Cuando se habla de emprendimiento en España, casi siempre aparecen las mismas palabras: ronda de financiación, capital riesgo, escalar... Sin embargo, hay otro modelo de empresa que rara vez ocupa titulares y que mueve cifras nada desdeñables. Son cooperativas, empresas de inserción, sociedades laborales o fundaciones con actividad económica, entre otros tipos de proyectos. Se agrupan bajo un nombre que suena a asignatura para suspender en la universidad —economía social— pero que en la práctica da empleo, según datos del propio Ministerio de Trabajo y Economía Social, a más de 2,5 millones de personas en España.

Así que, si estás pensando en emprender, quizá te debas plantear optar por este modelo. Está claro que funciona para mucha gente y te puede ayudar a lanzar tu proyecto desde una perspectiva diferente a la de una empresa “tradicional”.

España fue el primer país del mundo en aprobar una ley de economía social

Nuestro país fue el primero del mundo en aprobar una ley de economía social y en considerarlo como una prioridad de inversión. No solo eso, también la incluye en sus 9 políticas palanca de la agenda 2030.

La economía social supone más del 10% del PIB español

Los números que rara vez se cuentan

El sector de la economía social en España es más importante de lo que parece. Según los datos que maneja el Ministerio de Trabajo y Economía Social, aglutina a más de 43.000 entidades —cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo, mutualidades, fundaciones con actividad económica— que en conjunto representan más del 10% del producto interior bruto español.

Las cifras sitúan a este modelo empresarial en una escala comparable a sectores industriales enteros, pese a que rara vez comparte espacio mediático con las noticias sobre startups tecnológicas o rondas de capital riesgo. Entre los casos de éxito más conocidos está, por ejemplo, la Corporación Mondragón, con sede en Gipuzkoa. Este grupo cooperativo, considerado el mayor del mundo, es una prueba de que este modelo de empresa puede alcanzar una escala industrial y una proyección internacional muy considerables sin renunciar a su estructura cooperativa de propiedad.

Qué distingue realmente a una empresa de economía social

La diferencia de fondo con una empresa convencional no está en el sector de actividad —la economía social opera prácticamente en todos los sectores económicos, desde la industria hasta los servicios sociales—, sino en la estructura de propiedad y gobernanza. En una cooperativa, por ejemplo, la propiedad y el control recaen sobre las personas socias trabajadoras, no sobre inversores externos, y las decisiones suelen regirse por principios democráticos de un socio, un voto, con independencia del capital aportado.

Esa estructura afecta directamente a la operativa y la gestión. Un fondo de capital riesgo que invierte en una startup convencional espera, casi siempre, una salida a medio plazo —una venta, una salida a bolsa— que le permita recuperar su inversión con una rentabilidad determinada. Una cooperativa, en cambio, no está diseñada para ser vendida. De hecho, su continuidad y su arraigo en el territorio forman parte de su propia definición legal, lo que explica en parte por qué este modelo tiende a generar empleo más estable y menos deslocalizable que otras formas empresariales. Pero no todo el monte es orégano, claro. Esta forma de organizarse y de comprometerse genera límites a la hora de captar grandes volúmenes de capital externo para crecer rápido.

Un modelo con límites, no una panacea

Como sucede con casi todo, tampoco conviene idealizar este modelo. La economía social no está exenta de los mismos retos que enfrenta cualquier empresa —competencia, digitalización, relevo generacional—. Y su propia estructura de gobernanza democrática, que es una fortaleza en términos de estabilidad y arraigo territorial, puede en ocasiones ralentizar la toma de decisiones frente a competidores con estructuras de mando más verticales. Tampoco todas las cooperativas alcanzan la escala y proyección internacional de una Corporación Mondragón; la inmensa mayoría de las 43.000 entidades del sector son pymes con un ámbito de actuación local.

Según la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), sus características principales son la “primacía de la persona y del fin social sobre el capital, que se concreta en una gestión democrática y participativa, transparente y autónoma”.

Pero no solo las decisiones se toman en función de las personas. También los resultados se aplican “en función del trabajo aportado o servicios prestados y no en relación con el capital”. Además, uno de sus pilares es la “solidaridad interna” y “la inserción de personas en riesgo de exclusión social”.

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