El caso del ático de lujo sigue estrechando el cerco sobre la Puerta del Sol, y esta vez las revelaciones más comprometedoras llegan desde el entorno cercano a la presidenta. El periodista David Fernández, autor de la biografía no autorizada de Isabel Díaz Ayuso, ha desvelado en el programa Malas Lenguas Noche la arquitectura contable que habría diseñado el Gobierno de la Comunidad de Madrid para ocultar la polémica compra del inmueble hasta pasado el ciclo electoral.

El papel de Planifica Madrid y los meses "gratis"

Según ha detallado el periodista, la clave de la operación se esconde en el complejo entramado creado para que la compra no dejara rastro en las cuentas públicas de forma inmediata. Tras la adquisición del ático, el Ejecutivo autonómico recurrió a Planifica Madrid, una empresa pública que Fernández ha tachado de "opaca", para que fuera esta entidad la que se lo alquilara de vuelta a la propia Comunidad de Madrid.

El chanchullo contable, según la explicación del biógrafo, reside en los tiempos estipulados en ese contrato de arrendamiento. Aunque el acuerdo se firmaría mucho antes, se estableció que el alquiler no comenzaría formalmente hasta agosto de 2026. Sin embargo, para evitar dejar rastro, se pactó que los primeros 15 meses de ese alquiler fueran totalmente gratuitos. "¿Por qué? Para que el pago de ese alquiler no apareciera en la contabilidad de la Comunidad de Madrid por primera vez hasta noviembre del 2027, tras las elecciones de mayo del 27", explicó el periodista, desgranando una maniobra destinada a invisibilizar el gasto millonario durante la campaña electoral.

Un tope de 315.000 euros para eludir al Consejo de Gobierno

La estrategia de ocultación no se habría limitado únicamente a retrasar el impacto en las cuentas. Fernández también ha señalado que la operación se diseñó para sortear los mecanismos de control internos. La ley exige que cualquier compromiso de gasto superior a los 500.000 euros deba ser aprobado por el Consejo de Gobierno, presidido por la propia Díaz Ayuso.

Para esquivar este trámite, el alquiler fijado entre Planifica Madrid y la Comunidad se habría cerrado por un importe inferior a ese umbral, concretamente 315.000 euros. De este modo, la operación no tendría que pasar por la mesa del Consejo y, por consiguiente, evitaría generar documentación comprometedora. "Para que no llegue a ese margen de 500.000 euros y no haya que dar información de él y quede reflejado en un acta", sentenció el periodista.

Guerra soterrada y temor por la mayoría absoluta

Las filtraciones que han permitido destapar este entramado provienen, según Fernández, de los propios muros de la administración regional. El periodista aseguró en el programa que existe una profunda división interna, señalando directamente a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda como el epicentro de las filtraciones. "El equipo de Ayuso ya sabe, ya es consciente, de que el topo lo tiene en esa consejería y hay un cierto disgusto en ese departamento, hay una especie de guerra soterrada", apuntó.

Ese malestar interno no se limita únicamente a los despachos de las consejerías. Fernández reveló que la preocupación se extiende a un sector amplio del Partido Popular, tanto en Madrid como en la sede nacional de Génova. El temor entre las filas populares es que la escalada del escándalo termine dinamitando sus perspectivas electorales. "Creen que la evolución en los juzgados de este caso le puede costar la mayoría absoluta a Isabel Díaz Ayuso", concluyó el biógrafo, advirtiendo sobre el impacto político de una trama que ya amenaza con pasar de los platós a los tribunales.

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