Cuatro meses después de las elecciones, PP y Vox han llegado a un acuerdo en Extremadura. Para poder ser investida como presidenta extremeña, María Guardiola ha decidido pasar "por el aro" de los deseos de Abascal, pese a asegurar que no lo haría, y han anticipado una persecución de migrantes si llegan a La Moncloa. Este "pacto ilegal" ya ha sido debatido y cuestionado desde los diferentes platós de televisión, como el de Espejo Público. Desde allí, Afra Blanco estallaba en directo. 

"El acuerdo de PP y Vox en Extremadura vulnera, como mínimo, 7 artículos de la Constitución y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, eh, seguir celebrando que hay acuerdo. Aunque implique restricciones sanitarias, ataque a la protección integral de los menores y atente contra la dignidad de las personas", escribía la sindicalista en su cuenta de X -anterior Twitter- recuperando el corte.

En el vídeo, Blanco no podía ocultar su enfado ante el acuerdo entre PP y Vox en tierras extremeñas: "Ambos tienen que estar contentos de ser peores organizaciones porque yo no sé dónde están los constitucionalistas que salían hace unos años. Esas voces que decían que los acuerdos estaban reventando los artículos de nuestra constitución". La tertuliana denunciaba que el acuerdo va contra la protección integral de los menores: "Hasta 7 artículos de la constitución y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Felicidades PP y Vox, hombre. Van a discriminir por origen, por nacionalidad y encima se van a petar la protección integral de los menores".

"Ojo, otra cosa es que estemos ante papel mojado, ante una farsa más. Entonces vamos a normalizar que estamos ante una farsa más escrita y de puñetera vergüenza, que nos convierte en peores seres humanos. Que ya ni siquiera protegemos a los menores eh, a los niños y niñas. Ya no voy a hablar de las ayudas, de la vivienda, voy a hablar de los menores. Oye, felicidades, aplaudámoslos", sentenciaba, visiblemente enfadada.

Las cesiones del PP a Vox

El pacto sellado entre PP y Vox en Extremadura evidencia hasta qué punto María Guardiola ha asumido el marco ideológico de la ultraderecha tras meses de negociación. El acuerdo, de 23 páginas y 59 medidas, no solo abre la puerta a Vox en el Gobierno autonómico -con una Vicepresidencia y consejerías clave como Familia, Agricultura y Servicios Sociales-, sino que incorpora buena parte de sus postulados más duros. Entre ellos, destaca la adopción del principio de "prioridad nacional", que atraviesa distintas políticas públicas y que se traduce en priorizar el acceso a vivienda protegida, ayudas y prestaciones en función del arraigo, estableciendo de facto diferencias entre ciudadanos.

Uno de los ámbitos donde más evidente resulta esta cesión es el de la inmigración. El PP asume el discurso de Vox al comprometerse a rechazar el reparto de menores extranjeros no acompañados, utilizando incluso el término "menas" en el propio texto. Además, plantea retirar subvenciones a ONG que, a su juicio, "favorezcan la inmigración ilegal" y adopta medidas de corte claramente ideológico como la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos o la eliminación del programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí. Todo ello configura una política abiertamente restrictiva y alineada con la agenda ultraderechista.

Las cesiones también alcanzan el terreno de la memoria democrática. Bajo el paraguas de la "concordia", el acuerdo incluye la protección como Bien de Interés Cultural de la cruz de los Caídos de Cáceres, un monumento franquista, asumiendo así una de las batallas simbólicas de Vox y desoyendo las reivindicaciones de las asociaciones memorialistas. En paralelo, el texto incorpora rebajas fiscales y un enfoque neoliberal en el llamado "gasto improductivo", con recortes de hasta el 50% en subvenciones a sindicatos y organizaciones sociales, así como una reducción de la cooperación internacional.

El documento también refleja el alineamiento con Vox en materia energética y agraria, con la defensa de la continuidad de la central nuclear de Almaraz, el rechazo a políticas vinculadas al Pacto Verde europeo y la crítica a la Agenda 2030. En conjunto, el acuerdo no solo garantiza la investidura de Guardiola, sino que consolida la entrada de la ultraderecha en el Ejecutivo extremeño a cambio de imponer su agenda política en ámbitos clave, desde la inmigración hasta la memoria, pasando por la fiscalidad o los servicios públicos.

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