Está fuera de toda duda el impacto que tiene la forma en la que nos movemos tanto en el medio ambiente como en nuestra propia salud. El transporte, año tras año, sigue siendo el principal foco emisor de gases de efecto invernadero (GEI) en España, lo que nos aleja del cumplimiento de nuestros objetivos climáticos internacionales. Pero no hay que dejar de lado que también contribuye a otros aspectos muy problemáticos como la contaminación del aire, la lluvia ácida, la eutrofización, el agotamiento de los recursos naturales, la fragmentación del hábitat, la generación de residuos o el aumento de la concentración de calor en las ciudades (fenómeno conocido como “isla de calor”).
Todo ello tiene un impacto directo en nuestra salud. La Agencia Europea de Medio Ambiente estima que 24.200 personas fallecen de forma prematura en España por la contaminación atmosférica. Pero, además, no podemos olvidarnos de los accidentes de tráfico (especialmente los que se producen in itinere desde o hacia el lugar de trabajo), el ruido, el estrés y la ansiedad que generan diariamente los grandes embotellamientos en las ciudades y la pérdida de tiempo y de competitividad que ello provoca, además de afectar al bienestar y calidad de vida de las personas.
Para abordar esta problemática, la movilidad al trabajo debe ser uno de los ejes centrales sobre los que actuar, ya que ese es el motivo principal de los desplazamientos cotidianos en áreas urbanas y metropolitanas. Según un estudio desarrollado por el IDAE, suponen entre un 30% y un 40% de la movilidad diaria en día laborable. Además, estos trayectos se realizan principalmente en un coche ocupado por un único conductor, lo que es una alternativa poco eficiente por consumo energético y de espacio, sin olvidar las emisiones que se generan y su impacto.
Lamentablemente, el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que se está actualmente tramitando en el Congreso no aborda con suficiente profundidad y detalle ni la movilidad al trabajo, ni muchos otros temas fundamentales para la evolución del sector. Una ley muy esperada, que por su impacto y trascendencia en la sociedad debería ser de las más importantes de la legislatura, pero que tal y como está redactada supone una gran oportunidad perdida.
Debido a su enorme potencial de mejora, desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), junto con otras 14 entidades sindicales, sociales, ecologistas y juveniles [Alianza por el Clima, Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), Comisiones Obreras (CC.OO.), ConBici, Consejo de la Juventud de España (CJE), Ecologistas en Acción (EeA), Eco-Union, Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), Fundación Renovables, Greenpeace, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), Promoció del Transport Public (PTP) y Transport & Environment (T&E)], hemos trabajado conjuntamente para tratar de mejorar su contenido en aspectos tan básicos como el establecer objetivos de descarbonización y de mejora de la calidad del aire en las ciudades; fomentar la eficiencia energética, la movilidad activa y la multimodalidad; apostar por el desarrollo del transporte público, del ferrocarril y de la movilidad rural; incluir medidas concretas de transición justa y el concepto de pobreza en el transporte; o mejorar el planteamiento de los Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo.
Profundizando en este último punto, el proyecto de ley remite a la negociación colectiva el establecimiento de medidas para promover la implantación de Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo, lo que es un paso significativo en la participación de las personas trabajadoras y sus representantes en la materia.
Pero hay que remarcar que además de en la negociación, es fundamental que esa participación se produzca en todo el desarrollo, seguimiento y evaluación de esos Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo. Asimismo, falta concretar una serie de contenidos mínimos que deberían incluir. ¿Es suficiente con poner un parking para bicicletas? ¿Han de incluir una obligación para que las empresas incorporen en sus flotas, de forma progresiva y calendarizada, vehículos cero emisiones? Es evidente que se debería especificar, de cara a un futuro y necesario desarrollo normativo, las directrices metodológicas para la elaboración de los planes y los sistemas e indicadores de seguimiento y evaluación, así como el apoyo técnico y financiero para desarrollarlos.
Por otro lado, la ley incluye la obligatoriedad para aquellos centros de trabajo con más de 500 personas trabajadoras o 250 por turno de, en un plazo de 24 meses, disponer de un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo. Para nosotros este es un objetivo muy poco ambicioso y más teniendo en cuenta como es el tejido empresarial en España. Con esas cifras tan altas existen pocos centros de trabajo a los que les afecte esta obligatoriedad y muchos de ellos seguro que ya tienen alguna medida de movilidad implementada. La movilidad sostenible tiene que abarcar a muchos más centros para que realmente se produzca la gran transformación que necesitamos. Por eso somos partidarios, en línea con una de las recomendaciones de la Asamblea Ciudadana por el Clima y con lo ya incluido en la Ley de Movilidad Sostenible de Euskadi, de bajar ese número hasta los centros de trabajo con más de 100 personas trabajadoras.
La ley también peca de una falta de detalle en lo relativo a los denominados planes de movilidad sostenible para “grandes centros de actividad”. Es básica una mayor concreción y asegurar que en esta categoría se incluyen, entre otros, los polígonos industriales, los complejos hospitalarios, los campus universitarios, los centros comerciales o empresariales y las áreas portuarias y aeroportuarias. Igual que falta avanzar en la conexión y vinculación entre estos planes y los planes generales de movilidad en las ciudades. No tiene ningún sentido que se establezcan unos y otros sin analizar sinergias y puntos críticos entre ellos.
En definitiva, es urgente dar pasos firmes encaminados a reorientar nuestra forma de movernos, especialmente cuando vamos y venimos del trabajo y, para ello, es básico que exista una Ley de Movilidad Sostenible en España que sea ambiciosa, concreta, socialmente justa y que aborde mucho más en profundidad la movilidad al trabajo, para que actúe como una gran palanca de cambio. Nos estamos jugando nuestra salud y bienestar. Nos estamos jugando todo.