El precio máximo de la bombona de butano de 12,5 kilogramos será un 4,96% más caro a partir de este martes, hasta los 16,92 euros, según la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este aumento se debe al fuerte ascenso de las cotizaciones de la materia prima, con un 20,59% más; además de la depreciación del euro frente al dólar del -0,94%. Estos factores se compensan en parte con la bajada de los fletes del -2,07%.
Como ya es habitual, las revisiones en el precio máximo de la bombona están limitadas al 5%, acumulándose el exceso o el defecto de precio para su aplicación posterior, por lo que el encarecimiento se ve atenuado hasta rozar este porcentaje. De no ser así, el precio sin impuestos de la botella habría repuntado un 13,45%.
El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilogramos no está liberalizado, sino que se revisa su valor de forma bimensual el tercer martes de cada mes, coincidiendo con este 16 de noviembre, según la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas y la metodología establecida por la normativa vigente.
Esta revisión bimensual se calcula en función del coste de las materias primas, es decir, propano y butano, en los mercados internacionales; así como por el coste de los fletes y la evolución del tipo de cambio euro-dólar.
El gas licuado de petróleo (GLP) envasado se compone de una mezcla de hidrocarburos, principalmente butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, con mayor popularidad en las poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural. Según las cifras actuales, se consumen 68 millones de envases de GLP de distintas capacidades, de los que 53 millones están sujetos al precio máximo regulado.
El Gobierno se ha puesto en marcha para frenar, no solo el impacto de la subida de la luz, sino también del gas y del resto de las materias primeras energéticas en los mercados internacionales. Así, el pasado 26 de octubre aprobó en Consejo de Ministros el aumento del bono social térmico para proteger a los consumidores más vulnerables, con una ayuda directa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que irá destinada a cubrir los costes de calefacción, cocina y agua caliente sanitaria.