La advertencia de Joaquín Urías sobre el juez Peinado en 'Malas Lenguas Noche': "El juez quiere entrometerse..."

La imposición de medidas cautelares a Begoña Gómez por parte del juez Juan Carlos Peinado ha desatado un auténtico terremoto institucional. Más allá de la retirada del pasaporte o la obligación de comparecer quincenalmente, el argumento esgrimido por el magistrado, sugiriendo que los policías que la escoltan podrían facilitar su fuga, ha provocado la indignación del Ministerio del Interior y ha llevado a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial a plantear la apertura de un expediente disciplinario.

En este clima de tensión, donde la defensa también denuncia indefensión por no haber sido notificada, el jurista Joaquín Urías ha explicado en Malas Lenguas Noche las anomalías de esta resolución. Durante su intervención, confesó su estupor ante una instrucción que califica abiertamente de "proceso inquisitorial en el que cuando un delito no aparecía pues se investigaba a otro, es decir, se ha estado hurgando hasta que se ha encontrado otro delito".

El analista cuestionó duramente la forma de proceder del juzgado y tildó las últimas restricciones de maniobra mediática. Para Urías, "las medidas cautelares adoptadas yo creo que son un fuego artificial, una forma de llamar la atención que yo creo que está fuera de lugar". Uno de los puntos más controvertidos del auto es precisamente la alusión a los escoltas policiales como posibles encubridores de una huida, un planteamiento que el jurista considera "una frase torpe, excesivamente torpe".

⭕️ Peinado afirma que ser la esposa del presidente del Gobierno es una condición efímera.

💥 "Las medidas adoptadas son un fuego artificial, una forma de llamar la atención. Nadie piensa que Begoña pueda escaparse", comenta @jpurias, jurista, en #MalasLenguasN pic.twitter.com/tzd0o9kUcT

— Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) June 20, 2026

Además, desmontó la viabilidad de esa hipótesis argumentando que "nadie piensa que sea realmente posible que la mujer del presidente del gobierno se escape a un país fuera de la zona Schengen además para el que necesita pasaporte". Para ilustrar lo absurdo del pretexto esgrimido por el juez, añadió que una fuga de semejante calibre "sería la caída del presidente del gobierno, eso no es una posibilidad real".

Por todo ello, el experto sostiene que la prohibición de salir de España esconde otros propósitos y que habría bastado con medidas menos lesivas, como acudir a firmar al juzgado. "Tengo la impresión de que esto es una intromisión en los poderes del ejecutivo. Lo que quiere es entrometerse en la agenda internacional de Pedro Sánchez", sentenció con firmeza.

Según su análisis, el objetivo práctico de la retirada del pasaporte es que, a partir de ahora, "cuando inviten a Pedro Sánchez a algún lugar, aunque lo inviten con su mujer, él va a tener que ir en solitario". Con esto, advierte, se busca trasladar incesantemente "una sensación a la opinión pública de que está involucrado él y su familia en algo delictivo". Urías zanjó su intervención concluyendo que el magistrado ha cruzado una línea roja al tomar una decisión "innecesaria, desproporcionada, inconstitucional en ese sentido, y que afecta contra el buen nombre del gobierno e invade sus competencias".

A pesar de la contundencia de sus críticas frente a lo que considera una clara invasión de competencias, el experto prefirió mantener cierta cautela al valorar las verdaderas motivaciones del magistrado instructor. Urías aclaró durante su exposición que no se puede "entrar en juicio de intenciones" y concedió, al menos formalmente, el beneficio de la duda al señalar: "Yo quiero pensar que lo hace buscando la justicia, no me atrevo a decir que lo haga con una finalidad política".

No obstante, insistió en que el daño a la imagen institucional ya está hecho y que el impacto de estas decisiones trascenderá lo estrictamente procesal para convertirse en un arma de desgaste evidente. Sobre este punto, el jurista vaticinó que las consecuencias de la retirada del documento de viaje se materializarán rápidamente en forma de estigma mediático, advirtiendo de que "vamos a ver muy pronto imágenes del presidente del gobierno en una cena oficial donde no puede ir acompañado de su mujer y se va a utilizar políticamente para su propio descrédito". Un escenario que, según reitera, se podría haber evitado si el juez se hubiera limitado a ordenar la firma quincenal, una opción mucho más garantista y acorde a la jurisprudencia constitucional.