La reforma de las pensiones se mantiene enquistada cuando han transcurrido ya más de cincuenta días desde que finalizase el plazo establecido por Bruselas para cerrar la modificación de la norma. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se ha mostrado optimista en sus últimas comparecencias públicas, llegando a asegurar que la reforma “se resolverá en las próximas semanas”. Sin embargo, la parte morada del Gobierno y los socios de la investidura, necesarios para sacar la reforma adelante, rebajan las pretensiones y emplazan al titular de Seguridad Social a renegociar los parámetros acordados con Bruselas.
De esta manera, la situación de la que advertían los sindicatos parece ser ahora una realidad. Escrivá asumió el compromiso con la Comisión Europea de finalizar la reforma antes del 31 de diciembre del pasado año y ahora no encuentra los apoyos necesarios. Especialmente relevante es conseguir un acuerdo, ya que, la percepción del siguiente paquete de fondos europeos depende de ello. El paso del tiempo hace mella en la Seguridad Social, cuya propuesta de aumentar el periodo de cálculo de la pensión no ha gustado a ninguna de las partes implicadas en la negociación, y Escrivá se ve ahora obligado a modificar su propuesta si quiere recibir los apoyos suficientes.
Menos problemas encontraron las partes para consensuar la subida de las pensiones conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) que desde enero se ve reflejada en las prestaciones de los perceptores, cuya cuantía ha aumentado en torno a 100 euros de media (8,5%). No obstante, la segunda parte de la reforma "se encuentran en punto muerto", sin ninguna "noticia formal" confirmaba el pasado miércoles Fernando Luján, vicesecretario de Política Sindical de UGT. Con este pretexto, el ministro se ha visto obligado a acudir a la Europa. "Parece que sí que ha habido movimientos por parte del ministro con respecto a Bruselas, pero ni siquiera nos han informado de cómo van sus negociaciones. No tenemos nada", ha confirmado el líder sindical.
Propuesta de Escrivá
La intención de Seguridad Social que impide el acuerdo por el momento es la ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, pero a partir de 2027 y de forma progresiva, cinco meses por año, hasta 2038. De esta manera, se confirma que la pretensión de Escrivá es esperar al despliegue total de la anterior subida de la edad aprobada, 25 años en 2027, para comenzar este nuevo incremento. Además, según el documento facilitado por el Ministerio a patronal y sindicatos en noviembre, de los cinco meses que se ampliarán por año a partir de esa fecha, el trabajador podrá escoger los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos. Fórmula similar a la que pretende Escrivá implantar una vez se alcanzase los 30 años en 2038, que el trabajador pueda descartar los 24 peores meses del periodo y quedarse con los 28 mejores años.
Ejemplificando detalles conocidos sobre la medida, en el año 2027, año de inicio de aplicación de la nueva edad, la persona que haya alcanzado la edad de jubilación, verá que el cálculo de su pensión contempla 25 años y cinco meses. Al año siguiente sería de 25 años y diez meses, en 2030 de 26 años y ocho meses y así sucesivamente hasta llegar a los 30 años contemplados para 2030, momento en el que se descartarán los 24 meses más desfavorables.
Sobre las bases de cotización, el titular de la cartera de Seguridad Social pretende aumentar los ingresos a la Seguridad Social haciendo que los empresarios paguen más por los trabajadores con mayores salarios aumentando las bases máximas. La idea de partida es aumentar el 28,85% las bases máximas entre 2025 y 2050, a tenor de 1,154 puntos por año, además de lo que cada año suba la base máxima según el IPC. También se pretende modificar el incremento de las pensiones máximas, que cada año suben según el IPC. La idea de Seguridad Social es que aumenten 0,115 puntos, además de lo que suba según la inflación cada año.