Una de las metas que se marcó el Gobierno central antes del parón del verano era la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una reunión entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica. Sin embargo, ante el rechazo del fondo y la forma por parte de los gobiernos territoriales del Partido Popular, la cita ha terminado por posponerse al próximo 4 de septiembre.
El departamento dirigido por Arcadi España ha decidido posponer el encuentro económico tras aceptar la petición de aplazamiento solicitada por las comunidades autónomas gobernadas por los populares: “Esta misma tarde, comunicaremos que el Consejo de Política Fiscal y Financiera que abordará la reforma del nuevo modelo se celebrará el próximo viernes 4 de septiembre”, han avanzado este martes fuentes de Hacienda.
Han lamentado en este sentido que hayan trascendido meses en los que la vía de diálogo permanecía abierta para abordar esta reforma, tanto que el pasado mes de junio Hacienda emplazó a todos los territorios a mantener reuniones de carácter técnico para analizar con detalle el nuevo modelo.
Por ello, más aún cuando esta mañana del martes se ha confirmado el voto favorable del Gobierno de Canarias, a manos de Fernando Clavijo, otras autonomías hayan reclamado posponer la celebración del Consejo pese a que la fecha era conocida desde hace un mes. En cualquier caso, el Ministerio de Hacienda ha recalcado que nunca cerrará la puerta al diálogo y recoge la petición de las comunidades autónomas que han solicitado posponer el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Por su parte, el propio ministro España ha expresado que el cambio de fecha también es reflejo de la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez por continuar las negociaciones, confiando en que sea en esta próxima ocasión cuando las comunidades del PP antepongan los intereses de sus ciudadanos a “los dictados de Génova”. Al tiempo, ha recordado que la reforma propuesta por Moncloa permitirá a todos los territorios de disponer de 20.975 millones de euros adicionales para fortalecer el Estado de Bienestar y, por tanto, mejorar los servicios públicos.
El rechazo del PP y la carta a Hacienda
En palabras de la vicesecretaria de Regeneración Institucional de Génova, Cuca Gamarra, este lunes, el principal partido de la oposición ha venido defendiendo un modelo de “equidad y justicia” para todos los territorios, considerando que el construido en Moncloa no cumple. En este sentido, han defendido que no deben primar “los intereses políticos del presidente del Gobierno para garantizarse los apoyos” en su elaboración, sino “que todos los españoles sean iguales, vivan donde vivan”.
Sumado a ellos, las comunidades del PP enviaron una carta conjunta al titular de Hacienda en la que reclamaban postergar la cita, al menos, hasta septiembre y siempre y cuando se concurra “en las condiciones mínimas de información y de plazo”, pese a que en los últimos días se les envió un nuevo borrador del acuerdo provisional, las actas de reuniones y unos primeros cálculos sobre el impacto de las nuevas cuantías para cada autonomía. A ojos del PP, el Ministerio no ha facilitado “simulaciones completas y homogéneas” del sistema en su conjunto, lo que dificulta el hecho de formarse “un juicio fundado” sobre la reforma.
De la misma manera, los gobiernos populares situaron el acento en la reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) celebrado el pasado 14 de julio, donde presentaron multitud de observaciones sobre elementos estructurales, afeando que la documentación completa les fue facilitada la pasada semana, con escaso margen de respuesta.
Por otro lado, las comunidades del PP también han puesto en duda la oportunidad de abordar una reforma estructural del sistema de financiación en un contexto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En su opinión, acometer una reforma de esta magnitud sin un marco presupuestario estatal consolidado ni unos objetivos de estabilidad vigentes resta seguridad jurídica y rigor al proceso, teniendo en cuenta que hace escasos días atrás votaron en contra de la senda de déficit en el Congreso de los Diputados junto a Vox y Junts.
Otra de las críticas de calado a ojos del PP vino por el “pacto bilateral” con ERC que se alcanzó en enero. Un modelo acordado “con una sola parte y a espaldas de todas las demás” por lo que suscriben que no se puede votar con rapidez.
Pese a estas discrepancias, las autonomías populares coinciden en reformar el actual sistema de financiación al llevar vigente 16 años y, por ende, en aras de adecuarlo a las necesidades de gasto actuales de los territorios y a la evolución de los factores que condicionan las nuevas realidades.
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