La reforma del despido vuelve al centro del debate laboral

El Plan Anual Normativo de 2026, aprobado hace escasas semanas, coloca al Ministerio de Trabajo y Economía Social como uno de los que más actividad registrará, con la previsión de impulsar hasta 17 proyectos normativos, tan solo por detrás de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Transición Ecológica y Reto Demográfico y Economía Comercio y Empresa. La cartera pilotada por Yolanda Díaz busca desplegar avances laborales, entre los que destaca la modificación del Estatuto de los Trabajadores para establecer garantías adecuadas frente al despido.   

La propuesta de Trabajo pretende reforzar las exigencias formales para el despido, principalmente para reforzar los procedimientos de comunicación previa; blindar la causalidad y, quizá el aspecto más importante, revisar las indemnizaciones por despido improcedente, con la intención de que cumpla una verdadera función disuasoria y de compensación al trabajador. Este último aspecto se recoge en la Carta Social Europea y es doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales, pero no gusta a las empresas por el posible incremento de las indemnizaciones de determinados supuestos y la individualización de la reparación.

Este viernes, el departamento de Díaz se ha reunido con los sindicatos mayoritario, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), y con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que finalmente ha acudido, pese a que había deslizado que no se sentaría en la mesa de negociación. Las organizaciones sindicales se han marcado una estrategia conjunta para encarecer y dificultar el despido, combatir el empleo parcial y regular el diálogo social. La patronal se ha mostrado en contra de casi todas las propuestas al respecto.

CCOO y UGT proponen que las indemnizaciones por despido se construyan a través de varios componentes. Por un lado, una indemnización mínima, al estilo de países como Italia y Francia. A estas se sumarían una indemnización por tiempo de trabajo, con la pretensión de acercarse a los 45 días por año trabajado de antaño y dejando atrás los 33 días actuales. Por último, dejar abierta la posibilidad a que, ante la judicialización del despido, el juez pueda añadir una compensación adicional que repare los daños generados en el trabajador.

Además, mientras se desarrolla el proceso judicial, los sindicatos apuestan por recuperar los salarios de transición. Es decir, que el trabajador siga cobrando y no se quede en una situación de indefensión, muchas veces prorrogada por la empresa como estrategia de presión, hasta que se resuelva el proceso. Asimismo, en ámbitos como el periodo de prueba, los sindicatos apuntan a que la parte contratante tenga que aportar una justificación real que justifique el despido por no superación, evitando que se use como periodo ventana para despedir libremente.

Unas medidas unidas al mayor control horario a un incremento de las actuaciones de la Inspección de Trabajo, infradotada de recursos económicos y de personal y de las autoridades competentes en materia de despido colectivo. Con esto, los sindicatos pretenden “cambiar el foco y que pase de buscar el coste cierto para las empresas a una indemnización que disuada del uso abusivo del despido y resarza y proteja al trabajador”.

Del lado patronal se espera un rechazo a casi la totalidad de las propuestas sindicales, que no son mal vistas desde el Ministerio de Trabajo. Más allá del despido, la cartera de Díaz también impulsará otras normas, entre las que destacan la Ley de democracia en la empresa, que impulsa una participación más eficaz de las personas trabajadoras en sus respectivas empresas; la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para afrontar los desafíos del trabajo en el siglo XXI; o la Ley relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas.