El precio de la vivienda, tanto en venta como en alquiler, sigue creciendo mes tras mes, sin visos de detenerse y empeorando una situación que, aunque con diferencias con la anterior, ya puede denominarse burbuja. En pleno enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Donald Trump, con motivo del aumento del gasto en Defensa hasta el 5%, los recursos públicos destinados a políticas que den solución al que es de lejos el mayor problema de la ciudadanía española apenas alcanzan el 0,5%. Sumar quiere devolver el foco a este plano social con una propuesta ambiciosa.
El propio presidente del Gobierno había abierto este debate en la Conferencia de Presidentes. Sobre la mesa el Plan Estatal de Vivienda para los próximo cuatro años (2026-2029), con muchos millones en juego y los líderes autonómicos del Partido Popular (PP) en pie de guerra. A este cóctel añade ahora una propuesta la formación magenta, que pide una mesa de negociación con el Ministerio de Vivienda, capitaneado por Isabel Rodríguez, para abordar diferentes enfoques y limar el principal punto de fricción entre ambos partidos: la colaboración público-privada.
Proponemos elevar el presupuesto hasta los 65.000 millones (1% del PIB al año)
Y es que, para Sumar, recurrir a inmobiliarias y promotoras que exigen al Gobierno que les garantice el mantenimiento de su margen de beneficios superior al 35% es incurrir en “sobrecostes innecesarios” que, además, podrían engordar otras políticas de vivienda. Más cuando los profesionales que aportan estas empresas están presentes en todos los niveles públicos (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Estado). Una suerte de chantaje que el portavoz de Economía y Hacienda de Sumar, Carlos Martín, considera fácil de aplacar si el Estado, a través de empresas como SEPES, asume el papel de promotor.
Esto choca con la propuesta socialista, canalizada a través del departamento de Vivienda, muy favorable a la colaboración público-privada. Como únicas excepciones de este tipo de unión entre personalidades y administraciones, Sumar apunta a las cooperativas sin ánimo de lucro, que agrupan a individuos que pretenden levantar viviendas a bajo coste para vivir en ellas y no para especular, y a las cedidas para su gestión a las agencias e inmobiliarias públicas, entidades desde las que la formación considera que hay que dar el paso antes de construir.
Movilizar viviendas vacías antes de construir
La apuesta previa a levantar más edificios es la movilización de las viviendas vacías que se ubican en las zonas tensionadas. Para ello, palo y zanahoria. Por un lado, ampliando las agencias públicas de alquiler para captar inmuebles vacíos de particulares y gestionarlos, estipulando mensualidades asequibles basadas en la renta mediana de los hogares de la zona y cuyo abono se garantiza al casero, al más puro estilo Alquiler Seguro pero sin extorsionar a los inquilinos. Por el otro lado, se promueve activar la salida al mercado de vivienda vacía mediante un endurecimiento de las condiciones fiscales.
El alquiler asequible se situaría de media entre los 400 y los 600 euros mensuales
Este segundo abordaje afectaría a inmuebles totalmente en desuso, ni residencial ni vacacional, que están principalmente en manos de grandes fondos y bancos, quienes estratégicamente no sacan al mercado estos activos para evitar un descenso de los precios. Esta figura ya ha sido utilizada en capitales europeas como Bruselas y resonó en la política española hace más de cinco años. En este sentido, la parte socialista apuesta más por incentivos, aunque en alguna ocasión ha deslizado ideas de forma más laxa y apuntado solo a propietarios gigantescos.
Puntos en común entre PSOE y Sumar
Más allá de estas diferencias, que desde Sumar creen salvables, existen puntos comunes en la propuesta defendida por Martín. Entre ellos destacan la protección permanente de las viviendas públicas, lo que significa que toda vivienda comprada o construida con fondos del Plan Estatal de Vivienda tendrá una naturaleza pública inalienable y no se podrá hacer nunca negocio con ella. Destinar la mayoría de viviendas públicas a alquiler asequible, acabar con los alquileres turísticos ilegales y la colaboración con otras administraciones para crear un registro público que recoja el conjunto del parque de vivienda son algunos de los aspectos compartidos.
Además, Sumar también pone sobre la mesa un abordaje a las operaciones opacas que se producen entre entidades bancarias, fondos buitre e inmobiliarias que, en muchas ocasiones, intercambian inmuebles por pisos irrisorios y con un claro interés especulativo, a más de otros intereses ocultos. Para ello, los magentas reclaman que las comunidades que reciban fondos del Plan Estatal deban tener regulado el derecho de tanteo y retracto, que darían prioridad a la administración para obtener estos lotes de vivienda privada o protegida descontados.
Multiplicar por diez el presupuesto planteado por Sánchez
Todo paquete de medidas no sirve de nada si no contempla un presupuesto que de sustento a las actuaciones. La propuesta de Sánchez llama a pasar de los 2.300 millones de euros del periodo anterior a los 7.000 millones, pero la formación capitaneada por Yolanda Díaz considera esta cuantía más que insuficiente y apunta a los 65.000 millones de euros, que representan un 1% del PIB al año (16.000 millones). Una cuantía que, además, desde Sumar apuntan que acabaría saliendo a coste cero gracias a su planteamiento.
De estos 65.000 millones, el partido minoritario del Ejecutivo suscribe los 7.000 millones planteados por Sánchez, que serían abonados en un reparto de 60%-40% entre Gobierno central y autonomías, respectivamente, y el resto serían créditos blandos provenientes de los fondos Next Generation, que en este momento no están siendo utilizados, y del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Este tipo de créditos, explica Martín, se devuelven a 30 años con unos intereses bajos y los primeros 10 son de carencia, lo que significa que están libres de intereses.
Además, los magentas defienden que su devolución ni siquiera correría a cargo de las cuentas del Estado, dado que con los propios alquileres asequibles públicos se conseguiría reunir la cuantía. “El alquiler asequible se situaría de media entre los 400 y los 600 euros mensuales, que se revisaría con el Índice de Precios de Consumo, por una vivienda de 80 metros cuadrados”, expone el portavoz económico de Sumar, que apunta que estas rentas pagarían los créditos europeos. “El resultado sería neutro”, certifica.