembolsos, documentados como gastos de defensa del antiguo asesor de José Luis Ábalos. Una explicación que choca con la versión de Eduardo Inda, quien sostiene que el dinero correspondía a un acuerdo para producir una docuserie y escribir un libro. Ekaizer se pregunta si la empresa pudo beneficiarse de alguna deducción fiscal y si la operación podría tener relación con las responsabilidades económicas derivadas de la condena impuesta a Koldo por el Tribunal Supremo.
El análisis parte de dos facturas abonadas por Dos Mil Palabras, la sociedad editora de OkDiario, al despacho IDBO Consultants, donde trabajaba De la Hoz. La primera, fechada el 27 de noviembre de 2025, asciende a 181.500 euros, IVA incluido. La segunda, del 23 de enero de 2026, alcanza los 60.500 euros. Ambas recogen como concepto los honorarios y gastos correspondientes al asesoramiento jurídico de Koldo García.
La propia abogada aportó las facturas y sus justificantes bancarios al juez Santiago Pedraz, que investiga el denominado caso Leire Díez en la Audiencia Nacional. Con estos documentos pretendía acreditar que el PSOE no había financiado la defensa del exasesor ministerial. Posteriormente, ante un nuevo requerimiento del magistrado, confirmó que Dos Mil Palabras había sido la única sociedad que había abonado sus honorarios.
Sin embargo, Inda ha defendido una explicación diferente sobre el origen de los pagos. Según el director de OkDiario, el dinero respondía a un acuerdo comercial con Koldo García para explotar sus derechos y desarrollar un libro y una docuserie. El periódico llegó a publicar fragmentos del supuesto contrato para respaldar esta versión.
Ekaizer cuestiona precisamente la formalización de ese acuerdo. Según recoge en su columna, Leticia de la Hoz sostiene que el contrato y los documentos vinculados a la operación nunca llegaron a firmarse. El periodista señala que Inda no ha mostrado una copia íntegra firmada que permita comprobar su existencia en los términos que defiende.
El papel de Hacienda
La primera cuestión que plantea el periodista tiene que ver con el tratamiento tributario de los 242.000 euros. Ekaizer se pregunta si Dos Mil Palabras se dedujo fiscalmente el dinero abonado al despacho de De la Hoz y bajo qué concepto lo habría registrado.
La distinción entre ambas versiones resulta relevante. Si los desembolsos correspondían realmente a los honorarios de la defensa de Koldo García, sería necesario determinar si la sociedad editora podía justificar esos gastos como propios de su actividad. En cambio, si respondían a la adquisición de derechos para un proyecto editorial y audiovisual, como sostiene Inda, su tratamiento fiscal podría ser diferente.
El periodista también considera necesario conocer cómo declaró la operación IDBO Consultants, el despacho que recibió las transferencias. La documentación acredita los pagos y el concepto que figura en las facturas, pero no permite determinar cómo se contabilizaron ni si la editora se aplicó alguna deducción.
Ekaizer señala que la Agencia Tributaria podría comprobar estas circunstancias para establecer cuál fue la naturaleza de la operación y su tratamiento fiscal. No afirma que exista un fraude tributario acreditado ni que Hacienda haya abierto una investigación específica sobre los desembolsos.
Posibles consecuencias ante el Tribunal Supremo
La segunda cuestión que aborda Ekaizer afecta a las responsabilidades económicas derivadas de la condena de Koldo García. El Tribunal Supremo comenzó el pasado 4 de noviembre la ejecución de la sentencia del caso mascarillas, por la que fueron condenados el exasesor, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama.
En este contexto, el periodista plantea si la forma en que se articularon los pagos podría haber contribuido a dificultar el cumplimiento de las responsabilidades civiles de Koldo. La hipótesis parte de la diferencia entre lo que reflejan las facturas, emitidas por servicios jurídicos, y la explicación ofrecida por Inda sobre un supuesto contrato comercial.
Ekaizer recoge la opinión de una fuente que considera procedente que el juez Pedraz valore remitir la documentación al Supremo para examinar si existen indicios de un posible delito de frustración de la ejecución. Esta figura penal contempla determinadas actuaciones destinadas a impedir o dificultar el cumplimiento de obligaciones económicas, incluidas las responsabilidades civiles derivadas de una condena.
La posibilidad planteada por el periodista no constituye, sin embargo, una conclusión judicial. Los pagos se efectuaron antes de que el Supremo dictara sentencia en junio de 2026 y las transferencias conocidas se realizaron directamente al despacho de abogados. La documentación disponible tampoco acredita que existieran movimientos patrimoniales destinados a ocultar bienes o impedir el cumplimiento de las obligaciones económicas del exasesor.
Por el momento, no consta que Pedraz haya acordado trasladar esas facturas al Supremo para investigar una posible frustración de la ejecución ni que exista una imputación por estos hechos.
La salida de Leticia de la Hoz de la defensa de Koldo
La columna también se detiene en las circunstancias que rodean la renuncia de Leticia de la Hoz a continuar representando a Koldo García. Según la reconstrucción de Ekaizer, la decisión llegó después de que el exasesor cambiara su posición y comenzara a enfrentarse públicamente al Partido Popular.
La abogada comunicó su renuncia por "razones profesionales", cuyo contenido, según el escrito presentado ante la Audiencia Nacional, queda protegido por el secreto profesional. De la Hoz mantiene, no obstante, la representación de Patricia, esposa de Koldo, y de Joseba García, hermano del exasesor.
Ekaizer también relata un episodio de presunta intimidación sufrido por la letrada. Según la información que atribuye a fuentes consultadas por El Periódico, De la Hoz habría sido seguida hasta un hotel de Madrid por una persona identificada como escolta de Eduardo Inda. Allí, según su relato, el hombre le mostró en un teléfono móvil la cabecera de OkDiario mientras le tomaba fotografías.
La abogada acudió posteriormente a una comisaría de Chamberí para denunciar lo sucedido, según recoge el periodista. Los agentes le habrían ofrecido protección, aunque no consta que finalmente la aceptara. El episodio no ha podido comprobarse de manera independiente.
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