El Consejo de Ministros se ha reunido este martes, 24 horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzara su plan de doce medidas para abordar la crisis habitacional. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha sido la encargada de dar algún detalle más en la rueda de prensa posterior al encuentro, pero sin llegar concretar el fondo de las políticas. La líder de la cartera ha optado por contraponer los abordajes planteados por el Ejecutivo central y el Partido Popular (PP).

“No es lo mismo poner suelo público a disposición que liberalizar suelo público”, ha introducido Rodríguez, que ha puesto sobre la mesa las diferencias. “La primera implica más vivienda pública y asequible; la segunda es lo que ocurrió en 1998 con Aznar y trajo la burbuja inmobiliaria, los desahucio y la destrucción del sector inmobiliario”. La opción del Gobierno, ha continuado la líder del departamento, es la “determinación de protección permanente del parque público; lo otro no garantiza a una vivienda digna y asequible”.

El número de viviendas que se construirán, reformarán, recuperarán y, en definitiva, la suma de inmuebles destinados al alquiler asequible que se alcanzarán se desconoce. “No sé cuántas vamos a tener, sé las que vamos teniendo”, ha reconocido Rodríguez, quien ha querido poner en valor la financiación firmada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para contar con más de 20.000 viviendas en alquiler listas a mediados de 2026 y cumplir así con el compromiso suscrito con la Comisión Europea. El objetivo de esta legislatura es que el parque público represente el 9% (actualmente 2,5%) del total de vivienda.

“Más allá del número, el compromiso incluye la protección”, ha querido cambiar el foco la ministra de Vivienda. “Mucho más allá, ese esfuerzo milmillonario que hace el Gobierno y han de hacer comunidades autónomas y ayuntamientos, apoyadas por el sector inmobiliario, no puede ser privatizado transcurridos los años, sino que debe ser permanente”, ha explicado. “Es lo que decía la ley de vivienda y matiza el Tribunal Constitucional”, ha recordado, defendiendo una de las medidas anunciadas por Sánchez: “blindaje de la vivienda protegida del Estado, garantizando por ley que su titularidad sea pública de forma indefinida”.

No es intervenir el mercado, es cumplir la Constitución

Algunas comunidades ya tienen esta particularidad en su ordenamiento y Rodríguez ha trasladado que “otras asumieron esa protección en la conferencia de presientes”, que reunió a Sánchez con los líderes autonómicos. En consecuencia, ha asegurado que le “llama la atención que el líder de la oposición confunda protección con propiedad”, refiriéndose a las palabras de Alberto Núñez Feijóo, contrario a mantener la protección (alquileres asequibles) de viviendas públicas construidas en suelo público, evitando su liberalización transcurrido un plazo.

“Se puede ser propietario de una vivienda de protección oficial y que esta siga manteniendo esta naturaleza para siempre y no se pueda especular con ella”, ha zanjado. Esto significa que una persona que acceda a la propiedad de una vivienda protegida a un precio asequible podrá venderla años después, pero solo podrá hacerlo en unas condiciones de venta asequible y a una persona que, como ocurrió en el momento en el que este accedió, requiera de este tipo de inmueble. Esto, ha garantizado Rodríguez, también será así en la Operación Campamento al ser los suelos propiedad del Estado.

El Parlamento tendrá la última palabra

Doce medidas presentadas por Sánchez, aunque muchas de ellas deberán pasar por el Congreso de los Diputados y recibir un apoyo mayoritario que la coalición, en cuyo seno ni siquiera las dos partes comparten las soluciones para la problemática, no tiene garantiza. No obstante, Rodríguez ha defendido que lo propuesto “no es intervenir el mercado, es cumplir la Constitución (art. 47)”. “La posición del Gobierno es clara, queremos convertir el acceso a la vivienda en un verdadero derecho y no en un negocio”, ha añadido.

No obstante, más allá de las pretensiones, lo cierto es que el acuerdo entre partidos parece lejano. “No oculto la dificultad de la materia ni las diferencias ideológicas, algunas que no alcanzo ni a comprenderlas”, ha reconocido la ministra de Vivienda. No obstante, ha evitado adelantar pasos y ha trasladado que antes de nada “se concretarán los textos (de las leyes) y se hablará con los grupos políticos”. “El paquete que ayer el presidente del Gobierno es solvente y van a ser eficaces”, ha defendido, dejando caer que “si alguien quiere boicotear tendrá que responder ante la ciudadanía”.