La Administración Pública española es uno de los sectores más envejecidos a nivel laboral, por encima del sector privado. Prueba de ello es que apenas un 7% de los trabajadores del sector público son menores de 30 años, mientras que el grueso de la actividad aumenta a partir de los 40 años, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), relativa a los datos del último trimestre de 2019.
La consecuencia más clara de esto es que la Administración debe rejuvenecerse con nuevas convocatorias de oposiciones, después de haber aprobado la subida del sueldo a los funcionarios. Es más, tendrá que hacerlo si se cumplen las previsiones de jubilación de la próxima década.
Según las cifras de la última EPA, 925.000 funcionarios podrían jubilarse en la próxima década ya que los más jóvenes tienen actualmente 55 años. Así, en 2030, los nacidos en 1964 alcanzarían la edad legal de jubilación, siempre que tengan cotizados los años suficientes para jubilarse, y podrían dejar paso a nuevos trabajadores en las administraciones.
Este porcentaje supone el 28,4% del total de los 3,25 millones de funcionarios que trabajan a día de hoy en España. Es decir, casi un tercio de los funcionarios actuales podrán jubilarse desde este año hasta el 2030.
En los próximos cinco años se jubilarán el 10,5% de los funcionarios
Diez años puede parecer una meta a largo plazo pero los datos son incluso más preocupantes a corto plazo. En los próximos cinco años, 341.500 empleados del Estado alcanzarán su edad legal de jubilación ya que actualmente tienen 60 años, es decir, un 10,5% de los funcionarios se jubilará en el próximo lustro.
El envejecimiento de los funcionarios se debe en gran parte a que en los años 80 y 90 miles de jóvenes se incorporaron a la Administración Pública para desarrollar el Estado de las autonomías y promover la mejora del bienestar social, según un informe de Adams Formación.
Además, durante la crisis económica los puestos públicos no solo sufrieron recortes, sino que se dejaron de cubrir en el momento de las jubilaciones. En otras palabras, el Gobierno congeló las oposiciones para los funcionarios y dejó de convocar ofertas de empleo público durante los años de la crisis económica.
De hecho, seis años después del estallido de la crisis no se ha logrado volver a los niveles precrisis de 2011, con más de 3,3 millones de empleados públicos.
Por su parte, los sindicatos también piden acelerar las convocatorias de oposiciones, así como impulsar un plan integral de recursos humanos orientado a crear nuevos empleos, rejuvenecer la plantilla y eliminar desigualdades. Si esto no ocurre, la Administración podría tener problemas para cubrir sus puestos de trabajo.