La gestión de Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid aún continúa dando coletazos y una de sus decisiones podría costar ahora a los madrileños hasta 220 millones de euros. Isabel Díaz Ayuso se encuentra negociando en estos momentos con Goldman Sachs, fondo buitre que se benefició en 2013 de la venta de 3.000 viviendas sociales que estaban en propiedad del antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). En su interior se encontraban miles de familias vulnerables que, una vez abandonadas por el discípulo de Esperanza Aguirre, fueron perseguidas por la compañía.
Más de seis años después, el Tribunal Supremo cerraba el proceso judicial que llevaba abierto más de un año y fallaba en favor de la nulidad de la venta que había declarado el Juzgado del Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid. Por aquel entonces, el fondo de inversión ya se había desecho de la mitad de las viviendas, en favor de terceros compradores, pero la Justicia obligaba a la devolución de los 1.721 inmuebles que aún estaban en su propiedad, no sin una indemnización millonaria a cambio.
Llegados a este punto, el Gobierno del Partito Popular (PP) en Madrid y Encasa Cibeles, participada por el fondo buitre y Azora, empezaron a chocar. El Ejecutivo de Ayuso ofrecía 107,7 millones de euros en materia de indemnización, mientras Goldman Sachs reclamaba 198,3 millones de euros. Como respuesta, la empresa reclamó en junio de 2022 a los tribunales y elevó la cuantía deseada a los 220,3 millones. Desde entonces, ambas partes se encuentran negociando para evitar que la cifra la fije un Tribunal.
Estudiaremos si procede volver a llevarles a los tribunales
La suspensión de 60 días interpuesta por Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 de Madrid para dar espacio a la negociación ha finalizado, pero el proceso sigue aún detenido. ElDiario.es adelantaba este sábado que desde el equipo de Ayuso se encuentran buscando un punto que permita un “acuerdo extrajudicial” a petición del fondo buitre, por lo que la suspensión se entiende prorrogada de facto, salvo que alguno de los interesados vuelva a activar el proceso al no conseguir un consenso.
“El Gobierno del PP malvendió 2.935 viviendas públicas a un fondo buitre. Interpusimos recursos judiciales, ganamos y la justicia les obligó a recuperarlas”, ha relatado Alejandra Jacinto, antigua líder de Podemos en Madrid que en el momento de la venta se desarrollaba en colectivos en defensa del derecho a la vivienda. “Ahora Ayuso estudia si indemnizar al fondo buitre con 220 millones de euros. Infame”, ha valorado la abogada, no sin antes advertir que, de ser necesario, estudiarán “si procede volver a llevarles a los tribunales”.
Miles de propiedades y persecución a las familias
Hace más de diez años que comenzó el suplicio para las familias y el proceso no termina de cerrar. 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales fueron entregadas a precio de salgo al fondo estadounidense, concretamente 201 millones de euros por 32 promociones de vivienda, y tras la venta de 1.214 de viviendas, la justicia echó para atrás la venta, por lo que Goldman Sach exigía 198,3 millones de “daños y perjuicios”.
En los peores momentos de la crisis financiera, miles de vecinos madrileños que contaban con un alquiler social o un alquiler destinado a los jóvenes vieron como su casero dejaba de ser la Administración Madrileña y pasaban a depender de un fondo buitre. Poco tiempo tardaron en llegar las subidas desmedidas de precios, la venta de las viviendas a terceros y las peticiones de desalojo.
Transcurrieron más de cinco años hasta que la justicia dio una buena noticia a las familias afectadas, pero ni por esas la Comunidad de Madrid lo iba a poner fácil. El Gobierno autonómico se negaba a recuperar los pisos, tal y como obligaba la sentencia, y se ha dedicado a alargar el proceso durante todos los años posteriores. El pago de una indemnización definitiva pondría fin a un proceso que ya se ha alargado mucho en el tiempo, dando a las familias el cierre necesario.
Sin embargo, la decisión del PP madrileño la pagarán todos los habitantes de la comunidad, que verán como de las arcas públicas a las que contribuyen pueden salir más de 200 millones con rumbo al bolsillo de un fondo inversor estadounidense. Las negociaciones continúan desarrollándose y podrían demorarse más en el tiempo, pero las partes se encuentran más cerca que en los momentos más tensos de la relación.
