Las pensiones volverán a crecer conforme a la inflación de cara a 2026, como viene sucediendo en los últimos años, y ya conocen cuál será este porcentaje. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) de noviembre, con el que se completan los once meses que utiliza Seguridad Social para extraer la media de crecimiento de las cuantías. El precio de la vida se ubica en el 3% en el undécimo mes, pero la media anual es algo más baja gracias al comienzo del año.
Una vez tenidas en cuenta todas las variables, el Ministerio de Seguridad Social ha confirmado que las pensiones contributivas “se revalorizarán en torno a un 2,7%”. Si bien habrá que esperar hasta el próximo 12 de diciembre, momento en el que el INE publicará el dato definitivo del IPC, para certificar que esta es la cifra definitiva. De mantenerse este porcentaje, tesis más probable, la revalorización supondrá en torno a 572 euros adicionales al año para las personas con la pensión media de jubilación (41 euros al mes en 14 pagas).
La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se sitúa actualmente en 1.511,5 euros mensuales, tras incrementarse un 4,3% de media respecto al mismo periodo de 2024. Además, sus perceptores recibirán este año la paga extraordinaria de Navidad. Aumentando el espectro, las pensiones medias del sistema -sumando al calculo las de viudedad incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares- las cuantías aumentarán 498 euros anuales (35 euros al mes en 14 pagas). Los 715.000 pensionistas correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado también verán incrementadas sus prestaciones.
Pensiones mínimas y no contributivas
Las pensiones no contributivas subirán por encima de estos valores para igualarse al umbral mínimo de pobreza y mejorar la equidad y suficiencia, tal y como contiene la ley. Este año, la subida que experimentaron fue del 6% en el caso de las mínimas y del 9% en el caso de las no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV), por encima en ambos casos del alza del 2,8% que registraron las pensiones contributivas, así que este año podría replicarse el proceder.
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Es decir, una vez realizada la subida conforme a IPC, las pensiones no contributivas se incrementarán adicionalmente para reducir en un 20% la brecha existente hasta alcanzar el 0,75 del umbral de riesgo de pobreza calculado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) para un hogar unipersonal. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se incrementará en 2026 de igual manera al estar su cuantía referenciada a la de las pensiones no contributivas.
En la misma línea, la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo, una vez revalorizada conforme al precio de vida, subirá adicionalmente para reducir en un 20% la brecha existente hasta alcanzar el 1,5 del umbral de riesgo de pobreza. El objetivo es que la pensión mínima de jubilación contributiva con cónyuge a cargo alcance al menos en 2027 los 16.500 euros anuales (1.178,5 euros al mes por catorce pagas).
El Gobierno pone en valor la revalorización
“Los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo, con la subida de sus pensiones conforme al IPC, una medida fundamental para las personas que han trabajado toda su vida”, ha expuesto la ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, poniendo en valor la medida aprobada por el Ejecutivo de coalición y que automatiza este incremento desde hace años. “Es compromiso del Gobierno de España. Trabajamos para que el sistema, ejemplo entre las grandes economías de nuestro entorno, sea cada vez más equitativo y sólido”, ha añadido.
La titular de la cartea ahonda con esta valoración en la Ley 21/2021, acordada con los interlocutores sociales hace casi cuatro años y gracias a la cual las pensiones se actualizan cada año conforme a la subida de los precios “para garantizar su poder adquisitivo”, proceder al que insta la segunda recomendación del Pacto de Toledo.