El Ministerio de Trabajo presentó este martes un borrador de Real Decreto a sindicatos y patronal en la negociación de la nueva regulación de las políticas activas de empleo. El punto principal es que el Gobierno planteó a los agentes sociales incentivar la contratación indefinida con subvenciones por un mínimo de 4.000 euros y un máximo de 9.000 euros.
Esta cantidad aumentaría en caso de que el trabajador forme parte de algún colectivo vulnerable. Así, sube a 4.500 euros si la persona contratada es mujer o mayor de 45 años y a 5.500 o 6.000 euros si se trata de mayores de 45 años con discapacidad, mujeres en puestos con presencia mayoritaria masculina o que lleven más de 2 años sin empleo por nacimiento o adopción de un hijo.
La subvención podría alcanzar los 7.500 euros en caso de mujeres víctimas de violencia de género o mayores de 45 años desempleados de larga duración. Todas estas subvenciones podrían verse aumentadas con 2.000 euros más en caso de que la contratación se realice por un autónomo o por una empresa de nueva creación que contrate a su primer trabajador.
Estos 2.000 euros también se sumarán cuando la persona contratada sea una persona con discapacidad procedente de un enclave laboral. En caso de contratación a tiempo parcial, la cuantía se reducirá proporcionalmente, con una reducción máxima del 50%.
Transformar contratos temporales en indefinidos
El borrador de Trabajo también incluye una subvención de hasta 4.000 euros, destinados para transformar contratos temporales en indefinidos, incluidos los contratos formativos. En el caso de trabajadores con discapacidad, la cantidad subiría hasta los 5.500 euros.
Además, matiza que cada contratación indefinida incentivada deberá suponer un incremento neto de la plantilla fija de la empresa o entidad beneficiaria de la subvención. Asimismo, plantea posibles exclusiones en la aplicación de incentivos y la obligación de mantenimiento del empleo de los trabajadores contratados como mínimo durante un año.
El borrador del Real Decreto incluye una serie de programas de políticas de activación para el empleo, que podrán ser llevados a cabo por las propias comunidades autónomas según las características de los mercados de trabajo. Es decir, incluye aspectos como estrategias de formación, modelos de financiación, programas de orientación laboral o intermediación, entre otros.
La respuesta de los sindicatos se centra en aspectos clave del borrador. Por ejemplo, CCOO considera que estos planteamientos podrían llevar a la externalización de una parte de los servicios públicos prestados. Además, el sindicato pidió recuperar la referencia específica para que los programas sean de iniciativa pública y no de iniciativa privada financiada con fondos públicos.
Por su parte, UGT cree que es necesaria una reforma de las políticas activas de empleo para los 3,5 millones de desempleados, así como para las tasas de desempleo juvenil o a los parados que no tienen ningún tipo de protección.