La Unión Europea ultima dos reformas clave que marcarán el futuro del tabaco y de los productos con nicotina a partir de 2026: la Directiva de Productos del Tabaco (TPD) y la Directiva sobre Impuestos Especiales (TED). Ambas iniciativas persiguen reforzar la protección de la salud pública y avanzar en la armonización fiscal del mercado interior, aunque distintos precedentes en Europa han reabierto el debate sobre sus posibles efectos en el comercio ilegal.

La TPD prevé endurecer las normas sobre ingredientes, trazabilidad y presentación de los productos, incluyendo vapeadores y bolsas de nicotina. Por su parte, la TED contempla una revisión profunda de la fiscalidad, con incrementos de hasta el 139% en los cigarrillos, el 258% en el tabaco de liar y más del 1.000% en los puros, además de nuevos gravámenes sobre líquidos de vapeo y otros productos alternativos.

Desde Bruselas, estas medidas se presentan como una herramienta para reducir el consumo, reforzar la prevención sanitaria y evitar desequilibrios fiscales entre Estados miembros. Sin embargo, este objetivo puede provocar daños colaterales: ante el encarecimiento del producto, parte de la demanda acabará en canales no regulados, o dicho de otra manera, aumentará el contrabando.

Precedentes en otros países europeos

La experiencia de varios países de la Unión Europea ilustra este fenómeno. En Francia, tras elevar el precio del paquete por encima de los 12 euros y aplicar el empaquetado genérico, el consumo de tabaco ilegal se ha situado en torno al 40% del total, con pérdidas fiscales superiores a los 9.400 millones de euros. En Países Bajos, las subidas del 24% en los cigarrillos y del 45% en el tabaco de liar se tradujeron en un aumento del mercado ilícito del 9,2% al 17,9% en apenas dos años.

En Bélgica, la prohibición de las bolsas de nicotina no ha eliminado su presencia en el mercado. Un año después de su entrada en vigor, estos productos continúan disponibles a través de canales informales, lo que refleja la persistencia de la demanda.

Fuera del ámbito europeo, Australia ha experimentado una evolución similar tras aplicar una regulación muy restrictiva sobre el vapeo. En 2024 se incautaron más de diez millones de dispositivos ilegales, en paralelo al crecimiento de redes organizadas vinculadas a este negocio.

Evolución reciente en España

España ha mantenido tradicionalmente una de las tasas más bajas de contrabando de tabaco en la Unión Europea, situada en torno al 2,8%. No obstante, los últimos datos reflejan un repunte tras las recientes subidas impositivas. El comercio ilícito genera ya pérdidas anuales estimadas en 879 millones de euros para las arcas públicas.

La aplicación conjunta de la TED y la TPD podría intensificar estas dinámicas. El encarecimiento de los productos y la reducción de alternativas legales pueden actuar como factores de atracción para las redes ilegales, que suelen adaptarse con rapidez a los cambios regulatorios.

En este contexto, las autoridades españolas han comenzado a investigar nuevas formas de contrabando, como el uso de drones para introducir tabaco en zonas sensibles como el Campo de Gibraltar, lo que evidencia una creciente sofisticación de estos grupos.

A ello se suma el posible incremento de productos falsificados procedentes de Asia, especialmente vapeadores y bolsas de nicotina sin control sanitario ni fiscal, destinados a cubrir una demanda no atendida por el mercado legal.

Un mercado ilícito cada vez más estructurado

El crecimiento del contrabando no solo tiene impacto económico. En algunos países, como Australia, el auge del mercado negro ha ido acompañado de episodios de violencia y extorsión vinculados al control de la distribución ilegal. En los últimos meses se han registrado decenas de ataques contra establecimientos relacionados con este comercio.

En Reino Unido, las incautaciones de productos con nicotina se duplicaron en un año, pasando de 3.914 a 8.306 actuaciones entre 2023 y 2025, lo que confirma una tendencia al alza en el mercado ilícito.

Estos datos refuerzan la preocupación de que una regulación excesivamente restrictiva pueda favorecer el fortalecimiento de estructuras criminales en detrimento del comercio legal.

El equilibrio entre fiscalidad, salud y control

Las instituciones europeas insisten en que la prioridad de la nueva regulación es reducir el consumo y proteger a los ciudadanos. No obstante, distintos analistas subrayan la necesidad de acompañar estas medidas de políticas eficaces de control y vigilancia para evitar efectos no deseados.

Fuentes del sector señalan que cuando el precio se incrementa de forma brusca y se reducen las vías legales, el mercado ilícito tiende a ocupar parte del espacio, con productos sin garantías sanitarias ni fiscales.

A menos de dos años de la entrada en vigor de la reforma, el debate sigue abierto. El principal reto para la Unión Europea y para los Estados miembros será compatibilizar los objetivos de salud pública y armonización fiscal con una estrategia eficaz contra el contrabando, evitando que una política orientada a reducir el consumo termine reforzando la economía sumergida.