La financiación del genocidio que Israel está desarrollando en Palestina va mucho más allá de la compraventa de armas. Fondos como el estadounidense Kohlberg Kravis Roberts (KKR) tienen participación directa en compañías de ciberseguridad israelíes y en la ocupación inmobiliaria sobre territorios palestinos, como Cisjordania, aunque intente maquillarse con su participación en eventos culturales. Es más, los propios festivales musicales españoles han sufrido un boicot y fuga de artistas al desvelarse qua este fondo está detrás del capital. Sin embargo, el Gobierno mantiene su relación con el fondo y no desvela si la mantendrá a futuro.
El Ejecutivo paga millones de euros a KKR por administrar y gestionar más de 15.000 millones de euros en activos públicos de la Sareb, conocido como el banco malo. En torno a 90 millones de euros anuales en comisiones a través del contrato que cede la gestión de la vivienda que está en manos de la empresa controlada por el Estado. “Millones de euros que financian armamento israelí y ocupaciones contrarias al Derecho Internacional”, denuncian el Sindicato de Inquilinos y Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) a Israel.
La Sareb depende del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se hizo en 2022 con el control del banco malo a través de la posesión de más del 50% de su capital, y este, a su vez, está supeditado al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. ElPlural.com se ha puesto en contacto con la cartera liderada por Carlos Cuerpo, pero esta evita pronunciarse y desvía el foco a la FROB y la Sareb. Desde el banco malo se niegan a responder a las preguntas de este periódico.
Financiamos el genocidio palestino a través de la vivienda pública
Una gran parte de los activos públicos de la Sareb pasarán pronto a manos de la nueva empresa pública de vivienda, la entidad pública estatal de suelo (Sepes), que ha confirmado que no subrogará estos contratos. Así lo confirmaba este miércoles durante la Comisión de Vivienda la directora general de Sepes, Leire Iglesias, que asegura que buscarán sus propios administradores y que sus contratos "no serán interesantes" para fondos buitre.
No obstante, Sareb no se va a disolver y se quedará con "los activos residenciales que no cumplan con los requisitos para ser transferidos", los cuales seguirán estando gestionados por terceros. El contrato con KKR finaliza en agosto y desde Sareb y Economía no aclaran si aprobaran una prórroga.
No renovación del contrato
Formaciones políticas como Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu ya han exigido al Gobierno que no renueve el contrato y ahora el Sindicato de Inquilinos y BDS inciden al señalar al Estado como “cómplice del genocidio en Palestina”. “A través de este tipo de acuerdos”, sostienen ambas organizaciones sociales, “se canalizan fondos públicos hacia intereses empresariales que colaboran directamente con el régimen de ocupación israelí”. Y es que el entramado empresarial con el que se financian regímenes como el israelí va mucho más allá de las propias empresas armamentísticas.
Pretender hacer creer lo contrario es tratar a la población como estúpida y colaborar con intereses israelís de forma velada. Con el caso ruso sucede lo mismo y los países europeos, incluido España, no dudaron en cargar contra la oligarquía y suspender relaciones comerciales que iban mucho más allá del materia armamentístico, llegando incluso a los ámbitos deportivos y culturales. Sin embargo, detrás del apartheid que está sufriendo la población palestina hay mucho negocio para occidente y el posicionamiento estadounidense del lado genocida engarrota a Europa.
No obstante, esto ni justifica la realidad ni la hace menos dura para la población palestina. “Financiamos el genocidio palestino a través de la vivienda pública”, denuncian las organizaciones sociales, que instan al Ejecutivo a seguir los pasos de decenas de artistas que se han desvinculado de los festivales relacionados con KKR. “El boicot funciona, pero debemos seguir presionando y movilizándonos para acabar con todo vínculo de nuestro Gobierno con el sionismo”, exigen, reclamando que el contrato no se renueve bajo ningún concepto.
“Si lo renueva, KKR seguirá embolsándose hasta 90 millones de euros en comisiones. Si lo corta, le arranca su mayor fuente de ingresos estatales en España”, exponen la disyuntiva. Además, recuerdan también que KKR es un fondo buitre, al igual que Blackstone, que también tiene contrato con la Sareb, que contribuye al desmantelamiento de la vivienda pública y destroza los barrios. “No queremos ni un euro de nuestros impuestos para financiar el genocidio ni los fondos buitre”, zanjan el Sindicato de Inquilinos y BDS.