Durante una campaña electoral, los candidatos de los distintos partidos políticos aparecen prácticamente a diario en los informativos de televisión. Sus mítines, declaraciones y propuestas forman parte de las crónicas que las cadenas dedican a la actualidad política. Sin embargo, no todas las formaciones disponen del mismo tiempo en pantalla ni tienen que aparecer necesariamente todos los días. En las televisiones públicas, la cobertura de los actos de campaña está sujeta a un sistema de reparto regulado por la legislación electoral y supervisado por la Junta Electoral competente.
Los bloques electorales de los Telediarios de la televisión pública, RTVE, se organizan tomando como referencia los resultados de las últimas elecciones equivalentes, en este caso las generales de julio de 2023. Estos resultados permiten establecer la proporción de tiempo informativo que corresponde a cada candidatura durante los quince días oficiales de campaña, aunque su aplicación no exige que todos los partidos aparezcan en cada emisión.
Las diferencias pueden ser considerables. Según los porcentajes difundidos por la Corporación para esta campaña, a la formación con mayor peso en el reparto le corresponde el 38,96% del tiempo dedicado a los bloques electorales, mientras que la situada en el extremo inferior dispone del 0,30%. Si se trasladaran esos porcentajes a una crónica de dos minutos, la primera contaría con aproximadamente 47 segundos y la segunda con menos de uno. Se trata de un ejemplo ilustrativo, ya que el reparto no tiene que reproducirse exactamente en cada pieza informativa.
Esto explica por qué algunos partidos aparecen en determinados Telediarios y otros no. La normativa no exige que todas las candidaturas tengan presencia en cada informativo, sino que el conjunto de la cobertura respete los criterios de proporcionalidad establecidos. De esta manera, una formación puede quedar fuera de la crónica de una jornada y aparecer en emisiones posteriores, de acuerdo con la distribución prevista para el periodo electoral.
La regulación tiene su origen en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece que los medios de comunicación de titularidad pública deben respetar los principios de pluralismo político y social, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa durante los periodos electorales. La ley recoge estas obligaciones generales, mientras que la Junta Electoral Central desarrolla los criterios para aplicarlas a la cobertura de las campañas.
Una de las principales referencias es la Instrucción 4/2011 de la Junta Electoral Central (JEC), que regula la aplicación de estos principios en los planes de cobertura informativa. Para distribuir el tiempo dedicado a los partidos se tienen en cuenta los resultados de las últimas elecciones equivalentes, aunque la normativa también contempla situaciones específicas para las candidaturas que no concurrieron anteriormente o que no consiguieron representación.
El procedimiento comienza antes del inicio de la campaña. Los responsables de los medios públicos elaboran un plan de cobertura electoral y lo remiten a la Junta Electoral competente. En este documento se recogen los criterios que seguirán los informativos para dar cuenta de la actividad de los partidos, así como las previsiones relativas a entrevistas, debates y otros programas especiales.
La Junta Electoral examina estos planes y supervisa su adecuación a la normativa. Las formaciones políticas pueden presentar reclamaciones si consideran que los criterios establecidos no respetan los principios legales. Durante la campaña, también pueden recurrir determinadas actuaciones informativas cuando entiendan que se ha producido algún incumplimiento.
Esto no significa que la Junta Electoral decida qué declaraciones deben aparecer en un Telediario o qué imágenes tienen que utilizar los periodistas. La selección y elaboración de las noticias corresponde a los profesionales y responsables editoriales de cada cadena. Su trabajo, no obstante, debe ajustarse a las reglas de proporcionalidad y neutralidad que rigen la cobertura electoral de los medios públicos.
El reparto tampoco funciona de la misma manera para todas las candidaturas. La normativa contempla la figura del grupo político significativo, aplicable a determinadas formaciones que, sin haber obtenido representación en las últimas elecciones equivalentes, hayan conseguido al menos un 5% de los votos válidos en procesos electorales posteriores celebrados dentro del ámbito territorial correspondiente. Estos partidos pueden recibir cobertura informativa, aunque su presencia no puede igualar ni superar la de las candidaturas que sí obtuvieron representación en las anteriores elecciones equivalentes.
También existen diferencias entre las televisiones públicas y las privadas. Las primeras están sometidas a planes de cobertura electoral y a exigencias específicas de proporcionalidad. Las cadenas privadas, por su parte, deben respetar los principios de pluralismo e igualdad y observar los de proporcionalidad y neutralidad informativa en su cobertura electoral, aunque disponen de un régimen de organización diferente al de los medios públicos.
Los debates televisados tienen igualmente sus propias reglas. Las cadenas pueden decidir qué encuentros electorales organizan y a qué candidatos invitan, pero deben respetar las garantías establecidas por la legislación. En el caso de las televisiones públicas, cuando se celebra un cara a cara entre las dos candidaturas más votadas en las anteriores elecciones equivalentes, la cobertura debe contemplar otros debates o una información compensatoria suficiente para las demás fuerzas que obtuvieron representación. De esta manera, la organización de los grandes encuentros electorales también forma parte de una planificación informativa que debe garantizar la presencia de las distintas candidaturas durante la campaña.
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