El abogado que planta cara al Gobierno de Ayuso explica la maniobra de la Comunidad al comprar el ático a través de Planifica Madrid

El escándalo del ático vinculado a Isabel Díaz Ayuso no deja de crecer y este martes, La Hora de La 1 ha entrevistado a Javier Flores, el abogado que ha presentado una denuncia como particular ante el Tribunal de Cuentas por las irregularidades en la adquisición del inmueble. En su charla con Silvia Intxaurrondo, el letrado ha desgranado los pormenores de una operación diseñada, según sus palabras, para eludir la vigilancia administrativa.

El abogado ha comenzado poniendo el foco en el "quién", ya que el inmueble no fue adquirido directamente por la Comunidad de Madrid, sino por "una empresa pública de la Comunidad de Madrid cuya finalidad no es la adquisición de este tipo de inmuebles". Flores ha explicado que la compra a través de esta entidad, Planifica Madrid, no es una casualidad.

Si la operación se hubiera realizado "por la vía ordinaria", habría correspondido a la Dirección General de Patrimonio. Este cauce oficial habría requerido "un expediente administrativo que se habría conocido, que habría sido público y que habría pasado una serie de controles".

Entre ellos, un informe de necesidad para justificar el uso de las oficinas, un análisis comparativo entre comprar o alquilar y, lo más importante, una dotación presupuestaria al tratarse de una operación que supera "los tres millones de euros". Al canalizarse a través de la empresa pública, la Comunidad de Madrid logró eludir toda esta burocracia, ya que Planifica Madrid no está sujeta "a las mismas obligaciones de derecho administrativo, sino que está sujeta mayormente a derecho civil y mercantil".

El segundo punto clave de la denuncia reside en el objeto social de la empresa compradora. Flores ha recalcado que la función de Planifica Madrid es "hacer inversiones regionales", citando ejemplos como "construir centros de mayores, parques de bomberos, mataderos en los pueblos". Por lo tanto, el abogado sostiene tajantemente que "no tienen entre su objeto la adquisición, es decir, no es una inmobiliaria, por decirlo claramente".

Sin embargo, el argumento más demoledor del abogado ha sido el baile de fechas, que desmonta por completo la coartada oficial esgrimida por el Ejecutivo madrileño. La Comunidad de Madrid ha justificado reiteradamente que la compra del ático era urgente para "instalar unas oficinas de modo temporal mientras se realizaban unas obras en la sede de la Casa de Correos en la Puerta del Sol". No obstante, la documentación aportada por Flores demuestra que esto es imposible: "En el momento en que se compró esa vivienda en abril, no existían documentalmente esas obras, de hecho, el expediente de las obras se inicia prácticamente siete semanas después".

A este baile de fechas se suma un obstáculo de carácter puramente legal que hace aún más incomprensible la operación. Flores ha revelado durante la entrevista que el inmueble adquirido "no permite por su uso urbanístico instalar ahí una oficina ni nada que se le parezca". Además, el abogado ha reprochado que, en un procedimiento transparente, la administración habría presentado un estudio con diferentes tasaciones y alternativas para decidir a la vista de todos "cuál es la más razonable" para las arcas públicas. Algo que, según el denunciante, brilla por su ausencia para sostener esta maniobra: "¿A lo mejor la más razonable era adquirir por seis millones de euros unas oficinas para 18 meses? No lo sé, pero lo habrían justificado documentalmente, algo que hoy no existe".

El abogado subraya lo inverosímil de la cronología, ya que la supuesta urgencia que justificó la compra por la vía rápida se sustentó en un informe redactado "unos días después de que se haga pública" la noticia en los medios de comunicación y meses después de la transacción inicial. "Las obras no estaban ni siquiera pensadas en ningún documento en el momento de la compra", ha sentenciado.

Para Flores, si la Comunidad hubiera actuado de buena fe, la Dirección General de Patrimonio habría elaborado "un informe que se llama de necesidad, y ese informe señalaría, por delante, 'tenemos que hacer unas obras que van a durar, no lo sé, 18 meses, y durante esos 18 meses necesitamos reubicar a 150 funcionarios'". Nada de esto ocurrió, dejando una estela de dudas que ahora deberá resolver la justicia.