La elección de la sede de la final del Mundial de 2030 se ha convertido en uno de los principales focos de tensión entre España y Marruecos, los dos países que, junto a Portugal, organizarán la mayor parte del torneo. Aunque la FIFA todavía no ha anunciado qué estadio acogerá el último partido de la competición, las aspiraciones de Casablanca han ganado fuerza en las últimas semanas y han abierto un debate sobre el papel que desempeñará España en el campeonato.

Marruecos prepara el futuro estadio Hassan II, situado cerca de Casablanca y diseñado para albergar alrededor de 115.000 espectadores. Su capacidad, superior a la de los principales estadios españoles, constituye uno de los grandes argumentos de la candidatura marroquí. España, por su parte, confía en que la final pueda disputarse en el Santiago Bernabéu, mientras que el renovado Camp Nou también aspira a entrar en la carrera.

La controversia ha aumentado después de que el diario británico The Times publicara que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, podría haber ofrecido la final a Marruecos en un momento especialmente delicado para su futuro político. Según esa información, el supuesto movimiento estaría relacionado con la necesidad de Infantino de conservar el respaldo de las federaciones africanas de cara a las próximas elecciones presidenciales del organismo.

La FIFA ha negado rotundamente esta versión y la ha calificado de falsa y engañosa. La federación marroquí también ha rechazado que exista un acuerdo, mientras que la Real Federación Española de Fútbol asegura que no tiene constancia de que la sede de la final haya sido decidida. Por el momento, por tanto, no existe ninguna confirmación oficial de que Casablanca vaya a albergar el partido ni de que su posible elección responda a una negociación política.

Sin embargo, la posibilidad de que la final se dispute fuera de España ha reabierto la discusión sobre las condiciones en las que el país aceptó participar en la organización del Mundial. España contará previsiblemente con numerosas sedes, recibirá partidos de gran relevancia y asumirá una parte importante de los costes organizativos y de las inversiones necesarias. Para algunos, renunciar al torneo por no albergar la final sería una decisión desproporcionada que perjudicaría a las ciudades anfitrionas, a los aficionados y a la economía española.

Otros consideran, en cambio, que España no debería aceptar un papel secundario en una candidatura que inicialmente lideraba y en la que aporta una parte esencial de las infraestructuras, la experiencia organizativa y el atractivo deportivo. Desde esta perspectiva, que Marruecos se quedara con el partido más importante podría interpretarse como una pérdida de peso institucional, especialmente si existieran dudas sobre la transparencia del proceso.

La cuestión no afecta únicamente a la rivalidad entre estadios o países. También plantea hasta qué punto España debería mantener su participación si considera que la elección de la final no responde exclusivamente a criterios deportivos, técnicos y organizativos.

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