La prórroga de los contratos de alquiler puede suponer un importante alivio económico para millones de personas en España, en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y las crecientes dificultades para acceder a un alquiler asequible. Según los cálculos elaborados por el Ministerio de Consumo, cerca de dos millones de hogares podrían beneficiarse de esta medida, con un ahorro mediano estimado de 4.341 euros por hogar durante el conjunto de la prórroga. Esta cantidad refleja la diferencia entre mantener las condiciones del contrato actual y tener que afrontar uno nuevo a los precios del mercado inmobiliario.
La medida está incluida en uno de los reales decretos-ley de vivienda que este jueves, 12 de noviembre, se someten a votación en la Diputación Permanente del Congreso. El texto contempla la prórroga obligatoria, en los términos previstos por la norma, de los contratos de alquiler que venzan antes de 2029, hasta el 31 de diciembre de 2028, con el objetivo de ofrecer mayor estabilidad a los inquilinos y evitar que tengan que asumir las subidas de precios asociadas a la firma de nuevos contratos.
Según las estimaciones del Ministerio de Consumo, 1.895.676 contratos podrían acogerse a esta prórroga, lo que se traduciría en cerca de cinco millones de personas potencialmente beneficiadas.
Un ahorro que supera los 10.000 euros en algunas provincias
El impacto económico de la prórroga no sería igual en todo el territorio. Los cálculos del Ministerio de Consumo muestran diferencias significativas entre provincias, en función de la evolución de los precios del alquiler y de las características de los contratos.
Málaga encabeza las estimaciones de ahorro, con 10.625 euros por hogar durante el conjunto de la prórroga. Le siguen las Islas Baleares, donde el ahorro mediano se sitúa en 10.090 euros, y la Comunidad de Madrid, con 9.152 euros.
En la Comunitat Valenciana también se observan diferencias importantes. Los hogares de Valencia podrían ahorrar 8.436 euros, frente a los 7.186 euros de Alicante y los 3.890 euros de Castellón.
En Andalucía, las diferencias provinciales son especialmente pronunciadas. Mientras que en Málaga el ahorro estimado supera los 10.600 euros, en Córdoba se sitúa en 2.044 euros. En Cádiz alcanza los 4.137 euros; en Huelva, los 3.295 euros; y en Sevilla, los 3.055 euros.
Las estimaciones también reflejan un ahorro considerable en otros territorios. En Santa Cruz de Tenerife se calcula en 7.596 euros, frente a los 4.128 euros de Las Palmas. En Castilla-La Mancha destacan Guadalajara, con 6.220 euros, y Toledo, con 5.292 euros. Por su parte, Segovia registra un ahorro estimado de 6.257 euros, mientras que Valladolid se sitúa en 3.745 euros.
El Ministerio no ofrece una estimación económica comparable para Cataluña, debido a que buena parte de su territorio está declarado zona de mercado residencial tensionado conforme a la Ley de Vivienda de 2023.
¿Cómo ha calculado el Ministerio de Consumo el ahorro?
Las cifras proceden de una microsimulación elaborada a partir del Panel de Hogares del IRPF, desarrollado por el Instituto de Estudios Fiscales y la Agencia Tributaria. Esta fuente recoge una muestra de los alquileres declarados por arrendadores particulares en territorio fiscal común, con información disponible hasta 2023.
Para calcular el ahorro, el Ministerio ha comparado el precio que pagaría un inquilino manteniendo su contrato durante los dos años de prórroga con el que tendría que asumir si firmara uno nuevo. En este segundo escenario se utilizan las variaciones de los precios de oferta de Idealista en cada provincia, mientras que para los contratos prorrogados se tienen en cuenta las actualizaciones y los límites legales.
El cálculo parte del supuesto de que todos los inquilinos con derecho a acogerse a la medida solicitan la prórroga. Por tanto, los 4.341 euros representan el ahorro mediano potencial durante el conjunto de ese periodo, y no una cantidad garantizada para todos los hogares.
Además del efecto económico, la medida pretende proporcionar estabilidad a quienes viven de alquiler, al permitirles mantener sus contratos durante más tiempo sin tener que enfrentarse a las condiciones de un nuevo arrendamiento.
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