El Consejo de Ministros ordinario que el Gobierno ha celebrado este martes ha terminado con un nuevo paquete de medidas económicas y sociales para paliar el impacto del coronavirus en la sociedad española. Así, el Gobierno ha aprobado un nuevo Real Decreto para afrontar la crisis sanitaria y también económica y que “nadie se quede atrás”, tal y como ha anunciado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

En esta línea, Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, y Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, han anunciado estos paquetes de medidas, que buscan el sostenimiento del modelo productivo y la prevención de la desigualdad social tras esta crisis.

Por un lado, Pablo Iglesias ha anunciado el nuevo paquete de medidas económicas y sociales con el objetivo de reforzar la protección y el escudo social frente a la crisis del coronavirus. En primer lugar, ha anunciado las medidas para los alquileres, justificando el derecho constitucional a la vivienda, “ahora más que nunca porque es la trinchera donde está la gente”.

Así, el Gobierno suspende todos los desahucios durante los seis meses siguientes, además de la prórroga de la vigencia de los contratos de alquiler durante seis meses más para evitar subidas en el precio. En la misma línea y, como ya se anunció en ElPlural.com, el Gobierno destinará hasta 700 millones de euros a microcréditos públicos a través del ICO, sin comisiones y con intereses 0 que el inquilino podrá devolver entre seis y diez años.

Esta financiación está destinada a inquilinos que se han visto afectados por un ERTE o por la reducción de su jornada laboral, así como para autónomos que hayan visto reducidos sus ingresos. Así, el Estado se hará cargo con fondos públicos de los inquilinos más vulnerables y que no puedan hacer frente a la devolución de estas ayudas al alquiler.

En este caso Iglesias ha establecido una diferencia clave entre los pequeños arrendadores, que percibirán íntegramente la renta de sus viviendas en alquiler, mientras que los fondos buitre o grandes tenedores tendrán que asumir gran parte del impacto, con dos opciones: la quita del 50% de la deuda del inquilino o la reestructuración de esa deuda para que pueda pagarla durante los próximos tres años.

Medidas socioeconómicas

Por otro lado, el Gobierno amplía la moratoria de hipotecas a los autónomos afectados por la crisis del coronavirus, que no tendrán que hacer frente al pago de la hipoteca ni tampoco a los intereses. Además, Pablo Iglesias ha anunciado la garantía de los suministros básicos y del bono social a todos los ciudadanos, más allá de los más afectados por la crisis.

El vicepresidente segundo también ha anunciado nuevas prestaciones para colectivos especialmente vulnerables no incluidos en los anteriores decretos, en este caso para los trabajadores temporales y las trabajadoras del hogar.  

En el primer caso, el Ejecutivo ha anunciado una ayuda de 440 euros mensuales para aquellos trabajadores temporales que hayan visto su contrato extinguido tras la declaración del estado de alarma y que no tengan el tiempo mínimo cotizado para acceder a la prestación por desempleo, como una medida similar a la de los trabajadores afectados por un ERTE. Esta cifra supone el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Asimismo, se establece un subsidio por desempleo del 70% del salario base para las trabajadoras del hogar cuyo contrato se haya extinguido tras la declaración de alarma o hayan perdido parcial o totalmente su trabajo. Más allá de las medidas para trabajadores y empresas, el Ejecutivo también ha anunciado una moratoria de tres meses prorrogables en el pago de créditos personales para los más vulnerables y la devolución de los viajes cancelados.

Paralelismo en la respuesta sanitaria y económica

Por otro lado, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha puesto en relieve el paralelismo en la respuesta sanitaria y en la respuesta económica y social. “Al igual que la expansión del virus no es lineal, también el impacto económico no es igual según la duración de las medidas”, ha explicado la vicepresidenta.

Calviño se ha centrado en explicar los casos en los que se permite el mantenimiento de la actividad productiva en algunas empresas, como por ejemplo que no se paren procesos productivos industriales que no puedan después reiniciarse, actividades indispensables para evitar perder clientes, por ejemplo, fuera de España o la gestión de stocks con un mínimo de trabadores.

Además, ha asegurado que el nuevo real decreto aumenta la “red de seguridad para los más vulnerables”, con más de 50 medidas. Entre ellas, la vicepresidenta ha anunciado una moratoria de seis meses en el pago de las cotizaciones para empresas y autónomos, permitiendo el aplazamiento del pago de las deudas de la Seguridad Social hasta el 30 de junio, además de una moratoria sin intereses por los días trabajados durante el mes de marzo.

Asimismo, ha explicado medidas para proteger el tejido productivo de las empresas españolas como facilidades para la refinanciación de pymes, la devolución a las empresas de los gastos incluidos en las ferias canceladas, con especial importancia del sector turístico, o medidas de flexibilización de los suministros de electricidad para autónomos y empresas.

Calviño asegura que este decreto complementa a las medidas ya anunciadas con anterioridad y entre otras cosas, facilita las donaciones al sector público, establece medidas adicionales de flexibilización de plazos administrativos, el apoyo para sectores con volatilidad en el empleo como son las artes escénicas o el sector audiovisual y defiende la la incapacidad temporal a personas afectadas por obligación total de confinamiento.