El asalto del PP a Telemadrid llega a la Asamblea con la votación acelerada de una nueva Carta Básica

Semana clave para el futuro de Telemadrid. Tras las reuniones de los sindicatos con la oposición contra la situación de la radiotelevisión pública madrileña y la comparecencia parlamentaria del director general de RTVM, José Antonio Sánchez, la Asamblea de Madrid afronta este jueves una votación acelerada llamada a marcar el rumbo del ente durante los próximos años. El Partido Popular (PP) busca sacar adelante una nueva Carta Básica para Radio Televisión Madrid en una tramitación que el resto de grupos políticos ha denunciado haberse hecho a sus espaldas y que, además, interpretan como un nuevo paso en el proceso de control político de la cadena pública.

La comisión de control a Telemadrid y la comparecencia de su director general fue la antesala de lo que ocurrirá este jueves en el pleno de la Asamblea. PSOE-M, Más Madrid o incluso Vox reprocharon a Sánchez en distintas ocasiones la maniobra llevada a cabo con la que se quiere que sea cuanto antes la nueva Carta Básica de RTVM. Los diferentes representantes denunciaron que la propuesta aterriza de forma repentina, sin voluntad de acuerdo con la oposición y con escaso margen para poder presentar enmiendas.

Horacio Díez, portavoz del PSOE en la Comisión de Telemadrid, denuncia que "la nueva Carta Básica de Telemadrid rompe con el espíritu de consenso que dio origen al texto de 2017" ya que "se ha elaborado sin diálogo con la oposición y sin contar con los trabajadores de la casa".

Bajo este telón de fondo llegará a la Asamblea, organismo en el que será debatida. Cada grupo parlamentario dispondrá de 15 minutos para fijar posición antes de la primera votación, que requiere que 90 diputados (dos tercios) aprieten el botón verde. Todo apunta a que deberá llevarse a cabo una segunda votación, en la que el PP cuenta con una mayoría suficiente para su aprobación.

"El PP demuestra, una vez más, que entienden Telemadrid como una simple productora al servicio de la Puerta del Sol, un altavoz del gobierno regional y un ariete para cargar contra la izquierda", asevera Pablo Padilla, portavoz de Más Madrid en la Comisión de Telemadrid, en lo que a la utilización de la televisión pública por parte del Gobierno de Ayuso se refiere.

La nueva Carta Básica es el documento que fija los principios generales, objetivos y líneas estratégicas que debe seguir RTVM durante los próximos años. Aunque el texto que se vota este jueves no entraría en vigor hasta noviembre de 2026, cuando expira la Carta actualmente vigente, el PP ha decidido acelerar su tramitación en la recta final del actual periodo de sesiones parlamentario. Una decisión que ha alimentado las sospechas de la oposición, que considera que no existe ninguna razón objetiva que justifique la urgencia del procedimiento.

"El Gobierno de Ayuso no solo no obliga a Telemadrid a que cumpla con lo que indica la Carta Básica, ahora se la cambian para que, más a su medida, puedan seguir su senda de falta de servicio público, seguidismo al poder regional y favores a medios y productoras afines", asegura Díez sobre las intenciones que hay tras esta propuesta. 

La reforma ha abierto un profundo choque político por el modelo de radiotelevisión pública que configura. La oposición denuncia que el nuevo texto supone un giro hacia una mayor concentración de poder en los órganos de dirección del ente y una reducción de los espacios de participación interna y control profesional. En concreto, advierten de que la reforma refuerza el papel de la Dirección General, el Consejo de Administración y los contratos-programa, al tiempo que debilita o elimina mecanismos internos de supervisión y participación.

Entre ellos, señalan la desaparición del Consejo de Redacción, Oficina de Participación del Espectador y Radioyente, y el Consejo Asesor como actor relevante en la elaboración y seguimiento de la Carta e instrumentos específicos de garantía profesional. Estos órganos, según la Ley 8/2015 de Radio Televisión Madrid, están diseñados para garantizar el cumplimiento de los principios de "objetividad, pluralidad, transparencia y servicio a los madrileños", con el Consejo de Redacción integrado por profesionales de los servicios informativos y el Consejo Asesor como órgano consultivo y de participación ciudadana.

Las objeciones no se limitan a los mecanismos de control interno o a la concentración de poder en la cúpula, sino que también cuestionan la redefinición de algunos de los principios de igualdad y no discriminación recogidos. Según exponen, el nuevo texto sustituye referencias específicas a colectivos como mujeres, personas LGTBI, población gitana, inmigrantes, personas mayores o personas con discapacidad por enunciados más genéricos, lo que reduce la concreción de los compromisos de servicio público. "La nueva Carta Básica borra de un plumazo el compromiso de RTVM en la lucha contra la violencia machista, la LGTBIfobia, el racismo o la aporofobia", expone Padilla. 

Sobre el conjunto de las modificaciones introducidas en la propuesta que se votará este jueves, el portavoz del PSOE-M en la Comisión del ente de radiotelevisión sostiene que "el texto mantiene declaraciones de principios, pero elimina o debilita órganos de participación y de control profesional" y que "menos contrapesos significa una radiotelevisión pública menos transparente y que no va a servir a la ciudadanía sino al Gobierno del PP". En resumen, Díez asegura que los populares proponen una Carta "con menos participación, menos controles y menos garantías para la independencia de Telemadrid".

El grueso de la oposición sostiene que estos cambios no pueden analizarse de forma aislada, sino en el contexto de las reformas impulsadas por el Gobierno regional sobre Telemadrid durante los últimos años. En concreto, Díez no titubea al decir que "con cada reforma legal, el Gobierno de Ayuso obtiene más control sobre Telemadrid": "Más control ha significado peor gestión, menos servicio público, externalizaciones, precarización del empleo y, por último, la pérdida de audiencia y de prestigio de un medio que debería servir a la ciudadanía madrileña y no al poder regional".