El Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP) protagonizan desde comienzos de año una pelea por ver quién tiene mejores propuestas para solventar la crisis de la vivienda. Un campo de batalla más para dos formaciones que creen estar muy alejadas en sus planteamientos, pero que en la práctica basan sus ideas en otorgar beneficios fiscales a los propietarios y, mientras tanto, entidades controladas por sus gobiernos desahucian a familias vulnerables. Dos esta semana, a manos de la Agencia de Vivienda Social (AVS), organismo de la Comunidad de Madrid, y de la Sareb, dependiente de Ejecutivo central.
La Comunidad de Madrid desahucia
“Certificar la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar”; “más ayuda de la administración para poder asumir con mayor facilidad un alquiler o compra de vivienda”, gritan a un lado y otro de la verja. Pero este pasado martes el que fuera conocido como el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) ha dejado en la calle a Isabel, su marido enfermo José Antonio y su hijo menor de edad. Sin negociación ni alternativa, el organismo dependiente del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha desalojado a una familia que contaba con un informe de vulnerabilidad emitido por Servicios Sociales.
De qué vale entonces el Real Decreto-ley 1/2024, por el que se supone que se prorrogan las medidas de suspensión de los desahucios de personas vulnerables y del que presume el Ejecutivo central. “De nada”, tienen claro los sindicatos y asociaciones barriales. Una familia con un enfermo de epilepsia, un menor a cargo y cuya única renta procede del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido echada a la calle por varias dotaciones de la Policía Nacional. La AVS no quería negociar el alquiler social que reclamaba la familia, prefiriendo dejarles en la calle a cambio de un piso vacío Carabanchel.
“Este desahucio nos demuestra que los organismos públicos no defienden a la clase trabajadora”, denuncian desde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel (SVC). Poco ha importado la vulnerabilidad, la enfermedad, la presencia de un menor, la incapacidad de acceso a un alquiler asequible que les llevó a acceder ilegalmente a la vivienda o la petición de un alquiler asequible a la Agencia de Vivienda Social y las demás entidades públicas. “Son culpables de esta situación”, trasladan los vecinos agrupados en torno al sindicato, que no tienen tiempo para lamentaciones.
El Gobierno central desahucia
Otro desahucio está fechado este viernes a apenas 14 kilómetros y la víctima vuelve a ser un vecino con la vulnerabilidad reconocida y que reside en una vivienda que, por lo menos otrora, era social y de titularidad pública. En este caso, la entidad pública involucrada es la Sareb, conocida como el banco malo y dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y el afectado es Jostin, un vecino de Tetuán que actualmente se encuentra de baja laboral y se ha visto envuelto en una maraña especulativa.
La vivienda en la que reside Jostin, ubicada en la calle Azucenas 22, era propiedad de una promotora que quebró y cuyos pisos se repartieron entre Sareb y una subasta, desconociéndose en el segundo de los casos quiénes pasaban a ser los nuevos propietarios. Jostin está en el segundo grupo, lo que ha impedido al vecino pagar porque no sabe a quién- Como respuesta, una inmobiliaria cesionaria de Sareb, Urboclash, ha presentado la demanda de desalojo, pese a no ser la propietaria.
Pese a este embrollo de propiedades, nombres y siglas, desde el Sindicato de Vivienda de Tetuán tienen claro que el responsable último que hay detrás es Sareb. “50.000 millones se gastó el Estado en rescatar a bancos y rentitas. La Sareb, lejos de destinar esas casas pagadas por todos a garantizar el acceso a la vivienda, se dedica a especular y echar a familias trabajadoras de sus casas”, trasladan, pero no se rinden. “El 17 de enero, la Sareb quiere echar a Jostin de su casa, pero aún podemos impedirlo”.
Humo para las encuestas
Los dos casos que esta semana se viven en Madrid son tan solo parte de una realidad diaria que se sufre en la gran mayoría de barrios de España y que sobrepasa todos los límites imaginables al sumar a la lista de verdugos a bancos, fondos buitre y demás grandes propietarios. Pero que resulta aún más sangrante cuando el que suelta la guillotina es un ente público y hasta humillante al escuchar a los líderes de los principales partidos políticos, responsables de estos organismos, supuestamente consternados.
PP y PSOE renuncian a intervenir el mercado inmobiliario y se desviven por inventar una nueva ayuda o rebaja fiscal para los propietarios que esta vez sí reduzca los precios. Mientras, los inquilinos, conocedores de que esto no reducirá los precios, como tampoco lo hace el bono del alquiler debido a los procederes mafiosos de los caseros, esperan su turno para ver si, con suerte, en la siguiente batería grandilocuente son los protagonistas y no un mero estandarte que levantar y abandonar al gusto electoralista de quien los nombra. O por lo menos que no se rían de ellos.