La negociación para conseguir salvar la reducción de la jornada laboral amenaza con retrasar las vacaciones veraniegas de más de un diputado. El aminoramiento de los tiempos de trabajo hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, es el principal caballo de batalla de Sumar, paseado por toda España durante la campaña electoral de 2023, y no piensan darlo por muerto a la primera de cambio. Aún existe esperanza en las filas magentas, aunque la contienda se decanta del lado de la patronal, cuyas pretensiones están salvaguardadas por 177 escaños.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, apura las negociaciones para salvar una ley que lleva preparando más de un año y que incluso le supuso un enfrentamiento con compañeros de Gobierno de la vertiente socialista a comienzos de año. Ahora, tiene enfrente al Partido Popular (PP) y Vox, por la parte españolista, y a Junts per Catalunya, del lado catalanistas. Las tres formaciones de derechas tienen el cometido de defender a las grandes patronales y de su voto depende el futuro de la ley.
La reducción de jornada superó los primeros pasos y llegaba al Congreso de los Diputados meses atrás, esperando superar el proceso de enmiendas para poner rumbo a la Comisión de Trabajo, de la que saldría posteriormente para la votación definitiva. Sin embargo, se ha encontrado con tres enmiendas a la totalidad en la Cámara Baja, presentadas por PP, Junts y Vox y que, de salir adelante, mandaría a la norma a la casilla de salida. Sumar confía en que la mayoría conformada por los socios habituales sostenga la reforma, pero lo cierto es que los intereses empresariales tienen mayoría.
El bloque progresista está lejos de ser el que más fuerza tiene en el Parlamento y el Ejecutivo de coalición podría volver a sufrir el golpe de realidad. Es más, Junts lo da por seguro y se muestra inamovible en su decisión de seguir hasta el final con la enmienda a la totalidad. No obstante, los magentas confían en que esta sea una táctica negociadora más de los independentistas y que, finalmente, dejen a la reducción de jornada llegar a la Comisión de Trabajo para seguir negociando antes de la votación final.
Los pronósticos no son muy halagüeños para la reforma ni para la vicepresidenta segunda que, no obstante, aún confía en convencer a Junts, con quien se espera que mantenga una reunión este jueves. La duda sobre si los neoconvergentes están desplegando una estrategia de presión podría despejarse en el mes de julio. La intención de los magentas es que el debate a la totalidad se celebre en un pleno extraordinario el 22 de julio, mes inhábil para la actividad parlamentaria, pero que la coalición ha utilizado en más de una ocasión para abordar materias pendientes.
¿Y si cae la reducción de jornada?
Más allá del optimismo en las negociaciones, desde Sumar no son ilusos. El partido minoritario de la coalición se prepara ante la posible caída de la ley y estudian ya un nuevo calendario para volver a la carga. Este escenario llegaría una vez superado el verano, con el reinicio del periodo de sesiones, y requeriría la apertura de un nuevo proceso negociador que trajese cambios y posibilitase la aprobación de la medida estrella de Díaz.
La preocupación de Junts es que las empresas “no tienen voz”, tan solo la capacidad de regir la vida de millones de trabajadores y, visto lo visto, mayoría en el Congreso. Los empresarios no han querido negociar durante el proceso y, aferrados a sus sillones, ha rechazado todas las contrapartidas, ayudas, exenciones fiscales, apoyo gubernamental que Trabajo les ha ofrecido. Su posicionamiento ha sido el no desde que comenzó la negociación y de ahí no se han movido, ni parece que lo vayan a hacer, salvo que Sumar opte por desvirtuar por completo la reforma.
No obstante, de lo que parece que no se van a escapar, quiera Junts, la CEOE y Foment del Treball, o no quieran, es del endurecimiento del registro de la jornada laboral, con el que se pretende combatir las millones de horas extras impagadas que se registran cada semana en España. Una de las principales ojerizas de los empresarios con la reforma. Un registro diario, digital, objetivo y accesible para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los representantes de los trabajadores que el Ejecutivo podría aprobar como reglamento, sin necesidad de que este sea votado en el Congreso.